La violencia contra la mujer es un tema de preocupación mundial y, actualmente, es un problema público que afecta más a las mujeres porque vulnera sus derechos fundamentales, atenta contra sus vidas e impide el desarrollo de una sociedad inclusiva y democrática.
En México, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada 24 horas por razones de género. El feminicidio, que es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres, sólo es la punta del iceberg de una problemática aún más grande en el país; el 66 por ciento de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económico, físico, sexual o de discriminación a lo largo de su vida.
Ningún país puede aspirar a ser una sociedad plenamente democrática mientras persistan la desigualdad, la discriminación, y la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, en México, la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente que lastima no sólo el tejido social, sino a la dignidad de las mujeres que, además, numéricamente ha logrado figurar en un mundo en el que la equidad de género esté más allá de la retórica y donde se destierren las prácticas y tradiciones sociales que afectan a las mujeres.
Los avances son evidentes; la creciente participación de las mujeres en la vida social, económica, política y cultural de nuestro país es un hecho que enaltece. Su presencia en el mercado de trabajo en las últimas décadas deja atrás las viejas ideas sobre el papel tradicional de la mujer en la sociedad. Su desempeño en el ámbito educativo revela una eficiencia terminal mayor y menores índices de reprobación que los varones. Su paulatino empoderamiento político ha fortalecido nuestra democracia.
Y aquí la dura realidad, México sumó 3 mil 462 mujeres asesinadas de enero a noviembre de 2021, de esa cifra, un total de 992 mexicanas fueron víctimas de feminicidio. La violencia y los feminicidios están matando a la sociedad mexicana, y las autoridades competentes se hacen de la vista gorda y de oídos sordos.
Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas deben partir de un enfoque multidimensional, para incidir en las numerosas formas que originan la violencia. Asimismo, éstas deben considerar el involucramiento, no solo de las instituciones estatales, sino de las sobrevivientes de violencia, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de la comunidad en su conjunto. Sólo así se podrá transformar nuestro mundo, sin dejar a nadie atrás.
Atender las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y las niñas desde sus raíces, lo que implica la necesidad de tomar acción para la prevención, promover marcos normativos y de política pública que sean integrales; que tengan perspectiva de género y de interculturalidad; con enfoque de derechos humanos, en cumplimiento de los más altos estándares internacionales, y que sean efectivamente implementados.
Fortalecer a las instituciones estatales, así como a la sociedad civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y con recursos suficientes para esta tarea. Generar información estadística y evidencia que se encuentren alineados a estándares internacionales en la materia, para crear normas, políticas públicas que prevengan y atiendan adecuadamente la violencia contra las mujeres y las niñas.
Proveer servicios accesibles de calidad para la atención de víctimas de violencia; servicios de salud y de procuración e impartición de justicia con estándares internacionales.
Necesitamos un movimiento global para poner fin a todas las formas de violencia hacia las mujeres y niñas, así que fortalezcamos a los movimientos que buscan sacar a la luz y poner bajo un reflector la violencia contra las mujeres y las niñas.
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