No debemos perder de vista que, pese a tantos desastres ocurridos en el país, Morena insiste en prolongar su permanencia en el gobierno. López Obrador y sus socios proyectaron una ruta que les garantizará según sus planes, el triunfo en las elecciones de los procesos electorales de 2022 en que se elegirán las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; en 2023 las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, y en 2024 la elección presidencial, donde además se renovarán gubernaturas en nueve entidades: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Obviamente, el hilo conductor de este macabro plan es el proceso de Revocación de Mandato, instrumento constitucionalizado para la participación ciudadana que puede solicitar la conclusión anticipada del titular de la presidencia de la república por la pérdida de confianza, pero que en realidad no busca sustituir a López Obrador, sino empoderarlo. Si se quisiera someter a escrutinio el desempeño del presidente existen otros mecanismos de revisión, como los informes presidenciales en las Cámaras de Diputados y Senadores para sancionar la labor del presidente, o por incapacidad física y mental que le impida continuar gobernando, como pasó con Abdalá Bucarám, en Ecuador.
Ni tardos ni perezosos, abusando de la mayoría de los legisladores del partido del presidente, impusieron la Revocación de Mandato para mantener la idea entre los mexicanos que la 4T es la verdadera transformación en México, y que acudan a las urnas a depositar el voto a su favor. No les interesó a los diputados morenistas y sus rastrerillos tomar en cuenta los argumentos del INE, que dicho procedimiento equivalía a una elección presidencial. Aprobaron la Revocación de mandato, que ahora tramposamente denominan ratificación, que pretendían empatar con los procesos electorales en puerta para ayudar a los candidatos morenistas con el respaldo de AMLO.
La fecha establecida por el INE para el ejercicio de Revocación será en abril de 2022 para no empañar los procesos electorales vigentes, y se requiere la aprobación del 3% de ciudadanos inscritos en la lista nominal, más de 2 millones 700 mil firmas de al menos 17 entidades del país, para lo que se requiere de un gasto aproximado de 3 mil 830 millones de pesos. Para la captación de firmas se contará con la modalidad de App móvil y formato físico que deben ser remitidas a la Secretaría Ejecutiva o Juntas Locales para su revisión, del 1 de noviembre al 25 de diciembre del presente año.
Supervisado el procedimiento que inició el 22 de noviembre, el INE ha detectado nada más y nada menos que 51 mil firmas irregulares de un total de 351 mil 946 firmas de apoyo a la revocación de mandato (con todo y que la gente acude con gusto a firmar porque le dicen que es para sacar a López Obrador, y que los módulos de captación tramposamente son colocados cerca de dependencias encargadas de entregar apoyos gubernamentales), con un avance del 12 por ciento. Presentan inconsistencias 29 mil, de ellas, 12 mil son duplicadas, 4 mil fueron dadas de baja y 4 mil tienen datos no encontrados en la lista nominal.
Como se ve, los resultados de este procedimiento están cantados de antemano, López Obrador se quedará los tres años que le faltan para terminar su mandato y millones de pesos serán tirados a la basura, culpando al INE como regulador de los procesos electorales. Su descarada postura que le da el poder presidencial le ha dado resultado al criticar a todo el que se atreva a señalar sus fracasos, que son innumerables, amasando el presupuesto 2022 cuyo destino no es la economía, salud, educación, empleos, seguridad u obras para los mexicanos.
Lo ideal, obviamente, es que López Obrador se vaya, y ya, pero no debemos caer en la trampa morenista firmando “para hacerle el caldo gordo”. Exigir respeto a los derechos políticos de los ciudadanos es más digno que estirar la mano para recibir “limosna directa” de López Obrador.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario