El combate a este cáncer social en nuestro país, fue la bandera principal de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la Presidencia de la República, lo diagnosticó como el principal mal del país y aseguró que todos los problemas de los mexicanos se resolverían combatiéndolo, de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras.
En los primeros seis meses de su administración, el presidente mencionó 5 mil 910 veces la palabra corrupción vinculada al daño que su práctica ha ocasionado al país, con el claro propósito de influir en la opinión pública en el sentido de que erradicarla es su principal propósito de gobierno y de esta manera ganarse la aprobación de los ciudadanos, pero se olvidó de que las acciones son las que mantienen y reafirman esa aprobación.
Por ese motivo no cumplió con la instrumentación de las medidas concretas que prometió en el combate a la corrupción, algunas de las cuales son: 1. Prohibir las adjudicaciones directas; 2. Monitorear en línea y en tiempo real el dinero para las adquisiciones; 3. Realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición; 4. Centralizar las instancias de contraloría; 5. Reorientar la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP; 6. Crear una unidad policial especializada en lavado de dinero.
Los resultados concretos en este tema al rebasar los tres primeros años de la administración obradorista, son elocuentes, el diario El Financiero del 15 de octubre de 2021 informó lo siguiente: “México se encuentra en la posición número 135 a nivel mundial en corrupción, de acuerdo con el ranking Estado de Derecho 2021; ha caído en esta categoría por varios años consecutivos. En 2019, el país se encontraba en el lugar número 117 y en el 2020 bajó al 121, esto quiere decir que del año 2020 al 2021 retrocedió 14 lugares más, según el ranking del World Justice Project”.
Seguramente que en esta clasificación influye la conducta presidencial de proteger a varios de sus funcionarios del más alto nivel, cuando han sido evidenciados en su patrimonio, que es inmensamente superior a los ingresos que pudieron haber percibido en los empleos y cargos que han detentado, los ejemplos son múltiples, vayan como ejemplo las casas de Bartlett; los automóviles de Gertz; los moches de la maestra Delfina Gómez, quienes siguen en sus respectivos puestos, gozando de total impunidad. Mención aparte, merece el hecho de que este flagelo salpicó desde hace tiempo a la propia familia presidencial, con los videos de los hermanos Pío y Martin, los contratos de la prima Felipa con Pemex y el más reciente el escándalo de la casa gris en Houston, en el que está implicado el hijo mayor del presidente José Ramón López Beltrán, por un presunto conflicto de interés.
Para completar el cuadro, esta semana se dieron a conocer las irregularidades detectadas por la Auditoria Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2020, que se compone de tres informes. En el primero, los gastos por “recuperar o aclarar” fueron por 461.6 millones; en el segundo por 12 mil 253 millones y; en el tercero 48 mil 114 millones 900 mil pesos, que sumados son más de 60 mil millones de pesos, de acuerdo a datos publicados por el diario El Financiero del pasado 21 de febrero.
El propio informe de la ASF, reporta que algunas de los sectores con más irregularidades son: Desarrollo Económico con 11 mil 848 millones de pesos; Agricultura y Desarrollo Rural 8 mil 920 millones; Desarrollo Social 6 mil 916 millones; Salud 2 mil 728 millones; Bienestar mil 116 millones; Educación mil 86 millones y; Gasto Federalizado 30 mil 522 millones.
Cabe señalar que las obras insignia de la actual administración, como el aeropuerto Felipe Angeles, la refinería Dos Bocas, el tren Maya, están plagados de irregularidades como pagos por trabajos no realizados a empresas fantasmas y sobrecostos; así mismo, los programas sociales como Adultos Mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, son focos de corrupción porque existen en los padrones de beneficiarios, personas que a pesar de haber fallecido “reciben sus apoyos”. Y otros que han recibido los apoyos sin sujetarse a ninguna regla de operación.
Las adjudicaciones directas alcanzan 78.8 por ciento del total de las obras contratadas, lo que representa un foco de una gran corrupción. No existe una diferencia real en este aspecto con los gobiernos anteriores, quienes con toda razón, siguen siendo criticados por los que hoy gobiernan.
El combate a la corrupción fue y es, pues, un vil engaño del presidente, que a la luz de todos estos acontecimientos, queda cada vez más claro, que México sigue en espera del verdadero cambio, que sólo podrá ser construido con la organización consciente de los más humildes. Que conste.
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