Trascurrió una semana de lamentables sucesos catastróficos en todos sentidos. Iniciamos con las fuertes lluvias que afectaron al Estado de México e Hidalgo, en donde miles de familia perdieron su patrimonio y pagaron su cuota de vida con alrededor de 20 víctimas.
Las imágenes que se observaron fueron realmente impresionantes: ríos inmensos sobre avenidas que arrasaban con todo lo que se interpusiera a su paso, municipios enteros bajo el agua como Tlahuelilpan o Ecatepec, personas que con tristeza y desesperación narraban las pérdidas totales de sus patrimonios construidos con mucho esfuerzo, esposas que con enojo reclamaban la muerte de sus maridos que pudieron ser evitadas si se hubiera atendido la infraestructura de hospitales o servicios básicos.
Pero la naturaleza nos tenía preparada otra sorpresa. Como se ha hecho constante en el mes de septiembre desde 2017, volvimos a sentir un temblor de 7.1 grados con epicentro en Acapulco, Guerrero, donde también provocó derrumbes en viviendas y la muerte de dos personas.
Los días consecuentes fueron de lluvias e ineficacia gubernamental. Como en los hechos anteriores con los huracanes, el actuar de todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno fueron insuficientes y se limitaron a propagar que sería después del censo cuando comenzarán la recuperación y ayuda a los damnificados.
Sin embargo, cuando pensamos que lo peor ya había transcurrido, sucedió otro hecho lamentable: el desgajamiento del cerro Chiquihuite en Tlalnepantla, en el Estado de México, el cual sepultó 10 viviendas, lesionados, fallecimientos y desaparecidos.
En todos los hechos existe un común denominador: entre las pérdidas de vida y de vivienda, los afectados son los pobres, pero su nueva tragedia pudo haber evitado. La existencia y atención oportuna de los planes de protección civil eran fundamentales, además de la necesidad de infraestructura de calidad.
En artículos pasados hablamos de que la trillada frase de “primero los pobres” es una mentira por donde se le quiera ver en la agenda que encabeza el gobierno del presidente López Obrador, en estos casos con la desaparición del Fonden desde el año pasado, pese a que se conocen el devastador saldo de las temporadas de lluvias y lo poco hecho en la recuperación con respecto a los sismos.
El patrimonio es una pérdida mayúscula en un país donde la pobreza patrimonial es severa. Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda la posibilidad de acceder a una vivienda propia ha caído al pasar en 2014 de 61.4 a 57.1 por ciento en 2020. Otro dato que también arroja esta encuesta es que la demanda de renta también incrementó al pasar de 15.2% a 16.4%%, así como la vivienda prestada de 12.8% a 14.2%. La OCDE asegura que en México, sólo el 11.1% de la población tiene vivienda de calidad, y sólo el 19.8% tiene acceso a los servicios básicos. Un panorama nada alentador para los meses venideros. Frente a esta realidad, lamentablemente, la 4T solo tiene discursos, ni ayuda emergente, ni cocinas y albergues provisionales, ni reconstrucción, menos obras públicas para evitar las gigantescas inundaciones en Ecatepec o la reubicación para las familias del predio del Cerro del Chiquihuite. Los mexicanos necesitamos exigir un presupuesto para 2022 que responda a esas necesidades, que realmente se gobierne a favor de las mayorías, esto no se logrará en lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El cambio lo tenemos que hacer nosotros preparándonos para el 2024. Ojalá no volvamos a equivocarnos.
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