El cambio climático es una gran amenaza para la humanidad porque las afectaciones ambientales que repercuten directamente en la sociedad y en la economía.
México debe tomar con mayor seriedad ese riesgo porque aporta el 1.47 por ciento del total de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y con eso se coloca como uno de los 15 países con mayores emisiones.
Ante esto, en cumplimiento del Acuerdo de Paris, México planteó reducir en un 22 por ciento sus emisiones de GEI para 2030, meta difícil de cumplir, más aún, por la nueva reforma energética propuesta por el gobierno de la cuarta transformación.
Una de las acciones para reducir las emisiones de GEI es la sustitución de energías sucias por energías limpias, esto significa que se debe reducir la producción de energía a base de combustibles fósiles y aumentar las menos contaminantes como la eólica y la solar. Esto es urgente dado que, del total de la generación de energía en México, el 83.9 por ciento tiene como fuente a los hidrocarburos, el 3.6 por ciento el carbón y solo el 12.3 por ciento tienen fuentes menos contaminantes como el sol, el viento y el agua.
La apuesta por la generación de energías limpias tiene varios beneficios para México, en primer lugar, se emiten menos GEI, lo que repercute directamente en el cuidado del medio ambiente y, además, apoya el cumplimiento del compromiso adquirido en el Acuerdo de París.
En segundo lugar, los hogares y las empresas pueden adquirir energía más barata, porque las energías limpias tienen un menor costo de producción.
Actualmente, la producción de energía eléctrica en nuestro país está a cargo del Estado, a través Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la iniciativa privada. La CFE tiene una participación en el mercado del 38 por ciento y las empresas privadas participan con el 62 por ciento. En cuanto al tipo de energía que producen, la CFE genera el 62.5 por ciento de la energía con combustibles fósiles y el 3.1 por ciento es combustóleo, señalado como el combustible más contaminante. El 37.5 por ciento restante corresponde a energías limpias, que en su mayoría corresponde a hidroeléctricas; la energía eólica y solar es prácticamente inexistente en CFE.
Este esquema de producción de la CFE, con altos niveles de combustible fósil y prácticamente nula producción de energía eólica y solar, afecta directamente a sus costos, pues, de acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los costos de producción de la CFE son mayores con relación a las empresas privadas y los Productores Independientes de Energía (PIE).
Por ejemplo, en la producción de ciclo combinado, donde se usa gas natural, la CFE tiene un costo de $1,759 por MWh mientras que los PIE solamente $767. Esto significa que CFE tiene un costo de producción mayor en 129.3 por ciento; además, la producción de energía con termoeléctricas es muy cara, pues cuesta $2,079 por MWh, con las hidroeléctricas el asunto no cambia mucho, pues cuesta $1532 por MWh. En cuanto a la energía limpia, la CFE produce energía solar a un costo de $878 por MWh contra los $606 de su competencia, es decir, resulta 31.2 por ciento más cara en la empresa estatal.
La única ventaja que tiene la CFE es en la energía eólica, tiene un costo producción de $618 por MWh contra $630 de los privados, sin embargo, esta ventaja se ve opacada rápidamente al producir únicamente el 0.06 por ciento del total.
Ante la situación antes descrita, el gobierno de la 4T plantea una reforma eléctrica que pretende darle mayor poder de mercado a la CFE, de hasta un 54 por ciento, y acotar la participación de la iniciativa privada. Esto significa quitarle competidores a la empresa estatal de manera artificial. Además, implica que el gobierno debe suplir las inversiones privadas con dinero público o con deuda.
Acotar las inversiones privadas por considerarlas saqueadoras puede llegar a ser perjudicial. Cualquier capital, sea público o privado, sin regulación clara puede ir en contra de los intereses nacionales o puede ser un detonador de desarrollo si el estado pone las reglas para favorecer los intereses nacionales. Poner capital público en vez de privado no es la solución para los problemas que hay en el sector energético.
Por tanto, de aprobarse la reforma, traerá consecuencias no favorables para el país. En primer lugar, aumentaría la producción de energía mediante combustibles fósiles y contaminantes. En segundo lugar, la cancelación de contratos con los productores privados para frenarlos en su participación en el mercado traerá conflictos comerciales y de índole jurídico, que terminarán afectando al país en general.
Además, dado que la CFE produce energía a un costo mayor que los privados, los más afectados serán los hogares y el sector productivo ya que tendrá que pagar un mayor precio de la energía eléctrica. Por otro lado, si el estado decide no subir precios, entonces tendrá que subsidiar la energía eléctrica y por lo tanto las finanzas públicas se verían afectadas.
Hasta hoy el gobierno no ha dado una razón importante y de peso para decir que la reforma eléctrica que proponen es lo que más conviene al país. Solo apela a la soberanía energética, que no es mala por sí misma, pero no dice, cómo lo van a lograr.
No dicen que con esta reforma los mexicanos seguiremos financiado la producción de energía cara y contaminante. Una reforma eléctrica mal hecha puede traernos consecuencias económicas desastrosas y parece que para haya vamos. Tendría un impacto mayor si se hace una reforma fiscal que obligue a las grandes fortunas a pagar una tasa mayor de impuestos con la finalidad de financiar el desarrollo del país. De esta manera, se asegura que los capitales privados aporten al desarrollo económico del país.
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