Como es bien sabido, la distribución de la población en el territorio mexicano se caracteriza por tener una fuerte concentración de personas en pocas ciudades, éstas, a su vez, han formado enormes zonas metropolitanas entre las que destacan, la Zona Metropolitana del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana, según los últimos datos del Censo de Población y Vivienda 2020, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El acelerado proceso de urbanización provocó que el 79 por ciento de la urbe total, viva en cinturones urbanos, en tanto que la población rural se reduzca a 21 por ciento.
Sin embargo, residir en las grandes urbes, no significa que todas las personas vivan en circunstancias óptimas y cuenten con fuentes de empleo seguras y bien remuneradas; paradójicamente, los agobiados por la miseria, han tenido que dejar el campo para ir a la ciudad con el fin de elevar el nivel de sus condiciones de vida, se han topado con infinidad de vicisitudes, primero para encontrar empleo y enseguida para tener un lugar dónde vivir, y al no poseer suficientes recursos, deciden asentarse en las periferias de las ciudades, sin contar con potestad legal sobre los terrenos ocupados.
Pero no solamente los expulsados del campo son los que se concentran en la periferia de las colosales ciudades, lo hacen también familias urbanas empobrecidas que son arrojadas a esta situación por distintas problemáticas sociales que las obliga a buscar una alternativa al problema de la vivienda, conformando así, grandes cinturones de miseria, de masa empobrecida, carente de los servicios básicos, fuentes de empleo y educación, indispensables para una vida digna.
A este estado de cosas, no escapa Yucatán, en particular la capital, Mérida, que presenta una problemática similar, al contar con 921 mil 771 habitantes, siendo el centro neurálgico de la denominada Zona Metropolitana, donde se encuentran conurbados cinco municipios de la entidad, que alberga una población de un millón 316 mil 88 personas, la undécima área metropolitana del país.
Datos proporcionados por el Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY), en Mérida existen al menos 150 asentamientos irregulares, principalmente en la zona sur, oriente y poniente, cuyos habitantes padecen una calidad de vida complicada, ya que, al no tener certeza jurídica de dichos predios, no tienen acceso a los programas sociales implementados por los distintos niveles de gobierno y carecen de los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, calles pavimentadas, por mencionar algunas.
De acuerdo al Informe de Pobreza y Evaluación 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a nivel estatal, Mérida destaca como uno de los municipios con mayor número de personas en pobreza, patrón que ha repetido cada cinco años, desde 2010, a pesar de ser el municipio que cuenta con más recursos, de los 106 que tiene el Estado.
Como se deduce de los datos anteriores, no es casual que en la periferia meridana, grupos importantes de yucatecos, al verse imposibilitados para seguir pagando una renta o bien que vivían de arrimados con algún familiar, se hayan establecido durante el periodo de pandemia, ya que el desempleo y los bajos salarios que reciben aquellos que tienen la fortuna de tener trabajo, no pudieron resolver la necesidad de vivienda donde pudieran guarecer a sus familias.
Así, a lo largo de 20 años que tiene de existencia el Movimiento Antorchista en la entidad, muchas familias que residen en estas zonas irregulares, se han acercado a nuestra organización para luchar unidos y así lograr la regularización de sus asentamientos, ya que debido a esta condición, las autoridades de todos los niveles, les niegan indiscriminadamente los servicios básicos, motivo por el cual viven en condiciones infrahumanas, careciendo hasta de lo más indispensable que necesita un ser humano para subsistir.
Quienes conocemos y acudimos frecuentemente a estas colonias irregulares, sabemos lo lastimoso y difícil que resulta para las familias ahí establecidas, hacerse de una vivienda de materiales endebles y de los servicios más elementales como el agua potable y la luz eléctrica; provoca una infinita pena ver a niños y adultos mayores no tener qué llevarse a la boca, porque los jefes de familia están desempleados o ganan salarios míseros.
Resulta indignante que el discurso oficial esté plagado de “buena voluntad” sin pasar a los hechos, interviniendo de manera comprometida en la regularización de estas colonias ya establecidas, para que esos cinturones de miseria desaparezcan del mapa estatal y sus ciudadanos puedan gozar de bienestar y desarrollo.
Los antorchistas hemos tomado la tarea en nuestras manos y seguiremos luchando junto con los habitantes de estas colonias para que puedan lograr la regularización, les sean otorgados los servicios que necesitan y que las autoridades cumplan con sus obligaciones de velar por el bienestar de los más necesitados.
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