Las consecuencias de la fallida estrategia de seguridad por parte del Gobierno federal, llamado de cuarta transformación y encabezado por el propietario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, se pueden observar en miles y miles de mexicanos huyendo en su propia patria para tratar de salvar sus vidas, acechados constantemente por las bandas criminales que no han sido frenadas por autoridad alguna.
Familias enteras, principalmente de núcleos empobrecidos, de lugares enclavados en la sierra, buscan refugio en otros rincones de México, después de que durante este sexenio han sufrido gravemente agresiones de diversa índole, donde han sido masacrados o secuestrados para ser utilizados como murallas de carne que impidan el acceso de bandas enemigas o del mismo ejército.
Familias enteras, principalmente de núcleos empobrecidos, de lugares enclavados en la sierra, buscan refugio en otros rincones de México, después de que durante este sexenio han sufrido gravemente agresiones de diversa índole.
Así se ven obligados a abandonar sus hogares, sus jacales y pocas pertenencias, mujeres cargando a sus hijos en las espaldas, hombres caminando en huaraches o descalzos, presas de tremendo miedo, mientras que atrás de ellos siguen silbando las balas en medio de una impunidad evidente que entierra el famoso slogan de la esperanza y la transformación esgrimidos desde siempre por el mandatario mexicano.
Ya no es cuestión de brindarles salud, empleo o educación a todas esas familias, ahora el problema es más grave porque se les tiene que brindar protección y seguridad, aspectos que nunca han llegado a ellos. Por eso huyen en su propia patria como si se tratase de gente extraña aunque hayan nacido bajo este mismo cielo mexicano.
El periodista Ricardo López, en su reportaje denominado “Niños y jóvenes en Chiapas a merced de la violencia criminal”, plasma la espantosa realidad que se está viviendo en México, donde se podría decir que muy pocas entidades han logrado blindarse frente al asedio de las bandas del crimen organizado.
Él se refiere a Chiapas únicamente, pero lo cierto es que la tragedia criminal se vive en casi toda la nación, mientras que en sus acostumbradas “mañaneras” el mandatario federal dice tener otros datos y pugnar por la paz, aunque esta sea una paz de panteones.
Se tienen entidades violentas debido a las disputas entre grupos criminales que buscan controlar el tráfico de drogas, de armas y personas de Centroamérica hacia Estados Unidos, donde la población infantil es la que resulta más afectada por esos choques armados, asesinatos directos, desapariciones, desplazamientos y reclutamientos forzados.
El famoso adagio lopezobradorista de “abrazos, no balazos” tampoco ha dado resultados porque durante este sexenio se contabilizan muchos más muertos por esa causa que en anteriores sexenios.
Hoy, la violencia se ha desbordado llenando de miedo a las familias mexicanas que buscan refugio desesperadamente en otras partes de su propio país.
Ha sido el Gobierno federal quien se ha encargado de minimizar las consecuencias de su fallida estrategia de seguridad. En México se está viviendo una guerra desigual, donde las clases empobrecidas son las mayormente dañadas, donde ya no se respeta nada, ni siquiera a mujeres y niños. Siendo Chiapas el claro ejemplo de lo que se está viviendo en Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Zacatecas, entre otros.
Los enfrentamientos con armas de grueso calibre y los retenes de los grupos delictivos dificultan la movilidad y han vuelto inseguras las carreteras; en los enfrentamientos se aplican estrategias y tácticas de guerra, incluso en los centros de las poblaciones, donde el fuego cruzado mata a personas, particularmente a niños y adolescentes.
Esa violencia está agrandando sus tentáculos a todo el país, donde parece ser que el Gobierno federal ha perdido la batalla contra el crimen organizado, herencia que se estará dejando a la nueva mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, quien tendrá que poner en marcha una estrategia de seguridad verdadera y no ficticia o engañosa como se ha implementado en este sexenio que está por terminar.
No hay sector de población que se salve de esta acometida criminal. Los campesinos y productores de alimentos se ven obligados a pagar derechos de piso pues de negarse corren el riesgo de perder sus vidas.
Los médicos y enfermeras también sufren por esa causa, comerciantes y empresarios, transportistas y maestros; en fin, nadie parece estar a salvo en su propia tierra, donde la gente ha preferido salir de sus lugares de origen, huir para no ser alcanzados por las balas criminales que poco a poco se están adueñando de la patria.
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