El pasado lunes 4 de septiembre, cientos de antorchistas del estado marchamos a la ciudad de Xalapa y realizamos un mitin frente al Palacio de Gobierno en el que despacha Chuitláhuac García Jiménez. Y mientras redacto, estoy organizando la salida de mis compañeros del sur de Veracruz para asistir a dicha protesta, lo cual implica un fuerte desgaste económico y un gran esfuerzo físico: hay que desvelarse, malcomer, viajar y hemos tenido que cooperar (quitarnos la tortilla de la boca) para pagar el transporte y la comida durante nuestra jornada de lucha.
¿Por qué lo hacemos? ¿Queremos desestabilizar al gobierno o simplemente por ganas de causar molestias a la ciudadanía por interrumpir el tráfico? Se preguntarán, tal vez, algunos ciudadanos; mientras algunos medios y gente inescrupulosa afirmarán eso para descalificar nuestra lucha. Pero he aquí algunas razones de nuestra marcha.
A más de 5 años de los gobiernos federal y estatal morenista, que prometieron acabar con la corrupción y la pobreza, no se vislumbra que vayan a cumplir. En Veracruz sólo se ha incrementado la pobreza y la violencia, se institucionalizaron la persecución política y el desdén oficial y sobre todo, no hay acceso a obras ni servicios para las zonas más marginadas. He aquí algunos ejemplos:
Consciente de las necesidades médicas de nuestro pueblo, los antorchistas impulsamos la lucha por un hospital desde hace más de dos décadas, durante años se fue avanzando poco a poco y con la gestión de los diputados antorchistas, en 2018 ya se había logrado la construcción en obra negra del edificio principal, pero en 2019, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez detuvo el flujo del último recurso que los mencionados diputados habían logrado y se detuvo la construcción que hoy se deteriora día a día. Hasta ahora nunca se dio una explicación de por qué de ese atentado contra la salud de los indígenas popolucas. Hemos insistido durante estos años para que se reactive su construcción y se concluya, pero se ha ignorado toda petición al respecto.
A más de 5 años de los gobiernos federal y estatal morenista, que prometieron acabar con la corrupción y la pobreza, no se vislumbra que vayan a cumplir. En Veracruz sólo se ha incrementado la pobreza y la violencia, se institucionalizaron la persecución política y el desdén oficial y sobre todo, no hay acceso a obras ni servicios para las zonas más marginadas.
La Brecha del Maíz, una carretera lograda por etapas gracias a la lucha tenaz de los campesinos popolucas por conectar su municipio con la región de los Tuxtlas y que, igualmente, los antorchistas encabezamos para que se asfaltara hasta a unos escasos kilómetros antes de llegar al municipio de Catemaco, hoy está abandonada por gobierno estatal, aunque es evidente que el asfalto, los puentes y el alcantarillado de dicha vía necesitan reconstrucción y mantenimiento. Esta vía es de una importancia crucial para el desarrollo económico de toda la zona popoluca.
Sobre la carretera Soteapan-Acayucan, para la que solicitamos por varios años la rehabilitación general, hace unos meses anunciaron con bombo y platillo la reparación, pero al final sólo se destinaron recursos para un tramo de 4.3 kilómetros de los 28 que necesita y ni siquiera se atenderá la zona más deteriorada. Lo cual constituye una burla para los pobladores.
En la región, las redes de agua potable están deterioradas y son insuficientes porque la gente misma la ha tenido que ir construyéndola a falta de apoyo oficial; hay pueblos enteros sin drenaje; aún existen muchas calles y zonas sin electrificación o con la red y postes deteriorados a punto de colapsar que pone en peligro la vida de la gente.
Los campesinos están abandonados a su suerte con balaceras, secuestros y homicidios en los que antes eran pacíficos municipios indígenas. Faltan caminos saca cosechas, no hay incentivos para la producción agrícola y ganadera (semilla mejorada, fertilizantes y atención a los ganaderos no son prioridad para este gobierno), con lo que se genera escasez en la producción de alimentos y el aumento de migración. Mientras el gobierno estatal y sus funcionarios desvían recursos para las campañas políticas anticipadas.
¿Qué hacer ante esto? ¿Hay que callar para no incomodar al gobierno que tiene los recursos y está obligado a instrumentar medidas para mejorar la economía y el bienestar general? Los indígenas y el pueblo general de la zona sur de Veracruz no podemos permitir que nuestra salud, nuestros caminos, los servicios, la seguridad y nuestro trabajo sean menospreciados. Por eso exigimos al gobierno del estado, atienda lo que el pueblo necesita y paga con sus impuestos.
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