"Democracia y Justica Social", reza el lema que rige al Partido Revolucionario Institucional (PRI), lema que sintetizó correctamente las aspiraciones del pueblo mexicano que participó en la revolución de 1910. Democracia se pedía, porque el poder político, como se sabe, estaba absolutamente secuestrado por el estilo dictatorial de gobernar de don Porfirio Díaz, que imponía autoritariamente a cualquier funcionario de elección popular, desde el más insignificante hasta el más encumbrado sin que nadie rechistara o, si alguien lo hacía y se revelaba a los sacrosantos designios del dictador, era reprimido con la cárcel, el destierro o el asesinato. Y Justicia Social pedían los mexicanos, porque la pobreza era inaguantable: el desempleo, el hambre, la enfermedad y el analfabetismo afectaba al 95 por ciento de la población, en tanto que un minúsculo grupo de ricachones concentraba escandalosamente la riqueza y hacía ostentación de ello. El PRI, como partido heredero de aquel movimiento armado que costó más de un millón de vidas, casi todos campesinos misérrimos, supo sintetizar en su lema, como ya dije, los más caros anhelos del pueblo mexicano de aquel tiempo.
Ahora bien, nadie niega que el país ha mejorado en muchos aspectos si comparamos al México de hoy con el de hace un siglo. No obstante, políticos priistas del alto nivel han reconocido que la deuda con la llamada Justicia Social continúa aún pendiente, tal como lo aceptó en el año 2011 el hoy presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto en su libro: "México, la gran esperanza", en donde admite, sin ambages, que la Constitución de 1917 en la cual se plasmaron los derechos de todos los mexicanos (al empleo, al salario digno, a la educación, a la salud, a una vivienda digna, etc.) se han quedado en derechos de papel, en letra muerta que no han cobrado vida en el terreno de los hechos y que, por lo tanto, la inequitativa distribución de la riqueza del año 1910 se mantiene esencialmente igual, con decenas de millones de pobres de un lado y unas 20 familias de multimillonarios del otro. Y fue, entre otros factores, esta deuda histórica impagada a lo largo de 70 años la que provocó que el todopoderoso PRI, en el año 2000, perdiera por primera vez la presidencia de la República porque se generalizó el desencanto popular. Y aunque el PRI retomó la silla presidencial en el año 2012, sea lo que sea, por causas internas y otras atribuibles a la crisis económica internacional, por ejemplo (baja del precio del petróleo, la devaluación y la recesión estadounidense), lo cierto es que en el actual sexenio se han acumulado otros dos millones de pobres más, con lo cual se aleja de la posibilidad de saldar la deuda histórica.
Otra razón poderosa que provocó la salida del PRI de Los Pinos en el año 2000 fue la falta de democracia, problema que se observaba claramente cuando le arrebataba triunfos electorales a otros partidos políticos (unos falsos y otros ciertos, pero el hecho ocurrió). Y seguramente lo que más ha afectado al tricolor es su falta de democracia interna, es decir, el carácter monopólico del poder de unas cuantas familias de casiques locales y regionales que se rolan los puestos públicos, con evidente nepotismo y enriquecimiento insultante, a la vista de propios y extraños; cacicazgos que se comportan como si el poder político lo tuvieran escriturado y que miran a cualquier persona u organización emergente como un adversario peligroso al que debe acallarse a cualquier costo. En este estilo de aplicar la "democracia", lo digo francamente, no se nota ningún cambio en la actualidad, ningún intento de mínima autocrítica respecto al viejo PRI antidemocrático del año 2000. Al contrario, algunos casiques locales y hasta gobernadores consideran que lo que falta es "más mano dura" y usar "todo el peso de la ley" para someter a los levantiscos, no obstante que ello fractura y debilita al partido, razón por lo cual los principales cuadros del PRD y de MORENA emigraron del PRI hacia esos partidos, aunque también algunos lo hicieron por desmedida ambición personal de poder.
