Aunque en días pasados se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, esto para hacerles entender a las autoridades el descuido y que de plano no se ha hecho nada para combatir uno de los peores flagelos para familias y sociedades y nos han quedado a deber y han dado mucho de qué hablar.
De las más de 111 mil desapariciones oficialmente reconocidas, en los últimos cinco años se han esfumado sin dejar rastro poco más de 44 mil personas en el territorio nacional y hasta la fecha no se tiene con certeza que ha sido de ellos. Se calcula que en el 76 por ciento de los municipios mexicanos ha desaparecido -y originado una investigación oficial- por lo menos una persona, pero solo se ha quedado en una carpeta sin darle seguimiento y hacer como que nada pasa en nuestro país, ver este problema como algo común.
La desaparición de estudiantes, mujeres, niños y militantes políticos es una característica del conflicto, un fenómeno que entre los mexicanos creció en los últimos años.
Hoy, esas más de 111 mil desapariciones ponen a nuestro país en focos rojos. Entre otras cosas, la ONU concluyó que este lamentable fenómeno continúa siendo generalizado a nivel nacional; que los agentes públicos de los tres niveles de gobierno son los principales causantes, y que la impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de dicho delito.
Conclusiones, todas, que apuntan a un desempeño deficiente de las instituciones y del Estado mismo.
Por eso, en la conmemoración de Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las familias morelenses pidieron información real y un trato digno, humano, que es lo menos que podríamos esperar de las dependencias y funcionarios a quienes mantenemos con nuestros impuestos.
Morelos cerró el año pasado encabezando la lista de desapariciones a escala nacional, en relación con su cantidad de habitantes. Especialistas como el demógrafo Héctor Hernández Bringas, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-Morelos), nos informaba hace unos meses que, hasta noviembre de 2022, en nuestro estado habían ocurrido 725 desapariciones, lo que equivale a más de dos diarias: “el promedio nacional es de 71 desapariciones por millón de habitantes, cifra de por sí grave. En Morelos desaparecen ¡348 por millón!: cinco veces más del nivel nacional y muy, muy por encima de lo que se registra en la mayoría de las entidades federativas”. Y eso sin considerar la “cifra negra”, es decir, las desapariciones que no se contabilizan por diversas causas o que se registran erróneamente.
Son cifras y cantidades espantosas cuya magnitud podría hacer que perdiésemos de vista que detrás de cada número hay una persona, y que esa persona tenía planes, sueños, nombre y apellido.
También tienen familias que no se olvidan de ellos y que los seguirán buscando hasta que la salud, la edad y sus recursos se los permitan, muchas veces ante la indiferencia, y hasta el maltrato, de las dependencias oficiales.
Por eso, en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las familias morelenses pidieron información real y un trato digno, humano, que es lo menos que podríamos esperar de las dependencias y funcionarios a quienes mantenemos con nuestros impuestos.
No hay que perder de vista que, como la mayoría de los delitos, en la desaparición forzada hay otras víctimas, aunque los desaparecidos sean sus seres queridos que ha dejado un vacío inmenso en una familia sin saber de su paradero necesitamos hacer algo y que este gobierno tome acciones pertinentes a este grave problema.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario