No cesa la espesa campaña de descalificación que se realiza en contra del Movimiento Antorchista Nacional, basada en gigantescas mentiras descaradas, operadas de manera orquestada, mediante un aparato mediático avasallador, aparentemente independiente y honesto, y que tiene como meta fundamental convertir en "verdad" esa falsa imagen de que nuestra organización es deshonesta, agresiva, y hasta criminal, a fin de justificar ante la opinión pública la negativa de cualquier tipo de trato o entendimiento en torno a los verdaderos problemas que motivan la lucha de los antorchistas, la defensa de los intereses de los sectores marginados del país, que son los que están organizados en Antorcha. Es el pretexto para cerrarse al diálogo y preparar la persecución y represión de los inconformes.
Ahora bien, aunque el villano favorito en esta cruzada es el Movimiento Antorchista (La "Antorcha Mundial"), cada vez es más claro que esta es solamente una parte de la persecución violenta y represiva por parte del nuevo poder gubernamental en contra de cualquier forma de agrupación del pueblo mexicano, llámese organización, asociación civil, sindicato, etcétera, con fines de proteger legítimamente sus derechos e intereses, la defensa de los sectores más débiles y sometidos a algún tipo de segregación o abuso; estamos ni más ni menos ante la típica cacería del activismo social, por la vía de criminalizarlo, excluirlo de la ley, perseguirlo y reprimirlo.
Los investigadores sociales refieren el concepto de criminalización de la protesta o del activismo social a la aplicación del código penal, los delitos y penas que el mismo contempla a modalidades del activismo y de la protesta social, con el fin de inhibirlas o perseguirla&8203;s. Casi siempre se justifica con un debate sobre los límites de los actos de protesta, como ejercicio de la libertad de asociación y de expresión, y su posible colisión con los derechos individuales de "terceras" personas, o con los daños materiales que se causan a bienes privados o públicos e inclusive al medio ambiente.
La criminalización de la protesta o el activismo social es siempre una estrategia de Estado, aplicado por los gobiernos o la fuerza pública, que incluye la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas sociales, reforzándose también en otras medidas fuera de la ley para señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes proponen algo políticamente diferente a quienes tienen el poder, comparándolos con delincuentes y/o terroristas. Y no puede ser sino política de Estado, porque quienes estarían a cargo de la deslegitimación de los activistas y movimientos sociales serían políticos, jueces, policías y medios de comunicación.
El Gobierno Federal actual, el de la "Cuarta Transformación", está rompiendo record en esto de adecuar las leyes, o brincárselas descaradamente para poner fuera de la ley a las organizaciones y al activismo que no son de su agrado.
No es la primera vez que vemos a un gobierno hacer uso de las leyes para perseguir la lucha y el activismo social. La medida es tan vieja como la propia existencia de las clases sociales, económicamente diferentes, con intereses inconciliables, y el necesario sometimiento por la vía de la fuerza de las poderosas sobre las débiles. Todo el cuerpo de leyes y las instituciones se han ido formando, después de siglos de experiencia, en una superestructura social cada vez más perfeccionada para lograr que su dominio prevalezca sea fortalecido.
La criminalización de la protesta social en las sociedades modernas tiene su origen en la prohibición de los sindicatos y luego de la huelga en los países europeos, a fines del siglo XVIII y gran parte del sigo XIX. En muchos de estos casos, la legislación se dirigía en contra de la libertad de asociación en el ámbito laboral (libertad sindical). Algunos casos han quedado como cruel testimonio de esta política, como las condenas a muerte en los Estados Unidos de los llamados "mártires de Chicago", y la ejecución de Sacco y Vanzetti. Después surgió la prohibición de su organización política, como en el caso de la Ley de Excepción contra los socialistas en Alemania a finales del siglo XIX, en las que se prohibieron (es decir, se convirtieron en delito perseguible por ley) cualquier grupo o reunión cuyos objetivos fueran difundir los principios socialdemócratas, la proscripción de los sindicatos y el cierre de 45 periódicos.
Algún probable lector podría pensar que estamos exagerando. Pero no. Las modificaciones al Artículo 19 de la Constitución que realizó el partido en el poder (Movimiento de Regeneración Nacional), con mayoría absoluta y a propuesta del ejecutivo, es decir del equipo de Andrés Manuel López Obrador, para convertir en delitos "graves" a la corrupción y el fraude electoral, por lo que se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa, no es sino otro mecanismo para perseguir con facilidad a los enemigos del sistema, a los adversarios políticos, a quienes critiquen al Estado, quienes, mientras "se investiga", estarán en prisión esperando una resolución, no obstante que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado para evitar la prisión preventiva. Y el mismo objetivo tiene la falsa imagen de delincuentes que se le ha fabricado al Movimiento Antorchista, catalogándolo en los medios de comunicación, sin ningún tipo de proceso ni de pruebas, como "intermediarios", "huachicoleros", "grupo de choque" y "corruptos". Tal y como condenaron a Pancho Villa, a quien el gobierno federal de entonces calificaba de bandido y asesino, al igual que a Emiliano Zapata y hasta a don Miguel Hidalgo y Costilla, a quien la Iglesia Católica de entonces excomulgó mediante un edicto lleno de odio y malevolencia.
No hay modo de evitar el símil y el pueblo de México debe aprender a ver y a pensar ante las evidencias de la cacería perversa, de la persecución en contra de los antorchistas, para disponerse a defenderse, pues esta campaña es un ataque a las libertades que nos otorga nuestra Constitución, fruto de la lucha y el sacrificio de mexicanos ejemplares. Es un ataque dirigido contra todos los mexicanos, contra sus derechos y libertades, sobre todo contra los que están marginados, y con todas las desventajas ante el poder agobiante y enfermizo de un gobierno que está dispuesto a todo y está preparándose en todos los terrenos para perseguir a quienes se oponga a sus decisiones.
Antorcha no se amilana, y nada teme, pues nada debe. Por el contrario, saldrá adelante después de esta campaña de persecución, erguida e inmaculada, sabedora de que se está convirtiendo, finalmente, en la última línea de defensa, en el reducto en el que los activistas sociales, las causas justas y todos aquellos a los que se les pretenda reprimir, pueden acogerse. Y así será.
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