Es de sobra conocido en México y en Querétaro que el Movimiento Antorchista, desde su nacimiento, hace 48 años, ha sido con mucho la organización que, sin ser gobierno, con lucha y grandes esfuerzos, más beneficios ha logrado en favor de las clases más desprotegidas, como un ejercicio de justicia, procurando una más justa distribución de la riqueza producida por todos.
Nuestro trabajo está enmarcado por la Constitución Política de México, en los artículos octavo y noveno, que señalan que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve.
Además, que no se podrá? coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito, y no podrá? ser disuelta una asamblea o reunión para hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Sin embargo, aunque no es la única entidad, Querétaro se cuece aparte. Formalmente se habla de que la soberanía y el poder emana del pueblo, que el gobierno está para servir a la gente y garantizar la paz y el bienestar, que hay política de puertas abiertas, y que se mantiene el diálogo y respeto a la ley, es sólo en la forma, para proyectar la imagen de sensibilidad y respeto ante la ciudadanía inocente.
La realidad que se vive es otra. Quienes gobiernan tienen la idea de que el poder les pertenece y que el pueblo los debe respetar y temer en forma absoluta; que todo ejercicio del derecho de manifestación y de protesta es un acto de desafío, y que por tanto, lejos de tener que respetar y atender tal derecho, debe sofocar por los medios a que haya lugar.
Por razones ideológicas e intereses de quienes gobiernan, siempre se busca maniobrar y “matizar la ley” para aplicar la suya propia. Ejemplo: desde hace años un numeroso grupo de campesinos a quienes hasta la fecha se les ha negado el servicio de agua potable entubada en sus viviendas, decidió organizarse en el Movimiento Antorchista queretano y reiniciar las gestiones ante la CEA, ya que a pesar de que desde 2006 les prometieron obras de electrificación, caminos, escuelas y agua potable en sus respectivos pueblos a cambio de autorizar traer el agua de los manantiales de la comunidad de Maconí, quedando todo en promesas.
Así, en una relación de respeto, no sin retrasos y algunos pequeños sobresaltos como es normal en las negociaciones, se retomaron las gestiones ante los funcionarios de la Comisión de Aguas. Se hicieron recorridos en los pueblos del centro de Cadereyta, El Doctor, La Esperanza, Maconí y Vizarrón. Todo marchaba bien hasta la llegada del actual gobierno estatal, y en lugar de diálogo empezaron las negativas argumentando falta de recursos, y ninguna respuesta concreta de cómo y cuándo se cumplirían los acuerdos firmados por enésima vez. Fue imposible avanzar más, la indefinición orilló a los campesinos a tomar una decisión: suspender el sistema de bombeo desde las instalaciones del Acueducto II como proponían los campesinos desesperados, o solicitar respetuosamente la intervención del Gobernador del Estado Mauricio Kuri, decidiendo por consejo de la dirigencia, esta última alternativa.
Repetidamente solicitamos entrevista por escrito con el gobernador, y no fue posible. Solicitamos entrevista con la secretaria Murguía, con el mismo resultado. Fue así como después de una vida sin agua y sin ninguna posibilidad, aunque sea remota de contar con este vital líquido, los campesinos antorchistas decidieron instalar un plantón frente al palacio de gobierno. Pero en lugar de solución, los diputados panistas, de Querétaro Independiente y las dos abstenciones del PRI, legalizaron el negocio de agua en favor de empresarios desarrolladores y conocidos políticos.
Y como respuesta, la secretaria de Gobierno, conculcando los derechos de organización y petición de los cadereytenses al estilo de López Obrador y la 4T, molesta por tener que resolver contra la voluntad del gobierno, declaró que uno de los cuatro proyectos; la entrega de lotes será para los beneficiarios que ellos y el presidente municipal, Miguel Martínez (que, por cierto, perforar varios pozos para sus viñedos) quieran. “Se hará de manera directa para garantizar el suministro de agua para las familias de difícil acceso”, dijo. Antorcha Campesina no mediará.
¿Cuál constitución, qué ley establece que las cosas se hacen como dice el gobierno panista? Sin duda, en la ley del autoritarismo y la intolerancia, al más puro estilo del también panista Garrido Patrón. Ojalá y no les vaya igual.
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