Aceptar las posturas del presidente Andrés Manuel López Obrador, significa caer en el envilecimiento y renunciar a la inteligencia. En un ejercicio para ser lo más ecuánime e imparcial posible, incluso de condescender con él, resulta imposible aceptar sus paranoias y virulencias que cada vez lo alejan más de lo que los mexicanos esperaban de él después de la elección de 2018. Votaron para elegir un presidente de la república, pero resultó un titiritero.
Sus imprudencias no son pura inocencia. Sabe que la estrategia de palabrería mañanera, eventos de fines de semana y dádivas a los más necesitados que él mismo reproduce, ha sido efectiva para satisfacer los intereses de la vieja y nueva clase política en el poder. ¿Cómo se explica su cinismo al decir públicamente que cuando los políticos de antes recibían moches, era corrupción y cuando los recibe él a través de su hermano Pío, son “aportaciones”? ¿Cómo, López Obrador y Carlos Slim, declaran tranquilamente que aunque el desplome de la línea 12 del Metro no es responsabilidad del grupo Carso (de Slim), caritativamente, él aportará los casi 800 millones de pesos para la reconstrucción?
Entre los atroces “errores” del gobierno obradorista para mantenerse en el poder, que también destacan varios medios noticiosos del mundo, están la pública simpatía y apoyo a los cárteles y grupos del crimen organizado, magnificada en la liberación del Chapito, Ovidio Guzmán, con la consecuente crisis de seguridad que se vive en varias entidades, como Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y Jalisco, en que según reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en 30 meses de gobierno han muerto 86,370 personas, el doble de las cometidas en los primeros 30 meses de la administración de los ex presidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La reforma de Andrés Manuel a través de un senador lacayo del PVEM, para alargar el periodo de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de 4 a 6 años, violando la Carta Magna, con el argumento de que es “para combatir la corrupción y el nepotismo, mejorar los servicios de defensoría pública e impulsar la capacitación y profesionalización del personal judicial, porque le tiene confianza por ser gente integra, honesta”, y la consulta para enjuiciar a los ex presidentes de la república, programada para el próximo 1 de agosto.
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Será la pregunta que estará en las boletas, y cuyo gasto, cuando no hay dinero para obras ni medicamentos para niños con cáncer, será de 528 millones de pesos, según el INE. En ella podrán participar 94 millones de electores en 59 mil mesas receptoras.
Entre los mexicanos es claro que se trata de un circo del presidente para mantenerse en campaña y posicionarse rumbo al ejercicio de revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022. Independientemente del resultado, él saldrá beneficiado porque el ejercicio le permitirá mantenerse activo y posicionando el mensaje que está cumpliendo con su (falsa) promesa de combatir la corrupción y la impunidad. Sabe que su aprobación ha caído en alrededor de 20 puntos porcentuales. "Se los mando a decir a mis adversarios: no se pudo ahora, ni modo; lástima, fifí; lástima, Margarito, pero al revés. Pero ahí viene la revocación del mandato y a eso me someto. Si la gente dice 'ya no queremos que continúe el presidente, que renuncie', vámonos a Palenque", dijo después del 6 de junio.
Para varios juristas y académicos expertos en Derecho Constitucional, los derechos humanos no son materia para un ejercicio político y una posible diferenciada impartición de justicia. Si el presidente considera que hay motivos para someter ante la justicia a los expresidentes, debió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que abriera una carpeta de investigación por los delitos señalados a quienes gobernaron México desde 1988 hasta 2018.
"La consulta tiene un vicio de inconstitucionalidad porque se estarán sometiendo a consulta derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso", asegura Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Y ¿por qué esperar un año para decidir si se somete ante la justicia a los expresidentes si ya hay algún indicio de que violaron la ley? Destacó Juan Luis Hernández, politólogo de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla. Es evidente que hay un interés político. Si alguno de los expresidentes incurrió en algún delito, dijo, ningún resultado de la consulta debiera eludir la responsabilidad que tiene la FGR en iniciar una investigación judicial.
Pero, ¿por qué no aprovechar la consulta para enjuiciar a López Obrador por la muerte de 130 hidalguenses de Tlahuelilpan, por el mal manejo de los gasoductos; el crimen contra los más de 1,600 niños con cáncer, fallecidos por su irresponsabilidad de no proveerlos de medicamentos; por los miles de inocentes muertos por el crimen organizado al que apoya y abraza en vez de combatirlo; por las miles de mujeres indefensas caídas de manos de feminicidas y por los 26 muertos y decenas de heridos en el desplome de la línea 12 del Metro, todos, por irresponsabilidad de los gobiernos morenistas y de López Obrador?
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