De acuerdo con el reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México es uno de los países a nivel mundial con los salarios más estancados, y el año pasado México fue la única economía emergente del G20 que exhibió salarios reales promedio por debajo de su valor real en 2008.
La persistencia de la informalidad que afecta a más de la mitad de la población ocupada, la falta de empleo que se refleja en la insuficiencia laboral que enfrenta 23.6% de la fuerza laboral del país y los menores ingresos percibidos no sólo por trabajadores informales sino por la población ocupada por mujeres, generan mayor vulnerabilidad en los trabajadores del país.
Aunque nuestro país ha mostrado una tendencia de recuperación, por el aún bajo aumento en el salario mínimo, las remuneraciones en México aún se encuentran siete por ciento por debajo de su valor real de hace 15 años.
En 2021 con la 4T, un 40.3% de la población del país se encontró en pobreza laboral, esto debido a bajos ingresos laborales que fueron insuficientes en el hogar para cubrir el costo de una canasta alimentaria básica para cada uno de los miembros de la familia. El año terminó con 31.6 millones de trabajadores informales, es decir el 55.8% del total; los trabajadores sin acceso a derechos laborales, plenos, beneficios y prestaciones y condiciones adecuadas para trabajar.
Si hablamos de vivienda por el déficit que existe en los diferentes estados, es hablar de las malas políticas de la administración en la entidad, en Durango hay un rezago de alrededor de 500 mil viviendas, con falta de escrituras o títulos que acrediten la titularidad a sus propietarios.
Han sido varios los factores para que estas viviendas se construyeran sin un programa de urbanización, sustentadas no solo en la necesidad, sino que también los servicios tan indispensables como agua potable, drenaje, servicios como calles, educación, centros de recreación, entre otras.
Esta irregularidad, que está a la vista de todos, es una muestra de la falta de políticas concretas por parte de los tres órdenes de gobierno que no han hecho nada para remediar el daño, aunque en Durango ya han puesto en marcha un programa llamado “Marzo mes de la escritura social y popular”, para combatir este rezago. El programa consiste en un descuento en la escrituración, los costos van dependiendo de la ubicación, de cuantos metros es el área del terreno, pero se pagaba por una casa de interés social, del sector popular, cerca de 30 mil o hasta 40 mil pesos, el año pasado hubo escrituras que salieron en 10 mil o 12 mil pesos, y otras hasta en 8 mil pesos.
La política que el Movimiento Antorchista ha impulsado no es la de regalar viviendas, sino que es necesario un programa de vivienda popular y que estas viviendas sean vendidas a las familias que las ocupan, pero no a altos precios, sino a precios que un trabajador pueda pagar, es decir, a precios que estén al alcance de los obreros, amas de casa, comerciantes ambulantes.
Esa es la postura de Antorcha ante este gran problema, que se regularicen las viviendas y se beneficien los cientos de duranguenses que no tienen dónde vivir, que rentan y en ello se les va la vida. El llamado es a que la población pueda organizarse y darles certeza jurídica a sus propiedades, es muy importante que las familias de Durango cuenten con las escrituras de sus viviendas
Este programa debe ser impulsado por los tres órdenes de gobierno, tiene que enfocarse en la humanización no sólo de las dependencias de gobierno, sino que también en las grandes empresas inmobiliarias, para que se busque apoyar a las familias pobres.
Antorcha sigue creando una fuerza verdadera, porque solamente la organización será la fuerza social que pueda hacer esto posible, de lo contrario, todo seguirá patas para arriba.
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