El Gobierno del estado de Zacatecas, a través de su mandatario estatal, dio un paso importante al solicitar a la LXII Legislatura la aprobación del impuesto ecológico a la industria minera por parte del Congreso local en diciembre pasado, este deberá ser pagado por empresas mineras que operan en la entidad, bajo el argumento de que daña el medio ambiente de zonas donde se instalan pues contaminan el suelo, aire y los cuerpos de agua, así como los escasos arroyos y filtraciones al subsuelo de los municipios donde explotan minerales como oro, plata, hierro, etc. Las mineras Peñoles, Frisco, Goldcorp, Capstone Gold, Plata Panamericana e incluso la Comisión Federal de Electricidad y Grupo Modelo, deberán también erogar recursos para resarcir los daños al ecosistema.
Es un hecho que el total de las empresas asentadas en la entidad contaminan en alguna medida el medio ambiente, incluso no se escapan algunos organismos como ocurre en el caso de los rellenos sanitarios o las aguas residuales, que son responsabilidad del Gobierno, que de acuerdo a lo anterior, también deberán contribuir con sus pagos respectivos.
La razón principal es la falta de recursos por parte del gobierno del estado para atender temas de salud, justicia, educación, etc., lo que ha provocado variadas manifestaciones de sectores afectados con los recortes presupuestales, que han dejado un mediano nivel de irritación social al Gobierno actual; por lo anterior, se justifica la medida recaudatoria, pues se pretenden lograr mil millones de pesos para atender los rubros mencionados.
Víctor Armas Zagoya, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), ha explicado que esto deriva de La Ley General de Cambio Climático y la Ley de Equilibrio y Protección al Ambiente, también de observancia general, le da la potestad a las entidades para que, en este caso, implementen estrategias de recaudación para financiar las políticas ambientales de las entidades y en el caso del estado, de acuerdo a la Ley de Hacienda de Zacatecas, se llaman "impuestos ecológicos".
El titular de SAMA explicó que el primer impuesto aplica a minerales que no son exclusivos de la federación, es decir, materiales pétreos como grava y cantera; por los que se cobrará por metro cúbico; el segundo impuesto tiene que ver con la contaminación atmosférica y las mineras pagarán 250 pesos por tonelada emitida a la atmósfera principalmente de dióxido de carbono y el metano; el tercer impuesto, tiene que ver con la contaminación del suelo, subsuelo y agua; "se va a cobrar por metro cuadrado de suelo contaminado, y también por metro cúbico de agua contaminada" Por último, el cuarto impuesto está relacionado con el almacenamiento de residuos en los que vienen agentes contaminantes, por ejemplo, los residuos con una alta composición de cromo, plomo y cianuro.
Hasta el momento se ha dado a conocer que han ingresado 9 millones de pesos, lo que corresponde al pago de entre seis y ocho empresas; algunas de ellas se ampararon ante tal gravamen, recurso que fue declarado improcedente y que fue solicitado por la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México.
Es necesario destacar que quienes desde un inicio se opusieron a esta medida no fueron las metalúrgicas, sino el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico que lidera Carlos Pavón, secretario general, denunciando que este ocasionaría la reducción salarial y el posible despidos de trabajadores por el cierre de empresas, a lo que autoridades han respondido que este recurso es mínimo comparado con toda la riqueza sacada del subsuelo zacatecano durante siglos y que ha sumido en la pobreza y destrucción de poblaciones enteras, como es el reciente caso de Salaverna, pequeña y pobre comunidad en el municipio de Mazapil, donde habitantes fueron desalojados de su pueblo y se presume fue para dejarle sin obstáculos a Minera Peñasquito, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim Elú.
Trascendió, que según datos del Fondo Minero, en el año 2014 Zacatecas reunió un total de 444.6 millones de pesos, mientras que la producción fue de 4 mil 83 millones de dólares "lo que significa que, por cada mil dólares de valor, las mineras obtuvieron 999.92 dólares y las instituciones y municipios mineros recibieron sólo 8 centavos de dólar". Una miseria.
La lucha entre poderes, por un lado el Gobierno del estado y por el otro las empresas Mineras -cuyo fuerte es el dinero-, apenas inicia, seguramente en los próximos meses habrá amenazas de que se retiran de la entidad y dejarán sin su fuente de empleo a miles de obreros, con lo que seguirán intentando convencer al mandatario estatal, al congreso local y a la opinión pública de retractarse de esta medida recaudatoria.
El primero (estado), argumenta que necesita el dinero para acciones sociales y el segundo (empresas), busca mantener el margen de ganancia o incrementarlo sin importarle las consecuencias de la sobre explotación y contaminación de los recursos del noble subsuelo de Zacatecas, lo que genera gran concentración de la riqueza en unas cuantas manos y por el otro lado miseria y destrucción.
Se sobreentiende que el gravamen fijado no deberá ser pagado por los mineros y que tampoco deberá afectar el salario ni prestaciones de los obreros porque está dirigido a las empresas explotadoras en Zacatecas, de lo que se deduce, que el Sindicato Minero deberá orientar este argumento hacia sus patrones, que deberán seguir brindando y mejorando salarios pactados, condiciones de seguridad y la creación de nuevas fuentes de empleo, así como la reducción de la jornada laboral y otras relativas a los derechos de trabajadores y los logros, oportunidad inmejorable para reivindicar la lucha sindical.
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