El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en 10 puntos lo que significa su propuesta de Reforma Electoral. Uno, afirma que no desaparece al INE, pero hasta el nombre le cambió y se llama Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), que dice, sigue siendo autónomo.
Dos, reduce el número de diputados de 500 a 300; y tres, disminuye el número de senadores de 128 a 96. Cuatro, los consejeros del INEC y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán propuestos por los tres poderes de gobierno y serán elegidos por medio de voto popular, en elecciones abiertas. Más poder al pueblo, es el argumento.
Cinco, reducción del número de consejeros del INEC de 11 a siete. Seis, financiamiento público a partidos solo para campañas electorales. Siete, reducir a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Ocho, la participación en una consulta popular no será de 40 por ciento sino de 33 por ciento para que se lleve a efecto lo propuesto.
Nueve, se eliminan los órganos locales electorales; diez y último, la votación será por medios electrónicos. Todo, para ahorrar más de 10 mil millones de pesos que irán a programas sociales. El Financiero (4 de nov. 22). Así para el gran público, de manera muy simplona fueron dichas por el presidente las características de su Reforma Electoral.
En primer lugar se critican por los especialistas estas diez propuestas por el alto costo económico que implicaría realizarlas ya que el actual INE es producto de más de 30 años de discusiones y acuerdos entre la clase política y los partidos, así como con los gobiernos de sexenios anteriores y los gastos efectuados fueron altos. La urgencia y exigencia del presidente al Congreso de la Unión para que aprueben esas propuestas es porque estamos a un año y medio de celebrarse las elecciones más grandes del país: se renuevan completas las cámaras de diputados y senadores, la presidencia del país, gobernadores de estados, congresos locales y ayuntamientos municipales y alcaldías, y el jefe de la nación quiere ganar de todas, todas.
Respecto al punto uno, debo decir que el INE sí desaparece y en su lugar quedaría el INEC, que no será autónomo, ya que en los hechos solo será un instrumento en manos del presidente de la República que se convertiría en el gran elector, el que dice y ordena quien gana.
El punto dos asienta que se suprimen los actuales 200 diputados plurinominales, que, aunque no fueron votados representan sufragios efectivos de los ciudadanos que votaron por los partidos de su elección, y de esta manera se da voz y voto a las minorías de votantes enriqueciendo nuestra democracia. Desaparecer a legisladores plurinominales empobrece nuestra democracia.
Con el punto tres sucede lo mismo al mandar borrar de plano a 32 senadores plurinominales, menos legisladores para un mejor control y sometimiento de ellos por el presidente de la República. Con esto se sigue achicando la democracia para la población.
El punto cuatro, de la propuesta presidencial, ordena que las máximas autoridades en materia electoral, los consejeros del INEC, y los magistrados del TEPJF, sean propuestos por los tres poderes de gobierno: el presidente, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los diputados y los senadores.
Salta a la vista, entonces, que las nuevas autoridades del INEC y del TEPJF serán políticos acomodaticios, todos recomendados por el presidente y se perderá lo que tanto esfuerzo y tiempo costó a la sociedad: órganos electorales ciudadanizados en provecho de la equidad para todos los partidos y candidatos. La mano negra, negrísima del señor presidente los pondrá y estarán para obedecerlo so pena de ser echados del paraíso del poder.
En estos cuatro puntos de la Reforma Electoral que se discute en la Cámara de Diputados y que he procurado rebatir, reside todo el engaño que se nos quiere hacer a los mexicanos. Que aceptemos la pérdida definitiva de un INE como lo tenemos y como lo ganamos. Un INE que no responde ni a partidos ni a gobierno alguno, solo al voto libre y soberano de los electores de todo el país. Sacado de la manga el argumento presidencial de que su Reforma Electoral ahorrará 10 mil millones de pesos ya que las elecciones salen caras y además se pagan a las actuales autoridades electorales altísimos salarios que ni el jefe del Ejecutivo gana. Todo eso lo indignan.
Sin embargo, no siente ni frío ni calor por el hecho de que las dos grandes empresas de México, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad a cargo de su gobierno pierdan en el trimestre pasado, la primera, 52 mil millones de pesos y la segunda, alrededor de 50 mil millones de pesos, todo dinero de la nación tirado a la basura.
Un presidente que merezca ese nombre ya debía haber corrido, por lo menos, a tanto funcionario ignorante e ineficaz que son la ruina del país, y no intervenir agrediendo para echar por la borda las instituciones que sí le sirven al pueblo de México como el Instituto Nacional Electoral.
No es por nada que en la última encuesta del diario El Financiero sobre la aceptación del INE entre la población su aceptación fue de 70 por ciento. Ni siquiera AMLO, con todo el poder de sus mañaneras, lo alcanza pues a duras penas anda rasguñando el 50 por ciento de simpatías.
Es la hora de la protesta pública, de la denuncia contra las feroces dentelladas del poder presidencial contra el INE.
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