El artículo 1. de los derechos humanos establece que: “el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna”. La observación número 15 también establece el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
El artículo 4°, párrafo 6 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Citó de entrada estos preceptos constitucionales en donde queda plasmado el derecho que tenemos todos los ciudadanos de contar con el agua; el Estado, es decir, las instituciones de gobierno, son las encargadas de garantizar este derecho. La ley establece que los 3 niveles de gobierno, es decir, el presidente municipal, el gobernador y el presidente de la república son los encargados y obligados, por lo tanto, de suministrar el agua en los términos que dicha ley establece, o sea, suficiente, saludable y asequible a todos los ciudadanos.
Por otra parte, todo gobernante, al tomar posesión de su cargo, ya sea municipal, estatal o federal, protesta cumplir y hacer cumplir la ley. Cualquiera entiende que protestar cumplir con la ley, tiene que cumplir en los hechos que, en este caso, es otorgar el servicio del agua en donde habita un ciudadano mexicano.
Si tener agua a nuestra disposición en forma suficiente, saludable y asequible para nuestro uso personal y doméstico es un derecho, no es una sino tres autoridades las encargadas de darle agua a todos los mexicanos, ¿Por qué hay pueblos que tienen 40 o más años de existencia y aún no cuentan con ese vital líquido? ¿a qué se debe que los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal no han cumplido con esta obligación legal? Aún más, si se comprometen, al asumir su mandato, cumplir y hacer cumplir la ley, entonces nos preguntamos de nuevo ¿por qué no han respetado ni su propia protesta ante la legislatura o cabildo correspondiente? La respuesta es muy simple. Han convertido el poder público en una verdadera farsa. Protestan ante sus gobernados cumplir la ley sabiendo que le están mintiendo al pueblo.
Toda autoridad del poder público que recibe una petición ciudadana de palabra o por escrito, está obligada a otorgar una respuesta de la misma manera. Esto tampoco se cumple. Lejos de ello, cuando los ciudadanos insisten en la solución de su demanda, la autoridad empieza a maniobrar para hacer cansar al peticionario; si éste insiste en su demanda comienza la calumnia, la intimidación y llegado el caso la represión en su contra, solamente porque solicita agua como la ley lo establece. Decirle a un presidente municipal que en tal calle o colonia o ejido no hay agua y que ahí viven ciudadanos mexicanos, con este simple planteamiento, el presidente debería, sin más, inmediatamente buscar el mecanismo y los recursos para llevar el agua hasta el lugar solicitado porque así está escrito en la ley.
La realidad es diferente. En el municipio de Alaquines, en San Luis Potosí, municipio que se localiza en los límites de la región huasteca hay comunidades como Cañaditas, que existen desde hace más de 50 años y aún no cuentan con un servicio de agua suficiente, saludable ni accesible para el consumo humano de sus habitantes. Aparte de estar en completa marginación, pues su camino de acceso que consta de 6 kilómetros es como si se tratara de una vereda de esas que se utilizaban solo para paso de bestias en la edad media, los habitantes siguen esperando el agua para vivir saludablemente. En la cabecera municipal los ciudadanos tienen que gastar doscientos pesos a la semana para comprar un tinaco lleno de agua porque no cuentan con agua potable.
Según datos del Inegi 2020, la población de Alaquines es de 7785 habitantes. De este total el 65% carece de servicios básicos, entre las que se encuentran el servicio del agua. Es además catalogada como población rural al 100%. El 56% padece de pobreza y el 25% se encuentra en pobreza extrema. El 53% tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínima, o sea, más de la mitad de la población no tiene los recursos suficientes ni siquiera para alimentarse bien. En estas condiciones todavía tiene que cargar con el gasto de la compra de agua para su consumo, ya que el gobierno no le otorga ningún apoyo a pesar de que paga impuestos
Al llegar a la presidencia de la Republica el presidente Andrés Manuel López Obrador, un buen porcentaje de los ciudadanos pensó que finalmente podrían salir del atraso, olvido y sufrimiento en que los habían sumido los anteriores gobernantes. Pero han transcurrido ya 3 años y las comunidades siguen sin agua y olvidados. La consigna de “primero los pobres” de la 4T ha sido un engaño vil.
En vez de destinar más recursos para resolver los problemas de los mexicanos más necesitados, AMLO eliminó el Seguro Popular, les quitó recursos a los municipios a través de los ramos 23, 33 y 28, que se destinaban para obras públicas, seguridad y apoyo social por parte de los ayuntamientos, eliminó el procampo y, en cambio, destinó miles de millones de pesos a su obras por su capricho, por ejemplo, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía cancelando el aeropuerto de Texcoco que ya tenía un avance del 40% porque, a decir de él, se inundaba y era una gran fuente de “corrupción” (aunque hasta la fecha no hay nadie en la cárcel por tal motivo). Sigue destinando miles de millones de pesos a su Tren Maya, sin importarle la destrucción de reservas naturales en la Zona Maya y también miles de millones de pesos a la Refinería de Dos Bocas.
Las autoridades municipales también se lavan las manos ante la carencia de agua en las comunidades pretextando que no tienen recursos y en vez de buscar alternativas para ayudar a sus gobernados simplemente se cruzan de brazos y se conforman con lo que AMLO les otorga. No luchan, no reclaman y dejan a su suerte a los ciudadanos.
Ante esta actitud conformista y sumisa de las autoridades locales y el nulo apoyo de parte del gobierno de la 4T a las necesidades de los pueblos y colonias, queda demostrado que los gobiernos no están para resolver los problemas de los mexicanos, que lo que dicen y pregonan en campaña es una verdadera farsa, ya que lo que les preocupa e interesa una vez que llegan al poder, es seguir conservando su buena vida y quedar bien ante sus amigos, los poderosos.
¿Qué nos queda por hacer a los necesitados, los que vivimos en las comunidades donde no hay agua, los que trabajamos para llevar, aunque sea un poco de pan a nuestros hogares, los que sufrimos ante la falta de caminos, ante la falta de servicios de salud, etc.? Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer unidad, darnos valor, adquirir conciencia y conocer nuestros derechos para que todos juntos luchemos y logremos que nuestras autoridades cumplan con lo que les dicta la ley y conquistemos lo que por derecho nos corresponde.
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