Hasta el 28 de febrero, en Baja California habían sido asesinadas 37 mujeres, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Los últimos datos muestran que Baja California ocupa el cuarto lugar en esa categoría, en una estadística que encabeza Guanajuato, con 61 feminicidios.
Del total de homicidios dolosos de mujeres, solo dos han sido tipificados como feminicidios, en comparación con los 22 del Estado de México.
Hasta febrero pasado, 341 mujeres habían reportado haber sido víctimas de lesiones, así como contabilizaron 751 llamadas de emergencia por agresiones. Baja California está en el segundo lugar a nivel nacional en homicidios dolosos en agravio de mujeres por cada 100 mil habitantes, solo superado por el estado de Zacatecas, este 2022; según el SESNSP.
La crisis de seguridad que sufren los bajacalifornianos se acentúa todavía más entre el sector de las mujeres, quienes, a decir de las autoridades, están más propensas a que se cometa contra ellas un delito, pero si a esto le sumamos las condiciones en las que viven miles de tijuanenses, por ejemplo, en la zona Este de Tijuana, donde no existe alumbrado público o donde no se tiene siquiera un acceso a las colonias para poder llegar con prontitud, la atenuante es todavía mayor.
En colonias donde la pobreza aumenta y donde el bienestar de las mujeres corre un peligro eminente, es indispensable que se ponga en marcha no solo un programa para la protección de ellas, sino para desarrollar estas colonias y que cuenten con todos los servicios indispensables como el alumbrado público, el agua potable.
En fin, un programa que ayude a que los altos índices de inseguridad sean menos altos y que las mujeres, en lo particular, tengan una vida más segura, aunque la justicia social se tenga que combatir con otros métodos, como la organización.
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