Escándalo de mayúsculas proporciones y graves repercusiones es la venganza que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, pretende ejercer contra 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes busca fincarles responsabilidad penal por el presunto uso indebido de 240 millones de pesos que recibieron durante la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Y se preguntará: ¿por qué venganza? Pues resulta que Gertz Manero por años estuvo gestionando su nombramiento como nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, que siempre le fue negado con el argumento de que no reunía el perfil para obtenerlo, sin embargo el gobierno de las 4T se lo otorgó y la comunidad científica lo criticó severamente.
En el actuar del titular de la FGR, queda más que demostrado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador utiliza a personajes como Gertz Manero para ejercer persecución contra todos los que de alguna manera se atrevan a cuestionar, criticar o señalar errores del titular del gobierno de la 4T, por ello se convierten en el brazo represor y lamentablemente tienen todo el peso del Estado para hacerlo impunemente y sin temor a señalamientos a su oscuro actuar.
Asusta, que la comunidad científica hoy enfrente una persecución que puede llevar a la cárcel a 31 investigadores toda vez que la FGR ya ha solicitado, en dos ocasiones fallidas y va por la tercera, órdenes de aprehensión contra investigadores, académicos e incluso personal administrativo del Conacyt, a quienes acusa de “operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”.
Claro está que para que la FGR pueda proceder tiene que existir denuncia y esa la levantó María Elena Álvarez-Buylla, actual directora del Conacyt, que le ha dado libre y justificado actuar a Gertz Manero para cobrar la afrenta de, primero, habérsele negado su nombramiento nivel III y en segundo por haber sido criticado por lo que por tantos años buscó con desesperado anhelo.
Al gobierno de la 4T poco le importó el beneficiar a Gertz Manero con esa designación, que según la comunidad investigadora y científica está reservado para quienes han realizado contribuciones significativas en su campo de experiencia; los evaluadores del Consejo de Aprobación habían concluido que el ahora Fiscal no tenía los méritos suficientes y ahora pagan las consecuencias, con persecución y quizá con cárcel de lograr el Fiscal convencer a algún juez de obsequiar las órdenes de aprehensión.
Muchos consideran también que este caso realmente sólo es una cortina de humo para desviar la atención por la exigencia de la comunidad científica que asegura que la inversión federal en ciencia y tecnología no alcanza siquiera el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) planteado como objetivo en la Ley General de Educación (LGE); y que, incluso en años recientes, los presupuestos para el ramo han disminuido.
Según información del mismo gobierno federal, los fondos invertidos en ciencia y tecnología oscilaron entre el 0.2 y el 0.3 por ciento del PIB antes de 2014. Se registró un repunte entre 2014 y 2015, en el que la cifra ascendió a 1.5 por ciento; pero posteriormente se inició un marcado descenso en el presupuesto aprobado en 2019 y en el proyecto presentado por el Ejecutivo en 2020, en el que se registró un 0.8 por ciento del presupuesto federal (0.4 por ciento del PIB) destinado a la producción académica y científica, cantidad que se traduce en 49 mil 390 millones de pesos (mdp) mexicanos.
En este marco de reducciones presupuestales, el propio AMLO, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, y el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, han insistido en señalar públicamente a esos 31 científicos como responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, mediante el presunto mal uso de 100 mdp para proyectos de investigación; y 471 mdp destinados a gastos de operación entre 2002 y 2018.
Si proceden las acusaciones de la FGR descritas en la carpeta de investigación FEM/FEMDO/UEIORPJAM-CDMX/
Cabe destacar que entre las voces que se han opuesto a la persecución contra esos investigadores, está la del rector de la UNAM, Enrique Graue, que calificó como “un despropósito” y algo “inconcebible” la acusación de asociación delictuosa contra integrantes de la comunidad académica.
Es nuestro deseo, que la comunidad científica e investigadora de México no resulte lesionada y encarcelada por venganzas personales y que, por el contrario, el Gobierno federal encauce sus esfuerzos para impulsar y destinar los suficientes recursos en ciencia y tecnología, porque de verdad hace mucha falta.
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