El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública. “Vamos a llevar una reforma administrativa y vamos a profundizar en el combate a la corrupción y un Gobierno austero”, afirmó el mandatario mexicano.
Durante el tiempo que Irma Eréndira Sandoval estuvo al frente de esa Secretaría fue señalada por haber adquirido un patrimonio de más de 60 millones de pesos en sólo nueve años cuando sólo percibía un salario como investigadora en la UNAM; asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en su administración, entre ellas que, durante su primer año, la SFP no investigó a los burócratas de la llamada 4T, y tampoco dispuso de “una política, lineamiento o metodología que estableciera las bases y justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación”.
El presidente AMLO ha sido criticado por varios especialistas, pues “el obradorato se ha caracterizado por perseguir parcialmente la corrupción del pasado y no hacer nada frente a la corrupción del presente”.
Servidores públicos cuyas trayectorias se cruzan con escándalos de corrupción han sido integrados por el gobierno de la 4T a la conducción o la administración de programas sociales que el presidente considera prioritarios, entre los que se encuentran Karla Paulina Salazar Ramos, actual responsable del programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro; José Genaro Montiel Rangel, funcionario responsable de elaborar contratos que actualmente están bajo investigación y que fueron asignados durante la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública; así como de Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, quien fue director financiero en el capitalino Instituto de la Vivienda y sobre quien pesan órdenes de aprehensión por presuntos pagos irregulares.
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