La opinión pública, en particular la de la Ciudad de México, está justamente conmocionada por el desplome del tramo Olivos-Tezonco de la Línea 12 del Metro, que arrojó un saldo trágico de 26 personas muertas y alrededor de ochenta heridas. Esta desgracia ha provocado, como es normal en estos casos, la pregunta sobre quiénes son los responsables y la exigencia pública de que se les aplique el justo castigo. Sin embargo, el problema es que han resultado ser muchas las manos que han intervenido en la construcción y la posterior operación de la línea colapsada.
Todos los medios coinciden en que la idea original fue del Lic. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del entonces todavía Distrito Federal, y que su propósito era doble: mejorar el transporte de masas y levantar su imagen pública con vistas a su futura carrera política. Para esto último era indispensable que la obra fuera terminada en el periodo del propio Lic. Ebrard, para que fuera él quien la inaugurara, razón por la cual presionó a las empresas constructoras a obviar pasos fundamentales en la validación del proyecto. “El gobierno del entonces Distrito Federal no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la autorización, planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de los recursos canalizados al proyecto…” (MILENIO, 5 de mayo). De un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los constructores tuvieron que improvisar, hacer modificaciones sobre la marcha y trabajar a matacaballo para cubrir el compromiso. De aquí surgieron las fallas de la línea 12.
De acuerdo con esto, resulta indudable la responsabilidad, tanto del gobierno del Lic. Ebrard como de las empresas constructoras: el primero, por colocar su interés político por encima de la seguridad de los usuarios de la línea; las segundas, por prestarse a ejecutar el proyecto sin las garantías indispensables de seguridad para los pasajeros.
Al Lic. Ebrard lo sucedió en el cargo el actual senador Miguel Ángel Mancera, en cuyo periodo el Distrito Federal pasó a ser Ciudad de México. El nuevo jefe de gobierno tuvo pleno conocimiento de los problemas de la Línea 12, como lo prueba la información al público de la situación y la denuncia ante autoridad competente por parte del gobierno de Mancera. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo las observaciones del caso: “Los errores de trazo fueron señalados por la ASF tras cuatro auditorías de inversión física y corresponden a los años 2009, 2011 y 2013”. “Aunque en el sistema de la ASF se reporta que se concluyó el seguimiento de casi todas las observaciones, no se especifica si las mismas se solventaron en sí”. “Por ejemplo, el 11 de marzo de 2014, apenas 16 meses después de inaugurada, dejaron de funcionar 11 de las 20 estaciones, de Culhuacán a Tláhuac, por <
Tampoco hay duda, pues, de la responsabilidad del Lic. Mancera, porque, conociendo a detalle el problema, no hizo lo suficiente para corregirlas como lo exigía la seguridad de los pasajeros. La enorme carga en movimiento que soportan las vías del tren y las estructuras que las sostienen, así como el uso intensivo de todo el Metro de la CDMX, tenían que provocar fatalmente que los defectos no corregidos se ampliaran y profundizaran rápidamente hasta el colapso final. Por tanto, no es arbitraria la conclusión de que el senador Mancera y sus funcionarios son también responsables del trágico accidente.
Por último, al Lic. Mancera lo sucedió la doctora Claudia Sheinbaum, actualmente en funciones, que también estuvo, desde el principio, bien informada del problema de la multicitada línea. Tenía, pues, la misma responsabilidad, incrementada por el tiempo transcurrido, de corregir las fallas heredadas, independientemente de lo que decidiera respecto a la responsabilidad y el castigo de sus predecesores. Pero no lo hizo; y el derrumbe del tramo Olivos-Tezonco es el testigo de cargo más elocuente e insobornable de su grave omisión. Pero hacen falta algunos testimonios más para arribar a una conclusión definitiva.
“El Sistema de Transporte Colectivo Metro ha ejercido 3 mil 321 millones de pesos para el mantenimiento de trenes e instalaciones fijas desde 2019, una cantidad que apenas rebasa el 5 por ciento de los 68 mil millones que se requieren para renovar completamente la red de servicios”. (MILENIO, nota ya citada). Este porcentaje mínimo surge de la comparación de la cantidad antes dicha con el plan maestro del Metro 2018-2030, que calcula 68 mil 981 millones de pesos para inversión y mantenimiento entre 2018 y 2024. Además, el presupuesto asignado al Metro en lo que va de este Gobierno ha tenido el siguiente comportamiento: 903.3 millones en 2019; 2 mil 417.9 millones en 2020 y 2 mil 250 millones para el presente año. Pero, según la nota de MILENIO, “…en los primeros dos meses de 2021 no se pudo ejercer un solo peso” de este presupuesto, “aunque ya se tienen comprometidos mil 461.3 millones de pesos”.
De aquí, de esta multiplicidad de actores, deriva, como dije al principio, la dificultad de discernir al culpable. ¿A cuál de todos hay que cargar la culpa y el castigo? La respuesta obvia es: a todos por partes iguales. Pero, suponiendo que esto resuelva el aspecto jurídico del problema, es obvio que, a cambio, generaría un conflicto político de considerables dimensiones. Para convencerse de que es así, basta con salirse del terreno de la justicia abstracta, ideal, y adentrarse en el terreno de la realidad concreta, de la “real politik” y de la correlación de clase entre las familias de las víctimas (incluso sumándoles un evidente apoyo popular) y los poderosos empresarios, funcionarios y políticos que se hallan detrás del desastre. Visto así, el asunto sigue siendo de difícil solución.
Sin embargo, bastaría con plantear el problema correctamente, es decir, en sus justos términos y sus alcances precisos, para que desaparezca su complejidad, más aparente que real. Se trata, no de enjuiciar el funcionamiento y el manejo de todo el Sistema de Transporte Colectivo Metro durante todo el tiempo que ha durado en funciones, sino de averiguar quién es el responsable de un hecho singular y preciso: el colapso del tramo Olivos-Tezonco de la Línea 12. Así delimitado, el acertijo se asemeja al de encontrar al culpable del mal control de un incendio forestal. La acción clave suele ser con frecuencia cortar en forma rápida y definitiva el avance del fuego mediante la apertura, a toda prisa y en el sitio correcto, de una brecha cortafuego.
De modo que si la operación fracasa, el culpable no puede ser otro que el encargado de abrir esa brecha; todos los demás factores pueden reservarse para un momento mejor. Y a quien no le guste este ejemplo, le propongo otro más actual: el combate a la corrupción. Cualquiera entiende que es una necedad total querer erradicar esa lacra encarcelando a los corruptos del pasado pero permitiendo su reproducción y florecimiento en el presente y en las mismas filas de quienes la combaten. Y que sea el que viene atrás el que se encargue de encarcelar a los corruptos de hoy. Eso es un círculo vicioso; un estar comenzando siempre; un modo de simular que se combate lo que en realidad se fomenta. Volvamos a nuestro asunto.
Los gobiernos de Ebrard y Mancera, por suerte o por lo que sea, libraron sin mayores costos los defectos de la Línea 12, pero no erradicaron el problema. ¿A quién correspondía atajar el avance del fuego, es decir, eliminar de raíz el peligro? Al gobierno de Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no escuchó siquiera las quejas y denuncias de los vecinos, que veían a simple vista el deterioro de la estructura en el tramo colapsado? Porque el gobierno de la CDMX no tiene dinero suficiente, como vimos antes. Y así llegamos al núcleo de la cuestión: el verdadero culpable no es, en rigor, la doctora Sheinbaum (aunque ella sea responsable de su actitud sumisa y obsecuente por interés político, como Ebrard en su tiempo), sino su jefe, el que ordenó dejar al Metro sin recursos: el presidente López Obrador.
Y no es responsable solo del colapso de la línea 12; también lo es de una tragedia inmensamente mayor, inmensamente más brutal y devastadora para las familias mexicanas: los 220 mil muertos de Covid-19 y el millón y medio de infectados por el mismo virus. Si 26 muertos en el Metro nos parecen una tragedia desgarradora e imperdonable, ¿qué diremos de los 220 mil muertos causados más por la negligencia oficial que por el coronavirus? Acierta una vez más la periodista Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre!, al calificar el hecho como la tragedia más espectacular que ha sufrido el Metro y no como la más sangrienta ni la de mayores proporciones. No confundir los calificativos es importante para formar la conciencia nacional; lo contrario lleva a la gente a mirar como iguales todos los problemas y le quita motivos para lanzarse a la lucha decisiva contra sus causas profundas.
A los muertos por Covid-19 y en la línea 12, hay que sumar otros 100 mil por lo menos, muertos por la falta de atención, de equipos y medicinas en los hospitales, que los obligaron a interrumpir el tratamiento de sus males crónico-degenerativos o de enfermedades de difícil erradicación: niños y adultos con cáncer, cardiópatas, diabéticos, hipertensos, infectados de VIH y un largo etc. Todos ellos son víctimas del mal manejo de la pandemia y del pésimo estado del sistema de salud pública. Hay que sumar, además, la caída de la economía, la falta de empleos, los bajos salarios, la reducción del ingreso familiar, la creciente ola de inseguridad, la ausencia de obras de infraestructura y saneamiento para pueblos y colonias y mucho más. Todo esto se los debemos al presidente López Obrador y a su 4ª T. Si el pueblo vuelve a votar por Morena, sus sufrimientos y tragedias crecerán en número y en profundidad y se harán eternos. ¡Hago un modesto y respetuoso llamado a todos: pensemos bien y elijamos mejor en la elección que viene! ¡Solo eso nos puede salvar del desastre inminente!
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