La reforma eléctrica que pretende echar a andar el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido calificada como un error por organizaciones ambientalistas, legisladores y agrupaciones empresariales. El pasado jueves, López Obrador envió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional para establecer que la Comisión Federal de Electricidad comprenda el 54 por ciento del mercado de generación en el país, regule contratos con empresas privadas y elimine a los reguladores autónomos.
El lunes, el mandatario advirtió que haría todo lo posible para presionar a los legisladores de oposición para que cedan a la reforma y expondría a los disidentes.
Por otra parte, el regreso al monopolio estatal conlleva el riesgo de encarecer la energía eléctrica para el usuario final. Los términos contenidos en la propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico causarían un daño de largo plazo a los hogares mexicanos, las distintas industrias y a la competitividad del país, aseguró la Asociación Mexicana de Energía (AME).
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO) aseguró que “esta iniciativa eleva los costos de la energía eléctrica y limita las libertades de los ciudadanos, daña el medio ambiente al apostar por los combustibles fósiles y desincentiva las inversiones al cancelar los permisos de generación privados de forma retroactiva”.
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