Pues bien, estos comentarios vienen a cuento, porque esa misma postura antidemocrática se observa hoy en el PRI y en el gobierno del estado de Hidalgo. En dicha entidad habrá elecciones para gobernador, diputados locales, presidentes municipales y regidores para el próximo mes de junio. Así, como resultado de un trabajo tesonero, constante y sufrido a lo largo de 30 años, Antorcha ha logrado conquistar la simpatía de casi 100 mil hidalguenses, fundamentalmente en las zonas rurales e indígenas que son las más olvidadas, gracias a lo cual nuestros compañeros han crecido y creen estar en posibilidades de contender en tres alcaldías (Huehuetla, Nopala y Alfajayucan), en dos distritos locales, por una diputación plurinominal y varias regidurías. Prueba de este crecimiento es que en el año 2014 repletaron el estadio de futbol profesional de Los Tuzos, con una asistencia de 50 mil antorchistas, evento al que acudieron diputados y funcionarios de alto nivel del PRI, y son, por tanto, testigos de primera mano de que no estoy mintiendo y saben, además, sin arrogancias de ningún género, que ninguna otra organización del partido puede hacer un evento de esta magnitud en Hidalgo.
Pero ¡oh sorpresa! En lugar de una reacción respetuosa del PRI estatal ante nuestra solicitud, en días pasados se desencadenó una cacería de brujas: se detuvo y encarceló arbitrariamente a dos inocentes colonos; se enviaron agentes judiciales para buscar y aprehender al compañero Andrés Pérez Vázquez (miembro del comité Estatal) y corrió el rumor de que existe una orden de aprehensión en contra de la profesora Guadalupe Orona Urías, cabeza de nuestra dirección estatal en Hidalgo. Lo sospechoso de lo ocurrido es que hasta antes de hacer nuestra solicitud formal al PRI sobre las posiciones políticas mencionadas, la relación con el gobierno estatal era relativamente buena y de pronto, como rayo en cielo sereno, se arremete agresivamente en contra de la organización. ¿Qué varió con el gobierno si el trato era más o menos aceptable? La respuesta es obvia: a los altos mandos les molesta que Antorcha ya no sólo plantea demandas de orden material, como obras y servicios, sino que tengamos "el atrevimiento" de querer participar con candidatos propios en las elecciones, lo cual consideran una osadía y completamente ilegítimo.
Pero no hay ni una cosa ni la otra de nuestra parte. En primer lugar, es legítimo, porque somos una organización afiliada al PRI desde 1988, partido cuyos estatutos y documentos básicos dicen que tenemos pleno derecho a votar y ser votados (contender en las elecciones), salvo que exista algún problema judicial (que por lo visto, es lo que se pretende inventar o exagerar para dejarnos fuera de la contienda). En segundo lugar, no es ninguna osadía, producto de nuestra mente ambiciosa de buscar poder por el poder mismo, puesto que las posiciones que solicitamos se apegan perfectamente a la fuerza política que hemos adquirido a base de trabajo y de lucha incansables por más de tres décadas con los hidalguense, a diferencia de otros políticos, esos sí, a quienes sólo basta pertenecer a una familia de abolengo, tener una posición económica holgada y buena relación con los de "arriba" para que los aprueben en las listas de candidatos. Por tanto, mis compañeros antorchistas hidalguenses no sólo tienen la razón y el derecho de su lado al pretender las posiciones políticas referidas, sino incluso la obligación moral y política de luchar por esas posiciones, porque ya se ha probado en varios municipios del país de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Estado de México y San Luis Potosí, que donde gobierna Antorcha lo hace bien, las comunidades progresan aceleradamente y la gente vive mucho mejor. Asimismo, deben saber que cuentan con el apoyo solidario de los antorchistas mexiquenses y del país, no importando cuáles sean los obstáculos que se presenten. Y respecto al PRI hidalguense, debe recordar el adagio que sentencia, "renovarse o morir", y que Antorcha es un movimiento fresco y prestigiado entre los pobres de esa entidad.
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