Para el próximo 1 de agosto de este año está programada la consulta popular para saber si debe o no enjuiciar a los expresidentes de México, este ejercicio corresponde a la visión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de combatir la corrupción, que de llevarse a cabo se gastarían 500 millones de pesos.
Los acusados, que pasarán por el hacha del verdugo, es una acción disfrazada de ejercicio democrático con el que se pretende llevar a juicio a los ex presidentes Carlos Salinas quien asumió el cargo en 1988, a Ernesto Zedillo, luego siguieron Vicente Fox y Felipe Calderón, larga etapa que cerró Enrique Peña Nieto en 2018; es decir, serían en suma 33 años que incluye tres periodos de priismo, dos consecutivos de los panistas, pero que luego retomó el PRI, son más de 3 décadas de supuesta oscuridad hasta que finalmente llegó la luz de la transformación, según López Obrador.
Al presidente le urge mantenerse como el personaje más importante de la transformación para terminar con su periodo en 2024 y dejar en sucesión a alguno de sus incondicionales o bien para preparar las condiciones para su reelección.
No olvidemos que la idea inicial era el refrendo de su mandato a la mitad de su gobierno, pero ahora ya cambió la estrategia. Pero para que los resultados de la consulta tengan efecto vinculante se requiere de la participación de al menos el 40% del listado nominal, es decir, unos 37.3 millones de votos, que son más de los que obtuvo AMLO en el 2018 cuando llegó a la Presidencia, según han analizado especialistas.
La medida para corregir la corrupción del pasado esmuy cuestionable. Los resultados de esta lucha quedan más en dichos que en acciones medibles; su administración ha sido empañada por visos de lo mismo y ha sido señalado de proteger a funcionarios de su gabinete como Manuel Bartlett Díaz o bien por la carencia de resultados del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado o de la Secretaría de la Función Pública donde tuvo que remover a su titular.
La consulta tocará organizarla al Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo que sufrió la descalificación del presidente durante el pasado proceso electoral que terminó el 6 de junio. La pregunta que habrían de responder los mexicanos en torno al juicio de los presuntos delincuentes que ocuparon la principal magistratura de México aún está en diseño, pero es bastante confusa y no deja lugar a dudas: conduce a responder con un sí a la cuestión.
Léase: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Se sabe que los ministros eliminaron de este enunciado el nombre de los expresidentes para evitar “una violación a sus derechos”, pero se olvida a propósito que el primer morenista los ha puesto como los peores criminales de la historia de México; el innombrable llamaba a uno, comandante borolas a otro, o copetón irresponsable al último.
Además se omite cuál será el siguiente paso en caso de que los consultados digan sí, ¿se llevará a la cárcel a los 5 presuntos delincuentes, se les pondrá a todos en la misma celda o centro penitenciario? Y lo más importante, ¿qué bienes o recursos se recuperarán, qué se devolverá a los mexicanos y cómo beneficiaría sobre todo al pueblo demandante de justicia?
Pero en caso contrario, si los mexicanos dicen que no, ¿qué acciones se tomarán en su lugar?, porque en buena lógica ya no habría argumentos del presidente para seguir invocando a los cinco culpables del saqueo a la nación.
Finalmente cuestiono, ¿es necesario gastar recursos para que las autoridades desempeñen su papel de prevención de delitos o en la investigación de los mismos y se castigue a los culpables?
Los mexicanos ya nos acostumbramos a los juegos de AMLO, el hábil político se burla de nuestra inteligencia y con la consulta dejaría en la conciencia civil la decisión de castigo o perdón en lugar de un proceso judicial a los ex presidentes, pero en este aspecto, como en otros, nada útil pasará.
En caso de desistir en esta iniciativa podrían ahorrarse recursos millonarios que debieran destinarse para obras de infraestructura que urgen en estados y municipios para pavimentar vialidades, para llevar agua potable donde no la hay, para apoyar con vivienda a los pobres o para asegurar la compra de medicamentos de los niños con cáncer y no desperdiciarlos en la campaña permanente del presidente.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario