Recientemente, los datos publicados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), volvieron a ubicar a México como uno de los países con los mayores niveles de pobreza y desigualdad de los 38 que conforman ese organismo internacional.
Si la errática política del nuevo gobierno en nuestro país se ha mantenido sin cambios, es lógico que sus efectos en la calidad de vida de nuestros compatriotas no muestren ningún signo de mejoría; al contrario, en el estancamiento siempre está oculto el retroceso.
El índice de brecha, es decir, la diferencia entre ricos y pobres en México, de acuerdo con el citado organismo, es de 34.2, cuando en el resto de los países miembros ronda los 28.7; es más grande la distancia entre los que más poseen y los que menos tienen, hecho que impacta directamente en la falta de oportunidades de los más desprotegidos económicamente, que somos la mayoría trabajadora.
Esa desigualdad no es tan simple cuando se vive fuera de los datos estadísticos, en la vida real, con toda su crudeza. Ante la falta de oportunidades para acceder a una vida digna, en la cual se tenga lo necesario para vivir y educarse, se vuelve imprescindible buscar las alternativas para mantenerse vivo, tratando al menos, de contar con lo mínimo para mal comer, protegerse del frío y acceder a los elementos más indispensables de la cultura.
En esa búsqueda y resistencia histórica a la marginación a la que son condenados millones de seres humanos por el injusto sistema capitalista, los pueblos han aprendido que es necesario unirse y organizarse, en ello se encuentra la garantía no sólo para sobrevivir, sino también para contar con los elementos básicos y no padecer de las carencias que hacen pesada su existencia.
Por tanto, no es casual que ante la disparidad en las oportunidades que tienen unos, los ricos, y el resto, o sea, los pobres, no todos se resignen a esperar con los brazos cruzados, a que los gobiernos carentes de la sensibilidad suficiente para asimilar el dolor ajeno, les resuelvan la situación de precariedad y desamparo. Ante ello, surgen y se fortalecen movimientos sociales, genuinos representantes de las aspiraciones populares, en el seno de los cuales se gestan las soluciones al conjunto de problemas que nos aquejan a todos los marginales.
Dentro de ese conjunto de carencias que impiden el armónico desarrollo de las familias, se encuentra, unido al todo, el problema de la falta de vivienda. Sobre este aspecto en específico, es difícil que las estadísticas oficiales ofrezcan con certeza, datos que permitan dimensionar la magnitud del problema a nivel municipal y mucho menos conocer con toda precisión la cantidad de familias que no cuentan con casa propia en todo el país.
Con respecto al déficit habitacional, el cálculo del gobierno federal es de más de 9 millones de viviendas; sin embargo, en el estudio “Enfrentando la vivienda: reto en América Latina”, del Instituto Tecnológico de Massachussets se señala que la carencia es de casi 16 millones casas que deberá ser cubierto los próximos 20 años en el país.
Es necesario aclarar que estas cifras corresponden a las personas que tienen algún trabajo formal con cierto acceso a los créditos como los del Infonavit y Fovissste, que por cierto los redujeron en 18.9 y 4.1 por ciento respectivamente; hace falta tomar en cuenta la necesidad de vivienda de aquellos trabajadores informales, los que están marginados de la seguridad social y cuyos datos no forman parte de las estadísticas del gobierno.
Los logros de los proyectos de vivienda del Movimiento Antorchista no los tiene cualquiera. Y ahí están, de pie, como ejemplo fehaciente del trabajo y la fraternidad revolucionaria.
En un país con el 55 por ciento de los trabajadores en la informalidad, una de las alternativas es la generación de empleos para que cada trabajador tenga la capacidad de crédito para la adquisición de una vivienda a través de las instituciones oficiales; sin embargo, ante la incapacidad de los gobiernos de ofrecer a cada habitante un empleo seguro, como es su derecho, también quedan sin cumplirse otros que están estipulados constitucionalmente, como el acceso a la vivienda y los servicios de salud, por ejemplo.
Hace 35 años, en el municipio de Nicolás Romero, en el noroeste mexiquense, surge la alternativa para las familias sin vivienda, con la creación y desarrollo del primer proyecto del Movimiento Antorchista destinado a satisfacer esta ingente necesidad en la demarcación.
La colonia Clara Córdova Morán emerge como resultado de la unión y lucha de quienes, en su momento, confiaron en que la capacidad resultante de esa combinación, junto a la acertada guía del antorchismo nacional expresada a través de los activistas locales , podía vencer los más difíciles obstáculos para hacer realidad sus aspiraciones: contar con un patrimonio, pequeño pero necesario.
De igual manera han cobrado existencia otros proyectos de vivienda del Movimiento Antorchista en el municipio, que han resultado verdaderas alternativas para las personas que por diversas razones no cuentan con un espacio digno para dar cobijo a sus familias; a pesar de los detractores gratuitos, quienes buscan confundir a los ciudadanos tergiversando los hechos y la información, lo cierto es que los logros que han tenido estos asentamientos organizados no cualquiera los tiene. Y ahí están, de pie, como ejemplo fehaciente del trabajo y la fraternidad revolucionaria.
El incesante progreso de las dos colonias que hoy celebran un aniversario más de vida, Clara Córdova Morán y Doctor Juan Manuel Célis, es fruto inequívoco de la lucha social. Los servicios con los que cuenta la primera, como biblioteca pública, canchas techadas, casa del adulto mayor, auditorio, centro de salud, bufete de abogados, centro de atención psicológica, instalaciones para la preparación política de los vecinos, calles pavimentadas, son algunos de los beneficios que en cada una de las comunidades de nuestro país deberían existir para el bienestar de sus habitantes.
Esta es la propuesta del Movimiento Antorchista no únicamente para las colonias que va creando de la mano de los ciudadanos que requieren de vivienda, sino también para cada una de las comunidades a lo largo y ancho de todo el país.
Y es realmente posible lograrlo si se cumplen los cuatro ejes que la organización ha planteado desde hace algunos años. De esta manera, cada persona en edad de trabajar tendría asegurado un empleo bien remunerado que le permitiera solventar sus necesidades sin recurrir al empeño de sus pertenencias. Además, tendría la posibilidad de acceder a un crédito de vivienda directamente del Estado; tendrían las arcas de la nación suficiente dinero para construir toda la infraestructura de obras y servicios gracias a la correcta captación gradual de los impuestos.
Una de las enseñanzas que nos han dejado estas dos colonias populares es que, ante la indiferencia o incapacidad del Gobierno para resolver la creciente necesidad de vivienda, son los ciudadanos los que se unen, toman conciencia del problema y se organizan para resolverlo.
De la misma manera, para hacer realidad una mejor calidad de vida para todos los mexicanos, necesitamos agruparnos, desarrollar la organización capaz de hacerse del poder político e implementar una política social y económica encaminada a velar por los más desprotegidos económicamente.
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