La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, con toda claridad, que en el ejercicio del gobierno de la república mexicana, los poderes Judicial, a cargo de la Suprema Corte de Justicia; Legislativo, compuesto por las Cámaras de Diputados y Senadores respectivamente; y el Ejecutivo, a cargo del presidente, son estrictamente autónomos y con funciones bien delimitadas por la propia carta magna.
El principio de esta filosofía política es el sano y constructivo equilibrio entre los tres poderes que son autónomos en su funcionamiento para que, de esta manera, se ejerza el poder que el pueblo deposita y transfiere con sus votos a individuos del gobierno de su país. Si cada uno de los tres poderes se sujetan a estos mandamientos, en teoría, se tendrá un gobierno asentado firmemente en la legalidad republicana.
Así, los tres poderes, representantes del pueblo mexicano construyen, ligados a los ciudadanos, un país en ascendente despegue y progreso para todos y en especial a las clases populares más necesitadas de la ayuda de las leyes y acciones del gobierno representado en la trinidad de poderes mencionado.
Sin embargo, el propósito de los diputados constituyentes de 1917, que dieron origen y reflejaron de una manera exacta en la Constitución, las necesidades de justicia y libertad de las masas revolucionarias de la época, con el tiempo, la clase gobernante desde entonces, la burguesía, ha hallado la mayoría de las veces sin mucho esfuerzo la manera de burlar estos justos derechos.
Y en la actualidad, con el gobierno de Morena, cuya cabeza más visible es el presidente Andrés Manuel López Obrador, el atropello, las amenazas y eliminación de leyes fundamentales y tareas esenciales y obligatorias de los poderes Legislativo y Judicial se han hecho toda una consigna y una manera establecida de gobernar al país.
Desde el primero de diciembre de 2018, las clases trabajadoras de este país hemos visto atónitos e incrédulos la destrucción de lo construido por los mexicanos con mucho esfuerzo y no pocas víctimas. El desmantelamiento de organismos de gobierno, importantísimos en la vida del país, hecho a través de decretos autoritarios presentados como iniciativas de ley del presidente, el más reciente y sonado, arrebatarle al Instituto Nacional Electoral (INE) una tajada grande de recursos financieros para ahorcarlo y hacer inofensivo su funcionamiento frente a las violaciones contumaces de los candidatos, como por ejemplo la jefa de Gobierno de la CDMX en su campaña anticipada.
Pero ahora, en estos momentos donde está concentrada toda la fuerza del Estado, en dos de sus principales poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, este último, convertido en simple boca de ganso del presidente López Obrador, se ataca al otro poder, el poder Judicial, encabezado por la presidenta magistrada Norma Piña Hernández que, a diferencia de su antecesor Arturo Zaldivar, un personaje temeroso del inmenso poder presidencial de López Obrador, la ministra, Norma Piña, pintó la raya desde el primer momento de su mandato al poder del presidente de la república.
Desde entonces para acá, ha ejercido la importantísima responsabilidad, loable y valiente que la honra, en defensa de los derechos de la ciudadanía salvaguardando la Constitución de los atropellos cada vez más rabiosos del presidente Obrador. El desprecio a esta actitud humana apegada a derecho le ha valido primero los desplantes públicos despreciativos del presidente y enseguida una escalada de calumnias y acusaciones sin fundamento legal, sobre todo en sus diarias conferencias mañaneras, en donde se viene haciendo una ofensiva campaña nacional apoyada por todos los gobernadores morenistas del país en la cuál no tenía que faltar Claudia Sheinbaum, tildando a la ministra de protectora de delincuentes.
Tanto gobernadores, legisladores federales, como el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López (el otro López), “corcholata” aspirante a gobernar después de AMLO a México, muchos de ellos, supuestamente, conocedores de las leyes, omiten decir que, el ejercicio de aplicación la ley y la Constitución, no es por consigna o por mandato de nadie. La ley es la ley, y se aplica, se debe aplicar estrictamente dentro de sus límites. El problema, es que López Obrador y su equipo más cercano, se aprovechan y regodean a su antojo del presupuesto nacional, acusan sin los fundamentos legales más elementales y sin pruebas, a sus enemigos políticos.
Por último, la ministra presidenta de la SCJN Piña y jueces de distrito en todo el país, reciben del presidente por su trabajo apegado a la Constitución de no violar los derechos de los acusados sin las suficientes pruebas, la alevosa acusación de “proteger” a delincuentes y sacarlos de la cárcel.
Según el presidente, se debería encarcelar a cualquiera simplemente por ser acusado por él o por cualquier otro morenista. Desde el Fiscal General de la nación, Gertz Manero, pasando por el presidente, se actúa y acusa por consigna, no para hacer justicia; por eso, los jueces magistrados, han echado abajo varios juicios de la falsa justicia morenista.
Esta es la verdadera causa de los ataques del presidente, en las mañaneras, en contra de los magistrados que no son de su partido, y porque seguramente no asimila el revés que recibió al no ser nombrada como presidenta de la SCJN a Jazmín Esquivel, por su situación de plagio en sus tesis, la de fin de grado y la de doctorado. La división de poderes, piedra fundacional del Estado mexicano, ha sido lesionada por el presidente.
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