Apenas el pasado 23 de marzo, en reunión realizada en la sede del poder ejecutivo del estado, en la que estuvo representada la Secretaría de Gobierno por el licenciado Baltazar Vilchis, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural por el ingeniero Adolfo Ledesma y el Movimiento Antorchista de Guanajuato, por quien esto escribe, se ratificó el compromiso de la administración estatal, consistente en la pavimentación de tres caminos rurales, dos pertenecientes al municipio de Dolores Hidalgo, los que conducen a las comunidades San Marcos de Abajo y Refugio de Trancas y uno del municipio de Guanajuato, el que lleva a la comunidad de El Zangarro.
Los funcionarios en mención, de manera categórica manifestaron que los trámites burocráticos establecidos en las reglas de operación del “Programa Conectando Mi Camino Rural”, estaban totalmente cubiertos por los Ayuntamientos involucrados, así como por la dependencia estatal y que solamente era cuestión de esperar fecha para la firma de los convenios interinstitucionales entre los dos niveles de gobierno.
Nos retiramos de la reunión con los compañeros campesinos representantes de las comunidades que me hicieron el favor de acompañarme, contentos por el acuerdo logrado, pero no confiados, por esa razón acudimos el pasado jueves 31 de marzo ante la dirección de desarrollo social del Ayuntamiento de Dolores para preguntar si ya habían sido notificados sobre la fecha de la firma del convenio. Nos informaron que la SDAyR, mediante oficio SRN-064/2021 de fecha 25 de marzo, firmado por el ingeniero Roberto Castañeda Tejeda, Subsecretario de Administración y Eficiencia de los Recursos Naturales Agropecuarios del Sector Rural, les informaba que solamente quedaba autorizado un proyecto de pavimentación para el municipio. ¡Oh sorpresa! No era ninguno de los convenidos, dos días antes de la emisión del oficio.
Es preciso señalar, que el camino a San Marcos debió realizarse desde el año pasado y que por cuestiones de “validación oportuna” del proyecto ejecutivo se transfirió para el actual ejercicio fiscal, ¿y ahora, cuál será el pretexto para dejarlo fuera de programa? Desde nuestro punto de vista, no hay ninguno, cuando menos justificado y con validez, para que el gobierno del estado prive del desarrollo que significa esta obra, a los habitantes de las comunidades de Palacio de Abajo, San Vicente, San Marcos y Las Haciendas de Abajo y de Arriba, que son las directamente perjudicadas, con la decisión tomada.
También creo pertinente insistir, en que el incumplimiento de los compromisos del gobierno del estado, no sólo es en el tema de la pavimentación de estos caminos, sino, en la rehabilitación de otros diez caminos de diferentes municipios, así, como en la construcción de obras complementarias en varios centros educativos de distintos niveles y las obras de agua y drenaje de la colonia Manuel Serrano, que no detallo, porque ya lo hice en las semanas anteriores en otros escritos.
El caso que agregamos en estas líneas, es la arbitrariedad laboral que la Secretaría de Educación, está cometiendo con dos humildes trabajadores de la Escuela Secundaria Ramón López Velarde, de San Miguel Emenguaro del municipio de Salvatierra, que consiste en que no les han pagado su salario completo desde el mes de agosto del 2020, se trata del licenciado Jorge Martínez Villagómez y la señorita Elizabeth Martínez Salinas, quienes se desempeñan como prefecto y secretaria respectivamente, el primero, tiene 21 años prestando sus servicios y la segunda, 5. Esto es un atropello en sus derechos fundamentales como trabajadores, que se agrava por la situación de pandemia en que nos encontramos inmersos. La respuesta a este problema, siempre ha sido positiva, pero la cuestión es que no se materializa y el sustento delos compañeros afectados y sus familias, se ha visto severamente lastimado.
Como lo manifestamos con anterioridad, a riesgo de que nuestra insistencia ciudadana se interprete como un desafío a la autoridad, queremos dejar claro que no lo es, porque el antorchismo ha seguido los cauces legales que nos han marcado las autoridades en las innumerables mesas de trabajo en las que por más de dos años hemos participado.
De nueva cuenta, nos acogemos a las palabras de las máximas autoridades del estado, ahora, a las escritas el día de ayer primero de abril, por la licenciada Libia García Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter, donde manifestó: “La gobernabilidad es diálogo y respeto a la pluralidad, por ello y porque es una convicción de nuestro gobernador @diegosinhue, dialogué con las Presidentas y Presidentes de los Partidos Políticos, a quienes agradezco su disposición para construir la grandeza de #Guanajuato”.
Por eso, desde este modesto espacio reiteramos nuestra petición de diálogo respetuoso y con soluciones, para una parte de la sociedad guanajuatense más humilde, que organizadamente han planteado las necesidades más apremiantes que los aquejan y que no han encontrado hasta el momento una respuesta tangible. Para lo cual, acudiremos el próximo jueves 8 de abril, de manera ordenada, pacífica y guardando todas las medidas sanitarias establecidas por la autoridad respectiva, dentro del marco de la ley, un contingente integrado por comisiones representativas de los diferentes municipios con la problemática social antes expuesta, a las oficinas donde despacha la encargada de la política interna en el estado, para demandarle su intervención e ir saliendo de la duda. No hay de otra.
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