A inicio del mes de agosto en reunión entre gobernadores y algunos integrantes del gabinete de la administración federal, el subsecretario de salud Hugo López-Gatell estipuló que la educación será considerada una actividad esencial, que no estará sujeta a restricciones, lo que implica que el gobierno modifique el semáforo de riesgo epidemiológico para que las clases presenciales sean consideradas como actividades esenciales. En los hechos, aunque haya estados que pasen a semáforo rojo por aumentos de contagio de covid-19, de aquí al 30 de agosto que es la fecha oficial del regreso a clases, éste no podrá suspenderse y se ve sintetizado en la frase del presidente de la república que enunció el 24 de julio en su gira por Veracruz: “llueve, truene o relampaguee habrá clases presenciales”.
La situación mencionada contradice lo que en meses pasados la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que el regreso a clases dependería de tres condiciones: Primera, cuando la entidad en la que se decrete el regreso a clases esté en semáforo epidemiológico verde; segunda cuando, el personal educativo esté vacunado y, tercera, que el regreso a clases sería voluntario, que se decidiría en conjunto con los padres de familia y autoridades estatales. Si nos vamos al análisis de estas tres condiciones podemos darnos cuenta que ninguna está satisfecha. En el caso de la semaforización sólo un estado está en color verde, Chiapas; el asunto de la vacunación no anda bien, no se ha vacunado al 100% del personal educativo en nuestro país y es la hora en la que no se ha tomado en cuenta la opinión de los padres de familia para el regreso a clases, por parte de la SEP. Según una encuesta realizada por El Financiero en julio de este año sólo el 36% de los padres de familia entrevistados dice estar de acuerdo con el regreso a clases presenciales, esto evidencia que la decisión final del retorno a clases fue tomada únicamente entre autoridades gubernamentales y educativas.
Para muchos de nosotros resulta un dislate que no se tome en cuenta el riesgo que corre la integridad de la salud de nuestros niños y jóvenes. En días pasados México registró la cifra más alta de contagios, hasta ahora, con 28 mil 953 casos de covid-19 en tan sólo 24 horas. Aunado a esto nuestro país sigue siendo el cuarto país con mayor número de muertes de esta pandemia a nivel mundial, después de India y Brasil. Y como si las desgracias no fueran suficientes, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y adolescentes (SIPINNA) declaró que en nuestro país se han registrado poco más de 60,928 casos positivos de covid-19 en menores de 18 años, 35,020 en adolescentes, 14,526 en niños y 11,382 en niños de la “primera infancia” que abarca de los cero a los 8 años de edad. Dicho organismo, para el estado de Puebla, declaró el 8 de agosto que se han dado 2 mil 112 contagios en menores de 18 años con 42 decesos, reflejando así una letalidad del 1.8 por ciento.
Es evidente que la niñez y juventud mexicana corren un peligro real y muy alto de contraer la terrible enfermedad y que la alternativa más eficaz para salvaguardar su salud sería en primer lugar, la aplicación de vacunas, y en segundo lugar la ejecución de un plan serio que garantice un retorno seguro a clases que contemple el apoyo por parte del gobierno con insumos sanitarios, material de mantenimiento y rehabilitación de los espacios educativos.
Mientras en países como Brasil se han iniciado las vacunaciones en la población de 12 años en adelante y en China la vacunación de los niños a partir de los tres años, en nuestro país la opción de la vacunación de los jóvenes en educación escolar no es una prioridad; el zar de la salud, López-Gatell, como suele hacer mal enunciando la ciencia, dice que “no hay evidencia científica que demuestre que el uso de cubrebocas comunitario fuera útil para hacerle frente a la epidemia causada por el SARS-CoV-2”, ahora afirma que “no existe evidencia científica que sugiera o indique que es imprescindible o necesaria la vacunación para que estén protegidos los jóvenes menores de edad”. Ésta es la respuesta de las autoridades a los padres de familia y maestros, una interpretación absurda de la ciencia y un profundo silencio a las necesidades más urgentes en materia de salud.
Para el regreso a clases, la CNDH llamó a las autoridades del sistema educativo nacional para que garanticen un regreso a clases seguro, dijo que mínimamente deben contemplarse elementos como la vacunación del personal educativo, la sana distancia, controles de temperatura, uso de gel antibacterial, cubrebocas, jabón, contar con un área específica para atender a alumnos con síntomas, sanitización frecuente de las aulas, abastecimiento de agua potable para el lavado de manos. Sin embargo, nada menciona sobre la importancia del apoyo y participación de las autoridades gubernamentales para garantizar el regreso seguro de la comunidad escolar. Su llamado se queda en el discurso.
Por su parte la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a México que la apertura de clases debe realizarse analizando la intensidad del contagio en el lugar donde se encuentren los centros educativos, así como el lugar de residencia de los estudiantes, los medios de transporte que debe tomar para llegar a la escuela y regresar a casa, pues representa foco de infección, y añadió que el regreso a clases no puede ser generalizado, debe valorarse la situación local de contagios, la disponibilidad de los centros de salud, así como las condiciones propias de los centros educativos.
Ante este cuadro, los padres de familia se encuentran en una encrucijada por la sobrevivencia de sus hijos, optan por la educación a distancia resignándose a la calidad en la que han sido atendidos -no por falta de compromiso u atención de los maestros, sino porque las condiciones con las que éstos cuentan en casa no son las adecuadas-, o el camino de mandar a sus hijos a la escuela arriesgando la integridad de su salud y por lo tanto su vida.
La prisa por el retorno a clases no es el rezago de los estudiantes ni la falsa y simulada preocupación de las autoridades por el bienestar de la juventud, esta radica en la urgencia de mano de obra calificada que demandan los grandes monopolios que rigen el mundo entero, por ello de la noche a la mañana el gobierno convirtió la educación en actividad esencial, evade su intervención para dotar de todo lo necesario a las escuelas y no conforme con que los trabajadores generan la riqueza del país, ahora quieren reactivar la economía a costa de la vida de los hijos del pueblo.
Urge entonces generar una gran fuerza, respaldemos la lucha que el Antorcha Magisterial y la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” han encabezado por vacunas y mantenimiento para las escuelas, defendamos juntos los derechos no solo de los ciudadanos sino de nuestros hijos y de nuestra patria, muchos somos los golpeados por el actual gobierno y es alto el precio que hemos pagado por sus desaciertos y es la clase trabajadora de este país, aquellos que no son dueños de los medios de producción y que no tienen más que su fuerza de trabajo para hacerle frente a sus necesidades, integrada por una buena parte de trabajadores del estado, obreros, comerciantes, campesinos y amas de casa, quienes siguen aportando la cuota de muertes y quienes seguirán teniendo perdidas familiares. Entre nuestras filas ya hay hijos huérfanos y se agregan los padres que han tenido la irremediable pérdida de un hijo, no debemos permitir que en su posición de mandatarios pongan en riesgo la integridad de la niñez y la juventud mexicana.
Alcemos la voz y sumémonos a la defensa de los derechos de nuestra juventud de lo que todos llamamos el futuro del país, de ésa en la que todos tenemos puestas las esperanzas. Ayudémosles y contribuyamos a que logren un país mejor.
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