El problema de los asentamientos humanos irregulares es uno de los principales que aquejan a la Ciudad de México y desde hace varios años el gobierno ha mostrado la decisión de librar una lucha a brazo partido contra ellos.Las causas de estos asentamientos son claras para quien tenga dos dedos de frente, todo ser humano requiere un hogar para protegerse de las inclemencias del tiempo, para proteger sus propiedades y garantizar la privacidad de él y su familia.Sin embargo, en la ciudad capital la posibilidad de adquirir una vivienda digna es un sueño irrealizable.
De acuerdo con expertos del ramo inmobiliario, la restricción en la cantidad de suelo disponible en la Ciudad de México hizo que, en menos de 10 años, el precio promedio por departamento pasara de 1 millón de pesos a 3.5 millones.Consideremos que de acuerdo a la Encuesta Nacional De Ingresos y Gastos De Los Hogares (ENIGH) 2018, el promedio de ingresos corrientes trimestrales en una zona urbana es de $ 55.495, ¡$18.498 mensuales!, para una persona con ese nivel de ingresos, adquirir un departamento destinándole la tercera parte de sus ingresos, le llevaría 15 años pagarlo, ¿cuánto tiempo le llevaría a alguien que gana $6.000 mensuales? 48 años.Ello implica cubrir con 4 mil pesos al mes la alimentación, la renta, la educación de los hijos, el pago de los servicios, de transporte, etcétera, todo para poder destinarle 2 mil pesos al pago de una vivienda digna y terminar de pagarla a los 60 años.
En el marco de esta problemática los capitalinos, se han visto orillados a adquirir lotes a bajo costo en zonas periféricas de la ciudad o en alcaldías del sur.Librando un suplicio de décadas, soportando la carencia de los servicios y vías de acceso a sus hogares que de principio, además de ser escaso es deficiente, pasando hasta la cuarta parte del día en el transporte público.Dando nacimiento así, a lo que le conocen las autoridades como "asentamientos humanos irregulares": para el año 2010 se tenía registrada la existencia de 867 asentamientos de este tipo, que albergaban 50.703 viviendas.
Para corregir el avance de este tipo de asentamientos el gobierno capitalino instrumentó mecanismos de "recuperación de espacios afectados", tan solo en 2016 se efectuaron 35 acciones de "recuperación", o mejor dicho, 35 acciones de demolición de viviendas en diferentes predios de la capital que fue anunciado como un triunfo, ya que la meta era liberar 600 hectáreas y se liberaron 719, ¿Y las personas que los que los habitaban?, ¿Qué piensa hacer el gobierno de la Ciudad para combatir el problema de la falta de vivienda? Hasta el momento se les ofrece vivir en la calle y nada más.
Dentro de esas 35 acciones de recuperación estuvo el del predio conocido como La Ciénega, que tenía una extensión de 120 hectáreas, ubicado a un costado del Metro Tláhuac y del Metro Tlaltenco, en aquella demolición se despojó a 300 familias que lo habitaban, con un operativo dirigido por Tanya Müller García, secretaria de Medio Ambiente, procedió al desalojo y posterior destrucción del hogar de más de mil personas que, a pesar, de enseñar documentos que los acreditaban como los dueños legítimos, fueron obligados a través de la fuerza pública a abandonar su hogar, sin tiempo para rescatar sus cosas de valor.Eran dueños de los terrenos, se los reconoció la autoridad, pero no se podía construir vivienda en ellos, por lo que el planteamiento de los afectados se limitó a solicitar que se les incluyera en un programa para que pudieran adquirir vivienda a bajo costo; nunca obtuvieron solución.
Parece un lejano y amargo recuerdo de pasadas administraciones, pudiera pensarse que estas prácticas insensibles solo son cuestión de gobiernos anteriores, pero siguen ocurriendo, en el mes de febrero del año actual se realizó una operación idéntica a la antes descrita, al predio conocido como El Tempiluli, sin una orden de desalojo y sin notificación alguna, acudieron elementos de la policía capitalina con equipos para demoler las viviendas, un evento que la jefa de gobierno calificó como "muy exitoso".Ni hablar de algún apoyo para los afectados o algún programa para que ellos puedan acceder a una vivienda con permisos para ser habitada.
Con la angustia de ser desalojados y ver su patrimonio destruido viven cientos de miles de capitalinos.Algunos en predios consolidados con más de 20 años de haber sido habitados, aún están lejos de conseguir los servicios básicos de manera legítima, por lo que son arrojados a "liderazgos" que les cobran servicios obtenidos de manera completamente ilegal, de ahí que se realicen conexiones clandestinas al servicio de agua potable, obras de drenaje sin ninguna planeación o casos extremos como el robo de manera descarada de energía eléctrica con instalaciones sin ninguna valoración técnica poniendo en riesgo la vida de sus usuarios.Dando nacimiento a cacicazgos como los que existen en zonas de alta marginación del país, "líderes" que hacen el cobro de los servicios de manera mensual sin contar con ningún permiso (al menos no oficial) de las autoridades y que, además, en tiempos electorales obligan a los habitantes a votar por un partido en particular so pena de ser desconectados de los servicios.
Un ejemplo claro lo tenemos en la colonia Atotolco Chinanco en la alcaldía Tláhuac, donde la población organizada acudió a las instalaciones de la CFE para denunciar el robo de luz, así como para solicitar se realizara un proyecto que brindara electricidad de manera legal y de buena calidad a la población; proyecto se elaboró y se comenzó a concretar el 12 de agosto del presente año.Sin embargo, al ver afectados sus intereses los caciques de la colonia, dirigieron su queja con la alcaldía, quien, a su vez, inmediatamente detuvo el avance del proyecto de electrificación.Hasta la fecha, los vecinos de la colonia Atotolco han acudido a varias reuniones con las autoridades de la alcaldía, en las cuales los funcionarios han sostenido que no permitirán que el proyecto se realice y como única opción les ofrecen hacer uso del servicio que ofrecen los "líderes" de ese lugar.La autoridad ve más viable y conveniente que se siga robando energía eléctrica a la CFE, ¿es acaso que las autoridades de la alcaldía Tláhuac están coludidas con los caciques de la colonia Atotolco? ¿Por qué un gobierno morenista estaría a favor de la corrupción y robo de los recursos energéticos de la nación?
El tiempo nos dará la respuesta, si la alcaldía Tláhuac no se interpone a la regularización del servicio eléctrico en Atotolco dará muestras de que no cobija la delincuencia en el territorio que le toca gobernar, si no lo hace quedará claro para todos lo que es el morenismo y lo que defiende.
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