Hoy se cumple un mes desde que el presidente López Obrador puso un ultimátum a su gabinete de salud para que resolviera el problema del desabasto de medicamentos. Reunido con todo su gabinete en la ciudad de Colima, dijo: “ya no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos. Atención médica y medicamentos gratuitos y no cuadro básico, todos los medicamentos. Hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusas.” Y señaló que tales palabras iban dirigidas al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, así como al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer.
Después de tres años de escuchar sus promesas y de ver que los resultados chocan con la realidad, era difícil creer que el golpe sobre la mesa que dio en Colima realmente fuera a dar resultados. Y, en efecto, así sucedió. Ni a Juan Ferrer ni a Jorge Alcocer les ha quitado el sueño el hecho de que siga el desabasto de medicamentos en el sector público de salud. Quizá por eso, además de que según el propio presidente, la logística para la distribución de las vacunas contra el Covid-19 se diseñó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a pocos días de cumplirse un mes de su ultimátum, ordenó que la distribuidora de vacunas y medicamentos del gobierno, el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), quedara en manos de un militar, el general Jens Pedro Lohmann Iturburu. Días antes de este nombramiento, comparando esta nueva encomienda a un miembro del Ejército mexicano con la que hacen las empresas de comida chatarra, refrescos y agua embotellada, López Obrador aseveró que “así como llegan algunas mercancías… hasta las comunidades más apartadas, así queremos que lleguen los medicamentos, es un desafío y nosotros estamos acostumbrados a eso.” (Forbes, 23 de noviembre de 2021).
En opinión del periodista Mario Maldonado, en su columna del 8 de diciembre en El Universal, “el cambio de estafeta que ordenó el Presidente en Birmex…, no parece que vaya a resolver el problema del desabasto de medicinas que hay en el país, toda vez que la estructura fallida e ineficiente se mantiene y lo único que se modifica es el mando militar…” Para el próximo año Birmex tiene asignado un presupuesto de 7 mil 998 millones de pesos, cantidad que es insuficiente para el reparto de medicamentos y vacunas que requieren los centros de salud y hospitales públicos, por lo que es necesario que participe también capital privado. Sí, leyó usted bien, amigo lector, capital privado. Como recordamos, el presidente López Obrador tachó de “mafia” a un puñado de empresas privadas que controlaban, precisamente, la distribución de fármacos y, según se informó en su momento, en aras del combate a la corrupción ya no se tendría trato con ellas. Pero ahora resulta que después de muchos meses de desabasto, que en buena medida fue originado por esa decisión y que hasta el momento ha cobrado la vida de cientos de mexicanos por enfermedades distintas al Covid-19, aparecen junto a Birmex dos empresas privadas, Médica Farma Arcar, S.A. de C.V. y Vantage Servicios Integrales de Salud, S. A. de C. V. Se dice que este duopolio privado repartirá un total de 2 mil millones de piezas de medicamentos, cuyo valor asciende a 100 mil millones de pesos, dejándoles una ganancia de entre el 5 y el 10 por ciento del valor total del producto que distribuyen.
De ahí que bien atina el señor Maldonado cuando señala que “La ‘mafia’ en la distribución de medicamentos que denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha terminado y, peor aún, ahora está incrustada en su administración. El problema adicional es que es inoperante, a pesar de que sigue contando con multimillonarios recursos que controlarán las Fuerzas Armadas y dos empresas privadas beneficiarias.” Llama la atención que a nuestras Fuerzas Armadas se les sigan sumando tareas y recursos, pues como bien sabemos su tarea consiste esencialmente en garantizar la soberanía, la integridad territorial, la independencia y seguridad interior del país, tarea que no tiene nada que ver con las que el presidente de la república les ha venido asignado y que evidentemente las distrae de esa encomienda esencial.
Cada vez somos más los mexicanos que necesitamos tratamientos médicos y que estamos hartos de salir de las clínicas y hospitales del sector salud con las manos vacías, sin los medicamentos prescritos para curarnos, pues para muchos eso significa una segura condena de muerte. De acuerdo con datos del Inegi, comparando el año 2019 con el 2020, por enfermedades del corazón falleció 40 por ciento más de personas, y por diabetes 44 por ciento más. No olvidemos que el presidente López Obrador primero centralizó la compra de medicamentos en la Secretaría de Hacienda, y para su distribución -como quedó dicho más arriba- canceló el esquema existente que concentraban una cuantas empresas. Luego cerró los laboratorios Pisa, el mayor fabricante de medicamentos oncológicos de México, después le encargó la adquisición de medicamentos para este año a la UNOPS (una agencia de Naciones Unidas especializada en logística), acción que falló debido a varios retrasos en la licitación, originando que un 49 por ciento de los medicamentos se quedara sin adjudicar, entre ellos, varias quimioterapias esenciales. Por todo ello, es válido preguntar ¿ahora sí va en serio la distribución de medicamentos?
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