De acuerdo con datos publicados por el colectivo “Cero Desabasto”, en 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó sin surtir completamente cinco millones 040 mil 111 recetas. En 2020 fueron 15 millones 857,785; para 2021, la cifra aumentó a 22 millones 062,617 y, hasta agosto de 2022, no se surtieron completamente nueve millones 958,100 recetas.
En lo que se refiere a las unidades médicas de la Secretaría de Salud, se registró el porcentaje más bajo de surtimiento de recetas en el primer cuatrimestre de 2022, con 71 por ciento de recetas surtidas efectivamente en las zonas rurales y 73 por ciento en las urbanas. Este abasto irregular de medicinas representó una pérdida económica para el IMSS de 5,155 millones de pesos en 2022.
¿Por qué no hay medicamentos en el sector público? Los especialistas aseguran que esto ocurre por una mala planeación por parte del Gobierno federal, por la inoperancia del INSABI y porque, de acuerdo con Cero Desabasto, la compra de los medicamentos se hace mediante adjudicaciones directas. Una adjudicación directa es cuando una dependencia de gobierno compra mercancías a un particular de forma preferencial (a veces por conveniencia personal) bajo el falaz argumento de que no hay competidores. Aunado a ello, que las compras son centralizadas y porque la logística sigue siendo deficiente.
Así lo sostiene del Instituto Farmacéutico México: “Es preocupante la logística y la distribución que no se ha logrado resolver y esto genera niveles de abasto heterogéneo entre las unidades y entidades. Las compras consolidadas para 2023-2024 muestran retraso en sus procesos para medicamentos y material de curación, lo que llevará a que las instituciones públicas resuelvan de manera apresurada y con costos elevados”.
Esto acarrea una grave situación: Siete de cada 10 mexicanos con diabetes no logran controlar su enfermedad; es decir, casi el 70 por ciento de los diabéticos tienen riesgo de padecer complicaciones, algunas mortales.
Ante este panorama difícil, los mexicanos gastan más en salud. Este severo desabasto de medicamentos en México incrementó hasta en un 68 por ciento el gasto de bolsillo de las familias, sobre todo entre las más pobres y sin seguridad social, para acceder a tratamientos básicos para el control de enfermedades, aseguró Andrés Castañeda Prado, médico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al diario Milenio (21, marzo de 2023).
En el sitio web “Dificultades para el acceso a los medicamentos”, encabezado por Luis Fernando Hernández Lezama, presidente del Consejo de Soy Paciente, se lee: “si antes, con el Seguro Popular, el gasto de bolsillo llegó a ser del 40 al 49 por ciento, con la pandemia se elevó a 68 por ciento y, a pesar de los ajustes sanitarios, sigue habiendo familias deben gastar 60 por ciento de su salario para cubrir las recetas”.
En suma, un gobierno que no puede garantizar el cuidado de la salud no puede considerarse como un gobierno de los trabajadores. Todas las explicaciones de este desabasto apuntan a la negligencia, y esto habla no sólo de torpeza, sino de desinterés: no tienen como prioridad mejorar la calidad de vida de la población más pobre.
La gente comprueba que el apoyo de las transferencias monetarias directas no compensa, ni de lejos, las desatenciones que el Estado, principalmente en el sector salud, prolonga y profundiza. La pobreza es, en primer término, la causante de muchísimas morbilidades, y luego la desatención médica prolonga el sufrimiento. ¿Una población enferma puede tener la energía para reclamar una vida más digna? ¿Mantener una población resignada a no esperar nada del sector salud público no representa una enorme oportunidad para que el negocio de la salud privada se consolide y con ello sólo beneficie a una élite millonaria?
La clase trabajadora de este país debe tomar el problema en sus manos; no se trata solo del cuidado de los pacientes de ahora, sino de exigir desarrollo económico, con un Estado que genere las condiciones para la equidad social, para que de esa manera la calidad de vida sea un respaldo que fortalezca la salud de todos; complementado con un plan integral de salud deportiva y de salud preventiva; fortalecer los planes de vacunación y atención médica con prioridad en zonas rurales apartadas y en centros poblacionales de alta marginación. Todo esto, desde luego, encontrará el obstáculo de una clase empresarial que ha hecho su inmensa riqueza por hacer negocio con los derechos públicos; sólo el pueblo organizado podrá sostener esta batalla, una batalla, ciertamente contra el sufrimiento y la muerte.
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