Luego de 2 años del triunfo de AMLO en las elecciones del 1 de julio del 2018, la autollamada 4ª transformación llega al 2020 señalada, por propios y extraños, de graves casos de probable corrupción.
Importantes personajes de Morena, como el diputado Porfirio Muñoz Ledo –ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encargado de tomar protesta el 1º de diciembre del 2018 a AMLO– ha declarado en los medios de comunicación la existencia de un "imperio de corrupción" que se instaló en Morena durante la pandemia; incluso pidió intervenir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para evitar la intermediación que pueda favorecer a proveedores del gobierno federal; además, se pronunció contra la Iniciativa del Presidente para poder modificar a su antojo el presupuesto federal.
Recordemos que previo a la elección, Obrador prometió que con su combate a la corrupción recuperaría entre $500 a 800 mil millones de pesos cada año. Puso a la corrupción como el mayor mal de los gobiernos anteriores; ya como gobernante, AMLO, ha instrumentado leyes e iniciativas legislativas para sancionar las "mayores" acciones de corrupción, por ejemplo: el huachicol, la facturación falsa, sus llamados "moches", el enriquecimiento por tener cargo público, el excesivo gasto para mantener los lujos de funcionarios públicos, entre otros.
La carencia de probidad de AMLO resulta aún más grave y dañina, su accionar desprende perjuicios para una gran cantidad de personas y organizaciones civiles y políticas. El Presidente señala a diestra y siniestra, en la mayoría de casos, sin ofrecer prueba alguna, solo por adjudicarse un dedo flamígero con el que pretende extinguir a quien él considera su adversario o decida un acto inquisitorio por neoliberal, fifí, conservador o corrupto.
Un valentón de la 4T es John Ackerman, quien juega un papel primordial en la labor destructiva de Obrador, desde las aulas de la importante y muy respetada UNAM, ahora tiene la prioritaria encomienda de López Obrador de invadir el Instituto Nacional Electoral (INE), para que desde el INE se resguarden los intereses electorales de la 4T.
Una de las primeras acciones que impuso el Presidente fue cancelar los recursos públicos para el llamado Ramo 23, argumentando que era origen de corrupción. Lo cierto es que los recursos y acciones del Ramo 23 estaban sometidos a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, que en su artículo 1º preveía la regulación de acciones relativas a la planeación, programación, presupuesto, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier naturaleza; así como de la obra pública y los servicios relacionados con la misma.
Actualmente, los comentarios de Muñoz Ledo nacen de la cantidad de obras de construcción promovidas por el Gobierno Federal, varios de muchísimos millones de pesos, que son adjudicadas de manera directa, también las acciones y adquisiciones de todo tipo son entregadas sin ningún respeto a la mencionada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
Los funcionarios denunciados son relevantes en la 4T, como: el vergonzoso caso del hijo de Bartlett con sus ventiladores a sobre precio; Zoé Robledo, director del IMSS, beneficiando a su hermano y a las 23 empresas del consorcio familiar con contratos de obras y servicios de manera directa; Rocío Nalhe, Secretaria de Energía, quien asigno contrato de 5 mil millones a su compadre en la obra de Dos Bocas; en SEGALMEX (que fusionó a las empresas paraestatales Liconsa y Diconsa) el titular Ignacio Ovalle Fernández otorgó contratos de manera directa por 2 mil millones de pesos.
El paño de "pureza" en el que AMLO envuelve a la 4T protege y no permite la discusión o la necesaria explicación de otros casos probables de corrupción por la 4T, como: el denunciado penalmente por Alfonso Ramírez Cuellar, presidente actual impuesto por Obrador en la dirigencia nacional de Morena, quien denunció a la anterior responsable, Yeidckol Polevnsky, por el pago indebido de 400 millones de pesos para obras y servicios que no se ejecutaron; el caso de las famosas 23 propiedades de Manuel Bartlett que la innombrable secretaria de la Función Pública exoneró; también salió a la denuncia pública las propiedades de Irma Eréndira Sandoval y del "célebre" John Ackerman, quienes, lejos de aclarar la denuncia, arremetieron contra la prensa señalándolos de "sicarios".
La lista sigue y es larga, por ejemplo: Napoleón Gómez "Napito", quien también reparte cuantiosos recursos públicos; pero, AMLO cierra toda posibilidad de discusión del comportamiento de su camarilla. El Presidente arremete y señala de sedición a todo el que se atreva a exigir sanciones legales a la corrupción de la autollamada 4T.
El Gobierno Federal está plagado de corrupción, principalmente de las figuras representativas de la 4T. Si estos funcionarios siguen así terminarán su gestión con cuantioso patrimonio personal, mientras que millones de familias mexicanas sufrirán de hambre. Hay pronósticos alarmantes sobre la caída del PIB en México: El Banco Mundial con (-)7.2%; la OCDE de (-) 8.2% y el del FMI por (-)10.5%. Se habla de que, por cada 100 mexicanos 16 se ubican en extrema pobreza, es decir, más de 20 millones de mexicanos caerán en la profunda miseria.
Salvemos a México, estamos a buen tiempo. Luchemos por el equilibrio de la representación popular de la Cámara de Diputados y Senadores para el 2021.
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