El portal de noticias municipiospuebla.mx recogió las declaraciones del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del el Congreso local poblano, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien “…avaló la nueva ley de Transporte del Estado de Puebla que enviará el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya que el objetivo del ejecutivo es regular el servicio de las grúas y de los corralones. El jefe del Ejecutivo estatal advirtió que, desde la semana pasada, la Secretaría del Medio Ambiente inició con la clausura de corralones en todo el estado, debido a que operaban de manera irregular y no contaban con estudio de impacto ambiental. Además, reveló que las organizaciones como Antorcha Campesina se molestaron y han comenzado a manifestarse, porque se les acabó el negocio y los actos de corrupción que tenían con el abuso en los cobros por este servicio de arrastre, en el que los policías municipales están vinculados porque reciben regalías. Aseguró que las organizaciones compraron cientos de grúas para llevar a cabo un negocio, por lo que desde el gobierno del estado combaten este servicio irregular, pues estas acciones llegan al punto de la corrupción de todo lo que es el transporte público. Sin embargo, se comprometió a limpiar estas operaciones…”. ¡Puf! Llegamos al final de esta enredosa y calumniosa declaración. “¿En manos de quiénes estamos?”, declaró célebre señora después de conocer vida y obra de nuestros políticos.
El diputado Salomón “avaló” una iniciativa que ¡apenas será enviada por el gobernador! Es decir, sin haber oído argumentos en favor o en contra, por parte de sus pares. Así, pues, su proceder lo hace conspicuo alumno del gobierno absolutista de Barbosa.
El objetivo de la iniciativa del gobierno estatal no tiene como finalidad principal regular el servicio de grúas y corralones, como asegura Salomón, sino darle un tinte legaloide al acto represivo orquestado por Barbosa y la Secretaría de Transporte y Vialidad, en contra de más de 150 grulleros agremiados en el Movimiento Antorchista Nacional. En otras palabras, con el envío de la iniciativa se reconoce implícitamente que se cometió un atropello a los derechos humanos y constitucionales de los grulleros, que se les aplicó el “mátalos, después veriguas” y, buscando fundamentación a sus abusos, en complicidad con Salomón, se pretende justificar, las acciones represivas de un gobierno absolutista.
Tanta obsequiosidad de Salomón con Barbosa acaba con la división de poderes, y trueca la independencia como diputado, en obediencia de mozo de cuadra de Miguel Barbosa. La declaración de Salomón pone en boca del ejecutivo la justificación de la clausura de corralones por carecer de estudio de impacto ambiental. No tengo ninguna duda de que es cierto que se realizó esa declaración; como es cierto también que a los únicos que se les aplicó dicha medida es a los antorchistas. Por esa razón son los únicos que ahora protestan por el uso arbitrario de la ley.
¿Por qué no se cita a otras organizaciones de grulleros afectados por esa medida? ¿Por qué se cita exclusivamente a Antorcha Campesina, como si fuera la única que operara contrario a la normatividad recién impuesta? Porque de lo que se trata es de acabar con el Movimiento Antorchista, porque se busca dar un cariz legaloide a un abuso de poder, a un acto de represión política, a un acto liquidacionista. Pretenden con ello inhabilitar las más que justificadas protestas de los grulleros de Antorcha y las quieren hacer aparecer como actos injustificados y totalmente fuera de la ley, como si se protestara en aras de algo ilegal. El gobierno de Barbosa y el diputado Salomón, con su uso perverso de la Ley, quieren maquillar la imagen que todos los poblanos tienen del Gobierno barbosista: absolutista, dictatorial, represor, enemigo de las ideas y de la libertad de pensamiento.
Al decir Salomón o Barbosa (que para el caso es lo mismo), que organizaciones como Antorcha se molestaron porque se les acabó el negocio y los actos de corrupción en los que los policías municipales están vinculados porque reciben regalías, están reconociendo, lo quieran o no, que dejaron sin trabajo a más de 150 grulleros antorchistas, a esposas e hijos, sin la oportunidad de poder vestir, calzar y comer. Cual Arquímedes de Siracusa gritan “Eureka” al haber “descubierto” corrupción en policías municipales. Genial dúo. Aceptando sin conceder, que su afirmación fuera cierta, ¿acaso somos los únicos? ¿por qué toda la declaración gira en torno a Antorcha? ¿también van a dejar sin trabajo a los policías municipales corruptos? Como seguramente no lo harán, quedará demostrado el uso y abuso de la calumnia como arma de desprestigio, quedará clara la aplicación mafiosa de la ley y el carácter unilateral y represivo de tal medida en contra de Antorcha.
Aseguró Salomón o el ahora “góber precioso”, da igual, que “las organizaciones compraron cientos de grúas para llevar a cabo un negocio, por lo que el gobierno combate este servicio irregular, pues estas acciones llegan al punto de la corrupción de todo lo que es el transporte público”; sin embargo, “se comprometió a limpiar todas estas operaciones”. Hasta donde alcanzo a saber, no es un delito comprar grúas y hacer negocio con ellas o comprar cualquier vehículo para ganarse el sustento diario con el sudor de la frente.
Aseguran que “todo el servicio del transporte público está corrompido”. Muy bien. Entonces, ¿por qué sólo a Antorcha se le clausuran los corralones y se le impide prestar servicio de grúas, habiendo tanta tela de donde cortar? ¿Por qué sólo a Antorcha se le cita por su nombre y a nadie más? Porque de lo que se trata, con esta grosera manipulación de la opinión pública, es hacer aparecer como acción contra la corrupción y aplicable para todas las organizaciones, una medida estranguladora inventada para destruir al Movimiento Antorchista. Esperamos ver acciones enérgicas, iguales o parecidas, contra todo acto de corrupción en el transporte público. Cuidado y vayan a salir con la argucia de que todos los demás concesionarios cumplen con los requisitos y son impolutos a toda prueba, razón por la que no merecen ningún castigo. Quedará demostrado que, hoy como ayer, al perro más flaco se le cargan las pulgas y, por tanto, la falsedad de su eslogan “primero los pobres”.
Seguramente de manera enredosa, pero he tratado de demostrar con cierta lógica que las declaraciones de Salomón, cilindreadas desde el poder estatal, buscan justificar de manera legaloide y burda los actos represivos orquestados por Barbosa en contra del Movimiento Antorchista. Son graves las declaraciones no sólo porque se asume el papel de defensor oficioso de actos totalmente abusivos, indignos en representantes del pueblo, sino porque se intenta justificar un abuso de poder, un atropello brutal contra los derechos humanos y constitucionales de los grulleros, por el “delito” de ser antorchistas. Salomón Céspedes, como presidente del congreso local, no únicamente está obligado a hacer respetar y defender el derecho de los antorchistas a la libre organización, sino también porque con su actitud lacayuna acaba con la división de poderes y con la independencia de éstos, de manera que el pueblo se encuentra totalmente indefenso y sin tener a quién recurrir en busca de amparo y de justicia. Esta conducta conduce inevitablemente al fortalecimiento del régimen absolutista que asoma las orejas en las acciones de López Obrador y de Barbosa.
Por todo lo anterior, la lucha organizada de los atropellados por el gobierno no sólo es justa, sino absolutamente necesaria para marcar el alto a tan graves desmanes, para poder intervenir en los asuntos públicos y políticos del gobierno, impidiendo las acciones abusivas de los gobiernos morenistas. La lucha de los grulleros en defensa del trabajo no solamente los beneficia a ellos, sino a todo el pueblo trabajador. Apoyarlos en su lucha es nuestra obligación política y moral.
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