En todo el país nos estamos enfrentando en los planteles a un sinnúmero de robos porque no hay la vigilancia necesaria, ya que a partir de que empezó la pandemia de la covid-19, los delincuentes pueden entrar a las escuelas vacías, la vandalizan y sustraen materiales y herramientas de trabajo. Se trata de la comisión de actos violentos motivados por la obtención de alguna ganancia.
Para los colectivos escolares se impone el desafío de desplegar una respuesta pertinente para la que se cuenta con pocos antecedentes y poco apoyo oficial.
Durante el 2020 se registró en algunos lugares el mayor número de robos en las escuelas que fueron vandalizadas, derivado a la suspensión de clases en las instalaciones educativas a causa de la pandemia de la covid-19, ya que por orden del sistema de salud y para evitar una ola de contagios causados por esta enfermedad, las clases se están desplegando por televisión y, donde es posible, por videoconferencias.
Se supo que, en el estado de Chihuahua, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones está haciendo recorridos a 50 planteles de diferentes sectores de las localidades que van desde el kínder hasta preparatoria. Varios maestros y directivos de telesecundaria y telebachillerato, que son los subsistemas que se encargan de atender a la población escolar más vulnerable, son los que cargan sobre sus hombros los mayores perjuicios de este fenómeno delictivo.
Ante este problema, docentes y directivos unieron esfuerzos para llevar mejoras a sus planteles; elaboraron un pliego petitorio en donde se pedía el apoyo a las instituciones gubernamentales para que existiera más vigilancia en las mismas escuelas, pues han sido robadas, y la solicitud para reponer los materiales faltantes, así como para remozar las instituciones y que éstas queden en condiciones de operar cuando se aleje el peligro de la pandemia.
Pero ese esfuerzo no tuvo el éxito y la respuesta que se esperaba por parte del Secretaría de Educación y Deporte y de la SEP federal; dejaron mucho qué desear, por decir, lo menos. Por el contrario, mientras que en el gobierno del estado los funcionarios “se ofendieron” por la iniciativa de los profesores y directivos, y se negaron en redondo a apoyar en la restauración de las escuelas victimizadas, el Gobierno federal desapareció el presupuesto para las escuelas enfocadas a obras y mantenimiento, y ahora se concentra en un programa de dudoso funcionamiento que pone de manera autoritaria el bienestar físico de los planteles en manos de los padres de familia, y que se llama "La escuela es nuestra". Sin presupuesto suficiente, sin normas de funcionamiento y sin una estructura social de soporte, ¿cómo pretenden que funcione el dicho programa? El gobierno, así, simplemente se desentiende de los problemas, del mantenimiento y del funcionamiento material de las escuelas.
Son los mismos maestros los que piden el apoyo a los vecinos de las colonias para que reporten actos ilícitos o personas ajenas que ingresen a los planteles, con la finalidad de resguardar la seguridad, ya que en este período vacacional que viene, seguirán estando solas las escuelas. Ahora son los ciudadanos los que se están haciendo cargo de que las instituciones educativas estén listas y puedan cumplir con todo el protocolo de cuidados de salud para prevenir la enfermedad de la covid-19, en el eventual regreso a clases presenciales. Los ciudadanos a cargo, como siempre en la historia. Los de a pie, los desposeídos, toman en sus manos una vez más, el control en los casos de catástrofe. Como debe ser.
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