Para los que ya llevamos acumuladas algunas décadas luchando contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país; es decir, que no comenzamos a hacer críticas a gobiernos en el presente sexenio, nos resultan preocupantes y alarmantes los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Inegi, y publicados en diversos medios, en los que se revela que de los poco más de 126 millones de habitantes en México, 26% no tiene ninguna afiliación a servicios de salud, ya sea pública o privada. El censo, que se levantó del 2 al 27 de marzo del año pasado, arrojó que en total son 32.9 millones de mexicanos los que no están afiliados a ninguna institución.
De acuerdo con el Inegi, de estos mexicanos que no están afiliados, el 32% se concentra en tres entidades: Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. La entidad jalisciense ocupó la tercera posición con 2.4 millones de habitantes, o sea, el 29% de los más de 8.3 millones de mexicanos que viven en este estado no están afiliados a ninguna institución. Además, el censo sólo muestra si la población está afiliada o no a las instituciones, más no registra el acceso real a éstas, así como a los medicamentos. Es de llamar la atención que estos porcentajes son del 2020, cuando el actual gobierno había prometido un sistema de salud similar al de Dinamarca o Suecia.
El lamentable panorama que guarda el acceso a la salud es uno de los rasgos que reflejan los resultados de las políticas de la 4T. En este renglón, los datos dados a conocer en días recientes por el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo (Coneval) señalan que mientras el 42.1% de la población en 2018 estaba afiliada al Seguro Popular, en 2020 sólo reportaban estar registrados en el Insabi el 26.9%. Una caída de 15 puntos porcentuales. Son interesantes estas cifras pues, la falta de acceso a los servicios de salud no tiene nada que ver con la pandemia. La debacle se debe enteramente al gobierno: a la desaparición del Seguro Popular.
Me llamaron la atención los índices del acceso a los servicios de salud ya que, a parte del índice en rezago educativo, falta de acceso a la seguridad social, vivienda de calidad inadecuada o de espacios insuficientes, indisponibilidad de algún servicio básico en la vivienda y falta de acceso a la alimentación, son la base de la medición de pobreza del Coneval. De acuerdo con estos indicadores, los pobres son quienes presentan al menos una de estas carencias sociales y cuyos ingresos son inferiores a la Línea de Bienestar Económico.
Asimismo, es necesario destacar que para el mismo Coneval, tiene particular relevancia identificar a laspersonas en pobreza extrema, aquellas cuyo ingreso total es insuficiente incluso para comprar la canasta básica que satisface las necesidades alimentarias y que, además, tienen tres o más carencias sociales, es decir, las más pobres entre las pobres, que demandan atención prioritaria del Estado dadas sus mayores necesidades y condiciones de precariedad.
El Coneval dio a conocer que la población en condición de extrema pobreza pasó del 7 al 8.5% entre 2018 y 2020, un incremento de 2.1 millones de mexicanos para alcanzar 10.8 millones en total. Un panorama todavía peor que el de la pobreza. Se habla que las personas que se encuentran en esta situación tienen un ingreso mensual de mil 702 pesos al mes en el medio urbano y mil 299 en el rural, además de contar con por lo menos tres de las carencias sociales. Por lo que coincido plenamente con quienes señalan que si la pobreza es una vergüenza nacional, la extrema es una verdadera tragedia.
A estas alturas a muchos mexicanos ya no nos extraña que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus fanáticos seguidores, entre la que destaca la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estén justificando que es por la pandemia la contracción de la economía en 8.5% en 2020, del aumento del desempleo y de la subocupación o de la pérdida de ingresos de prácticamente toda la población. Mas bien tienen razón los analistas serios que consideran que una parte importante de la responsabilidad de lo ocurrido en 2020 no se debe sólo a la crisis del Covid-19, sino sobre todo son el resultado de las políticas del gobierno de la 4T, tanto en gasto público como en decisiones políticas.
Organismos internacionales señalan que solamente en el caso de las muertes ocurridas en el contexto de la pandemia, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y hay estudios rigurosos que demuestran que hubo alrededor de 200 mil personas fallecidas que no debieron morir, el año pasado. El gobierno mexicano dejó en el desamparo a la mayor parte de la población y no se le puede achacar a la pandemia. Los primeros golpeados han sido los pobres y seguirán siendo los mismos, en tanto sigan las políticas de la 4T. No lo olvidemos.
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