El 19 de enero de 2023 se cumplieron 80 años de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Ley del Seguro Social en México. Con ello se intentó concretar uno de los derechos estipulados en el artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917 que prometía a los trabajadores contar con seguro de “invalidez, de vida, de cesantía involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes u otras con fines análogos”. El IMSS significó el acceso de los trabajadores a la atención médica y a la seguridad social. Este hecho indudablemente impactó en las condiciones de vida de los trabajadores y contribuyó al incremento de la esperanza de vida de la población mexicana en los años que siguieron a su fundación. Sin embargo, esta conquista del pueblo, por la que pagó con su sangre durante la Revolución Mexicana, se ha venido perdiendo a medida que los cambios en el modelo económico y las reformas consecuentes han minado la capacidad de la institución para atender a los trabajadores y sus familias, el sector de la población al que estaba avocado. Hoy, son recurrentes las denuncias que refieren las deficiencias del organismo, la falta de médicos, de medicinas, de suministros como guantes y gasas, el abandono de su infraestructura, etc.
De acuerdo con el "Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2021-2022", al cierre de 2021, el IMSS tenía registrada una derechohabiencia de 60 millones: 34.5 millones titulares y 24.7 millones familiares de los primeros. Esto es, un servicio que cubre a menos del 50% de los mexicanos. Y tenía que ser así porque el IMSS surgió como un derecho restringido a la población ocupada y subordinada a un patrón distinto al del Estado. Por tanto, quedó pendiente el acceso de los mexicanos que no tuvieran esta condición a los servicios de salud. Esta deficiencia se ha ido agravando a medida que el desarrollo económico ha condenado a la informalidad a millones de trabajadores.
Pero no queda ahí el problema del IMSS. De acuerdo con el mismo informe, en 2021 el IMSS tuvo ingresos del orden de 519 mil millones de pesos, del que apenas 20% son aportaciones del presupuesto federal; el 80% restante son las aportaciones obrero-patronales. El ingreso está en razón de 8.5 mil pesos por individuo adscrito al IMSS y su gasto debe incluir las pensiones y jubilaciones que representan 28% del gasto total. Como es de entenderse, con un presupuesto tan restringido, la mayor parte del gasto se concentra en el pago al personal sanitario y a la compra de materiales y suministros. Mientras que a la inversión física se destina 0.9% apenas y 0.5%, al equipamiento. Esto es, un total de 1.4% a la mejora e innovación de las condiciones materiales. Un verdadero problema porque, como el informe citado menciona, apenas 50% de sus instalaciones y equipo se halla en buenas condiciones.
Este deterioro se ha ido agrandando y resintiendo con la puesta en marcha del programa IMSS bienestar en 2022. De acuerdo con el plan, la afiliación del IMSS se duplicará. Mientras que la infraestructura, la inversión y el presupuesto para el funcionamiento de la institución pasará a ser manejado por el organismo. Un incremento muy lejos de ser en la misma proporción que el incremento de los beneficiarios. Esto es, se pretende conseguir la universalidad sólo en términos formales, sin ampliar en la realidad la calidad y la cuantía de los servicios sanitarios.
En las declaraciones que hizo el presidente a propósito del 80 aniversario del IMSS, destacó el carácter tripartita del financiamiento del organismo; es decir, que los trabajadores, los empresarios y el gobierno contribuyen a ella. No es así, las aportaciones que hacen tanto el gobierno como los empresarios también son fruto del trabajo y esfuerzo de quienes crean la riqueza social, esto es, del conjunto de trabajadores de México. Así pues, el IMSS es pagado en su totalidad por el pueblo, por todo él, el afiliado y también el que no está adscrito a él.
Los 80 años del IMSS nos recuerdan que la seguridad social es todavía una promesa para la mayoría de los mexicanos; que no se puede reproducir el esquema de mexicanos de primero y segundo niveles en el acceso a la seguridad social; que la justicia social es una promesa por la que debemos seguir luchando. Nos recuerda que, una seguridad social universal y de calidad no se logrará con el abultamiento formal de la filiación, sino con más inversión en infraestructura, con equipo material y humano suficientes. Por eso repudiamos la propuesta de la Cuarta Transformación que hace de la política de salud una parte de su estrategia electoral y, por ese mecanismo, refuerza la violencia que de por sí conlleva la falta de servicios médicos sobre los sectores más vulnerables. El pueblo mexicano en su conjunto debemos exigir un sistema sanitario y de seguridad social verdaderamente digno. Esto solo será posible con un pueblo en pie de lucha para la defensa de sus conquistas históricas y por su futuro.
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