Meses atrás, el Congreso de la Unión aprobó reformas al Poder Judicial de la Federación para extender dos años la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin que a él se le tomara en cuenta. En sus propias palabras: “no lo propuse, no lo decidí, la corte puede acordar que es un precepto inconstitucional”.
Este viernes, cuando todo mundo creía que ya estaba resuelto el problema de la ampliación de mandato, como lo reseñaron los medios, Arturo Zaldívar dice: “concluiré mi mandato como presidente de la SCJN el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo…”, o sea, se trata de un buen ciudadano que se define como un demócrata, un republicano convencido y rechaza, en estos términos, la prórroga de su mandato acordada por el Legislativo. Se entiende que, por las razones que expuso, Zaldívar no acepta seguir por dos años más en el puesto, porque es un partidario de la división de poderes. Lo cierto es que, su renuncia y determinación, dignifican al Poder Judicial y al gremio que representa.
Como antecedente previo tenemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el pasado miércoles 4 de agosto destituyó de su cargo como presidente del organismo a José Luis Vargas Valdez y nombró en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón. Vargas Valdez no debió haber llegado a la función de presidente de dicho tribunal; al parecer, éste no rechaza la resolución mencionada, acepta no quedarse con el puesto, y reconoce al nuevo presidente. El actuar del Tribunal Electoral antepone a cualquier ambición personal el bien del país, el bien de la justicia electoral y de la justicia en general.
Ejemplos como estos, hacen falta para oxigenar los demás ámbitos de la vida política porque, en efecto, ningún hombre libre y con cabeza propia, ejercitado por toda una carrera de servicio en la impartición de justicia, puede ni debe ser sometido a otra voluntad a cambio de sobornos, aún cuando se disfracen “elegantemente” como “prórroga de mandato”, como lo pretendieron los diputados morenistas y el presidente Andrés.
Por su reacción en la mañanera, se vio a las claras cómo, el presidente López Obrador, enfurecido, descalificó como corruptos a los magistrados del TEPJF y al presidente de la Corte; estaba fuera de sus cabales por la respuesta de los juristas. Ya se verá cómo después caerá sobre estos la “verdadera” justicia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto, pues así se las gastan la 4T y el peje presidente. La descalificación es su método.
Es claro pues, que nuestro egócrata gobernante, no quiere convivir con otros poderes, sino que, por la vía más común, pretendió “someter” al poder judicial federal a través de la prórroga que, en caso de haberse dado, al final solo habría servido para acusar de más corrupción a su presidente, a todo el Poder Judicial y al gremio jurídico.
En consecuencia, lo que viene haciendo el presidente Andrés Manuel son ataques directos a la democracia, a la Constitución y a los principios legales que rigen la vida institucional en nuestro país, al violentar de esta manera la división de poderes, la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, ante lo cual solo queda la educación revolucionaria y consciente de las masas, hoy más empobrecidas que nunca, y de sus líderes, para luchar contra los afanes dictatoriales y detenerlos. No queda otro camino.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario