Con la trillada frase de evitar la corrupción e intermediarios, Andrés Manuel López Obrador anunció el arranque del programa de La Escuela es Nuestra (LEEN), el cuatro de octubre de 2019, con esto la 4T acabó con las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), el presupuesto que les destinaba lo reorientó al nuevo programa, manejado por los enviados de la Secretaría del Bienestar.
Este programa de Morena busca atender la infraestructura de escuelas a través de transferencias directas a un comité de padres, con recurso que oscila entre los 150 mil, 200 o 500 mil pesos, ello dependiendo del número de alumnos inscritos; y será el propio comité el que decide qué obras deben realizarse en los planteles, en teoría suena bien; sin embargo, en los hechos las cosas no son como las pintan, ya que se trata de una política que carece de mecanismos de seguimiento y fiscalización, por lo que, a la fecha, las autoridades educativas desconocen cómo los comités de padres de familia han usado los recursos y si estos fueron suficientes para atender las necesidades de cada plantel.
Ahora bien, si algún ciudadano de a piso desea conocer cómo se ejerce este presupuesto público, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de una respuesta de transparencia, recomienda ir a cada escuela beneficiada. El colmo de los males, se tendrá que preguntar escuela por escuela a cada director o asociación de padres de familia qué obras realizaron y cuánto invirtieron.
A tres años de la puesta en operación del programa LEEN, los apoyos sólo han llegado al 36 por ciento de los planteles del país y las autoridades, específicamente la SEP, desconocen cómo se han ejercido más de 23 mil millones de pesos del presupuesto público. Durante la ceremonia del inicio del ciclo escolar 2022-2023, López Obrador afirmó: "Ya estamos llegando a más del 60 por ciento de todas las escuelas de educación básica del país y antes de que termine el gobierno va a ser del 100 por ciento", sin embrago, es una mentira más emitida por el ejecutivo, ya que un análisis a los padrones de beneficiarios da a conocer que, hasta el 31 de diciembre de 2021, apenas se habían beneficiado 72 mil 404 de las 198 mil escuelas de educación básica del país.
Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero, increpó que la administración federal haya puesto en marcha este programa bajo la figura de subsidios y que tenía que hacerse bajo la figura de programa social, ya que ese error hizo más blanda la posibilidad de contar con mecanismos de transparencia y fiscalización. En 2019, se le permitía a los beneficiarios del LEEN comprobar gastos con recibos simples y no había ningún responsable de eso, una vez que recibían los recursos nadie más que los padres de familia se hacían responsables de los recursos y solo llenaban una hoja donde incluían los gastos realizados y ese era su recibo.
Sin embargo, en varias ocasiones estos padres de familia fueron fácilmente engañados y aún robados por los mismos servidores de la nación, que son los que deberían orientarlos, otro tanto de veces este comité de padres de familia tuvo que otorgar al arquitecto responsable de elaborar los planos y orientarlos en la construcción de la obra el tres por ciento del monto total recibido y a final de cuentas el arquitecto, ni elaboraba los planos ni los orientaba cómo construir.
De acuerdo con reportes de la Cuenta Pública, entre 2019 y 2021, este programa ha ejercido un total de 23 mil 434 millones de pesos de presupuesto, pero ni la SEP ni la Secretaría del Bienestar saben en qué se ha gastado, ya que este programa carece de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos, así que no hay pruebas de que se haya gastado en la mejora de infraestructura de los planteles. Otro problema grave es que no se conoce la forma en la que se seleccionan los planteles beneficiados ni existe una estrategia de cobertura, sólo se conoce que se selecciona de una lista de escuelas que se priorizan dependiendo del grado de marginación de la localidad y es todo; además no se presenta una cuantificación ni caracterización del problema y al no haber datos se pueden generar problemas para la selección de escuelas a beneficiar, en la elaboración de indicadores y evaluaciones futuras.
Las escuelas públicas operan en un precario ambiente material, faltan pintarrones, butacas, ventanas, sanitarios, electricidad, computadoras o con unas cuantas ya obsoletas y en mal estado. Numerosas escuelas son verdaderos jacales, sin la mínima infraestructura para el aprendizaje, pésimo ambiente para el aprovechamiento escolar. Es necesario convertir a la educación en un centro de preocupación e interés nacional, convertirla en una prioridad en la política de Estado y esto debe reflejarse en el monto de los recursos que se le asignan, es necesario alcanzar niveles elevados y dignos de bienestar social, tarea nada fácil pero realmente necesaria.
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