Un ataque sistemático, machacón y demagógico es el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha realizado desde tres meses antes de asumir la presidencia de la República, en 2018, en contra de las organizaciones sociales que -según él- han sido beneficiarias durante años de un supuesto “intermediarismo” que las ha enriquecido de forma ilegal. Particularmente ha sido el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) quien ha recibido en más de 100 ocasiones los ataques de AMLO, el cual, sin haber presentado jamás una sola prueba de sus aseveraciones, ha señalado al MAN como la principal organización “intermediaria” que “lucró con los programas sociales de los gobiernos”, dado que, según el presidente de México, al manejar esos programas “se quedaban con ‘moches’; le daban ‘piquete de ojos’ al dinero de programas y obras, quedándose con buena parte de los recursos del pueblo”. Sin embargo, al no presentar nunca una sola prueba, AMLO, ha quedado evidenciado como calumniador y manipulador.
Sin embargo, su estrategia política no sólo ha consistido en tratar de acabar con las organizaciones sociales que encabezan a las masas empobrecidas por la vía de negarles su derecho a existir y de ser una herramienta clasista que les permita a las masas trabajadoras exigir la solución de sus demandas, sino que también el Gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) está instrumentando una campaña de desprestigio y al mismo tiempo utilizando a los órganos judiciales para perseguir a líderes que dirigen a dichas organizaciones.
Esa misma estrategia contempla la aplicación de un nuevo “intermediarismo”, que utiliza los programas de transferencia monetaria directa y otros, y con este nuevo intermediarismo busca lucrar políticamente a favor de su partido Morena. Es a través de la Secretaría del Bienestar que AMLO y su partido” Morena” ha venido construyendo una estructura con más de 18 mil “empleados” llamados “Siervos de la Nación”, los cuales son los que censan a la población que puede recibir algunos de los programas del gobierno federal. Pero son muchas las voces periodísticas, de la academia, y de las mismas organizaciones sociales y políticas las que han señalado que la forma en que se realizan los censos está “sesgada”. Por ejemplo, Rodolfo de la Torre García, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, declaró en la revista digital Expansión, de su última edición, que:
“Los siervos de la nación no parece que sean personas que tengan experiencia en el levantamiento de información y posiblemente tengan algún sesgo en cuanto a su extracción, me refiero que pueden estar proviniendo de simpatizantes o incluso de partidarios de Morena”. Expansión también da algunos datos sobre lo que representa en gasto público para el gobierno de López Obrador el mantenimiento de esa estructura que sirve para promocionar al morenismo, bajo el disfraz de una estructura del Gobierno federal. “Las 18,147 personas que integran a los Siervos de la Nación son coordinados por 2,464 Regionales, quienes a su vez son supervisados por los delegados estatales de Programas para el Desarrollo, los llamados ‘súperdelegados’…los siervos tienen un sueldo mensual bruto de 10,217 pesos, mientras que los -encargados- regionales perciben cada mes 73,507 pesos brutos. En cuanto a los "súperdelegados", sus salarios son de 122,512 pesos mensuales brutos.”. Haciendo las operaciones aritméticas resulta que, en toda esa estructura de la Secretaría del Bienestar, anualmente sólo para pagar salarios de funcionarios y de “Siervos de la Nación” se utilizan más de 4 mil millones de pesos anualmente del presupuesto público. Las obligadas preguntas:
¿Estamos obligados los mexicanos a pagar con nuestros impuestos a promotores de Morena disfrazados de empleados del gobierno? ¿Y no está acaso pisoteando la ley el mismo presidente de la república con esta trasgresión? Y a la forma sesgada de realizar el censo para ubicar a los “beneficiarios” de los programas sociales, se le suman las constantes denuncias que fueron documentadas por muchos ciudadanos y presentadas en los medios de comunicación sobre la labor que realizaron los “servidores de la nación”, los cuales sin ningún recato invitaban a los receptores de los programas de la Secretaría del Bienestar en las pasadas elecciones de junio a votar por los candidatos de Morena.
El Artículo 9º de la Constitución Política de México dice en su primer párrafo: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito…” y el artículo 8º de la Carta Magna dice: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa… A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.
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