La denuncia interpuesta por la actual directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, en contra de 31 académicos y científicos, acusándolos de delitos desproporcionados como delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades, con el fin de encarcelarlos en un penal de máxima seguridad y que tengan que enfrentar el juicio en prisión, es una muestra más del uso de la ley con fines represivos en contra de sus opositores y sus críticos, por parte del gobierno de la Cuarta Transformación.
La prueba de que se trata de un delito fabricado por la Fiscalía General de la República, en contra de los académicos y científicos que provienen de instituciones como el CIDE, la UAM, el Tec de Monterrey, entre otros, es que el juez federal Gregorio Salazar Hernández ha negado las dos órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía, argumentando que los razonamientos expuestos son insuficientes no solo para sostener la eventual reclusión de los denunciados en dicho centro penal, sino que incluso para que el caso sea llevado en ese Centro de Justicia Penal Federal y no en uno que corresponda a la zona donde ocurrieron los hechos. No conforme con esto, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero solicitó una tercera orden de aprehensión en su contra. Veamos.
La FGR armó la acusación basándose en la premisa de que los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), que era una asociación privada financiada ilegalmente por parte del Conacyt con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación.
Sin embargo, las pruebas de que las acciones que la FGR ha emprendido contra 31 ex funcionarios de Conacyt, acusándolos de delincuencia organizada por razones que nada tienen que ver con la justicia, están más que documentadas. De hecho, la denuncia de la actual administración de Conacyt contra el Consejo Consultivo data de 2019 y en la Fiscalía se había quedado archivada.
Pues, la sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González, en el párrafo quinto del artículo 22 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010, establecía que para la materialización de sus actos el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) se constituiría en una asociación civil, la cual se constituyó en tiempo y forma para llevar a cabo las funciones del FCCyT, previstas en los artículos 10 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 37 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Es decir, se constituyó para ejercer funciones públicas en nombre propio, de donde se concluye que entre el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la asociación civil existía una relación de colaboración por disposición del párrafo quinto del artículo 22 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se trata de una acción legal.
Esta tendencia de fabricar delitos y utilizar la ley como garrote en contra de sus opositores y críticos no es nueva en los gobiernos de Morena. Es una acción sistemática, que se repite cada vez que un presidente municipal, un gobernador o el mismo presidente de la República lo necesita para golpear o destruir a aquellos que no se someten a sus dictados. Esta forma de actuar es característica de los gobiernos caciquiles que no respetan la Constitución Política del país y que se caracterizan por no resolver los problemas que plantea la gente de los pueblos, las colonias o de los distintos sectores de la población. Se trata de una acción dictatorial que no ve la realidad, que le está diciendo qué hay problemas graves en la sociedad que tiene que resolver para evitar sufrimientos a la población.
Así como a los científicos y académicos también se le han fabricado delitos a organizaciones, funcionarios públicos y a políticos con el propósito de someterlos e imponerles las ideas del proyecto de una supuesta transformación en beneficio del país, transformación que hasta el momento nadie ha visto y tampoco se ve que vaya a darse, pues los indicadores que el actual gobierno dijo que mejorarían han empeorado: no ha crecido la economía, la pobreza en general y la pobreza extrema se han incrementado, lo mismo sucede con la corrupción y la inseguridad; el sistema de salud que el presidente ofreció elevar a niveles de los países de primer mundo está peor que nunca pues los resultados en el combate a la pandemia son un fracaso; la situación económica en el campo se ha empeorado por los recortes a este sector, los afectados por los desastres naturales son engañados con la promesa de ayuda del presidente y la mayoría de ellos están en el abandono total, etc.
Desde el inicio de la actual administración federal, los recursos destinados a la ciencia han sufrido recortes y ahora los encargados de impulsarla están siendo reprimidos a pesar de ser gente con prestigio nacional e internacional, debido a que el presidente desprecia el conocimiento como herramienta de desarrollo económico y social. Sin embargo, dicha actitud le está acarreado críticas de diversos sectores de la sociedad, por ejemplo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, considera un despropósito las acusaciones contra los investigadores; las academias de Ingeniería de México, Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias consideran desproporcionada dicha acusación, y la mayoría de los analistas de los principales medios de comunicación ven en la acusación una acción represiva del gobierno de MORENA, apoyada desde Palacio Nacional. Ante la avalancha de críticas, algunos morenistas se han deslindado de esta acción, la misma directora del Conacyt, intentó hacerlo.
La fabricación de delitos es algo peligroso para los mexicanos, por lo que todos debemos preocuparnos y denunciar tales acciones, antes de llegar a una dictadura en el país, que sea de consecuencias fatales. Desde hace tiempo este tipo de acciones persecutorias se pusieron en práctica contra el Movimiento Antorchista Nacional y las organizaciones en general, en contra de periodistas incómodos, hoy es la comunidad científica que ha criticado muchas de las decisiones y acciones equivocadas del Gobierno federal. ¿Quién sigue en la lista?
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