Hidalgo.- Al menos 25 familias de la comunidad de La Hacienda, en la zona norte del municipio serrano de Huehuetla, corren el riesgo de ser desalojadas de sus viviendas, pues recientemente apareció un supuesto propietario de nombre Moisés Velasco Monroy, quien afirma haber adquirido la propiedad, parte de la cual han habitado las familias por varias generaciones. Pese a que el alcalde Ruperto Manilla Vigueras conoce la situación de riesgo en que se hallan dichas familias, su intervención ha sido nula, lo que hace hace pensar a los afectados que el funcionario pudiera estar confabulado con el supuesto propietario.
Estanislao López López, responsable del trabajo político del Movimiento Antorchista en la región Otomí -Tepehua, indicó que el predio en disputa fue una donación del propietario anterior, mismo que habitan las 25 familias desde por lo menos 50 años. Agregó que las familias afectadas cuentan con una resolución favorable, emitida por los magistrados de la Primera Sala Civil y familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado con fecha 05 de diciembre del 2013.
"Con base en esta resolución emitida por la autoridad competente, los afectados han acudido en varias ocasiones a la Presidencia Municipal, solicitando la intervención del munícipe. Sin embargo, el funcionario, en los hechos, se ha negado a actuar en beneficio de estas familias; además de la amenaza de desalojo que pende sobre las familias, el supuesto propietario les impide el libre tránsito al cercar la zona, poniendo candados en las entradas de los potreros e impidiendo que los habitantes de la comunidad circulen libremente", refirió el líder regional.
Comentó que ha sido mucha la insistencia ante la presidencia y que simplemente ésta no interviene, lo que hace pensar a los afectados que el funcionario se confabula con quien hoy se dice propietario de los terrenos donde tienen asentados sus domicilios los campesinos de esa comunidad.
En próximos días, los agraviados acudirán nuevamente a la alcaldía para exigir intervención, de no encontrar eco a su petición ante la autoridad municipal, los afectados se verán obligados a solicitar la intervención de la Secretaría General de Gobierno del Estado.
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