Las problemáticas en Quintana Roo siguen creciendo en todos los ámbitos, una que es notoria y hasta el momento no se trata con las medidas que se debería es la actual crisis en las zonas indígenas que se dedican principalmente al campo pues más del 60%; es decir, la gran mayoría vive en situación de pobreza y con graves carencias ante la falta de apoyos a nivel estatal y federal durante esta difícil etapa de la pandemia e incluso antes de que se diera dicho fenómeno.
Se estima que esta inmensa masa de personas en situación de pobreza se encuentran distribuidos en más o menos 200 comunidades empezando en Felipe Carrillo Puerto, José María More Lázaro Cárdenas, parte de Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco que año con año se ven seriamente afectados, en parte por la actual situación sanitaria pero el verdadero problema radica en la administración en las diferentes alcaldías, ya que no ven como prioridad atender a esta parte de la población ni porque son los pioneros de esta zona.
En un intento por atacar estos problemas a nivel estatal se han implementado diversos proyectos que benefician a cierta área de la ciudadanía, aunque no es suficiente, pero que más se puede hacer si el recurso que se asignaba a esos proyectos ha sido acaparado por el Gobierno federal, pues según ellos recapitalizaran todo el recurso y lo enfocaran correctamente para acabar con la tan atenuante desigualdad de la zona indígena.
Ahora bien, en el proyecto federal no se toma en cuenta de manera enfática el fortalecimiento de la agricultura donde quienes la ejercen son las culturas indígenas que habitan esta párate del país, incluso actualmente varios de ellos se ven afectados pues muchos ya no reciben el tan esperado Atención de Jornaleros Agrícolas que más que un apoyo venía siendo un derecho de esta gente que primordialmente viven del campo, ahora se supone que les otorgaron el dichoso "sembrando vida” que según los cálculos de los morenistas brindaría apoyo a los jornaleros con pagos de $5,000, pero lo que realmente pasa es que eso aún no se ha iniciado en gran parte del sureste que se tenía como supuesta prioridad y a quienes ya salieron aprobados se les proporciono una tarjeta que rara vez tiene fondos y si los tiene no es lo indicado.
Y un temor latente es que el presupuesto para este año es incierto pues todos saben que en un año de campañas electorales se abandonan las necesidades de la gente, pero de lo que es seguro es que se van a requerir cerca de 100 millones de pesos para ejercer los programas actuales de la administración morenista, pensando claro en que este año haya más beneficiados, pero la pregunta aquí es ¿de verdad lo van hacer?; es decir, realmente se les otorgara apoyo a los miles de ciudadanos que viven en las zonas consideradas como territorio indígena.
Pues a todo esto es necesario que el actual gobierno tanto estatal y principalmente el federal considere y formule una planeación que ayude a que los beneficiarios sean más y que realmente lo requieran, pero lo principal es exigir al Gobierno morenista que actué en favor de los pobres, en ésta y en las otras muchas áreas que están pasando por lo mismo, porque el recurso está, sólo falta que organizados como mayoría le exijamos al Gobierno de López Obrador que aplique esos recursos en favor de los que menos tienen.
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