En un inicio se dijo que el problema era la rampante e histórica corrupción que se ha enseñoreado en el sector, cuya expresión más visible fue la contratación excesiva de miles de trabajadores administrativos, y que por lo tanto, éstos debían ser despedidos por innecesarios. Hoy sabemos que esto es falso, que la corrupción anida en las esferas de los funcionarios y del sindicalismo oficial, además, que no se despidió solo a personal administrativo, sino a personal conocido como de “primera línea” o de “bata blanca” y, en el colmo de esta farsa -con la que se cargó las culpas de la corrupción a quienes han padecido los efectos de ella- de la persecución de los culpables de este quebranto que ha generado una deuda de casi 13 mil millones de pesos, solo se conoce el anuncio del gobernador del Estado de que no habría impunidad.

Pero esto es apenas la realidad de lo que sucedía en este conflicto que tuvo su crisis final el 15 de septiembre. El desenlace no solo no corrigió el problema, sino que vino a agravarlo por la indiferencia de las autoridades estatales y su sometimiento a las políticas erróneas y criminales del gobierno federal, que mientras desmantela  los Servicios de Salud de Oaxaca para pasarlos al INSABI, obligando a la Secretaría de Salud que este año dejara de ejercer 23%,  de su presupuesto, 2 mil millones 611 mil 916 pesos(El Imparcial del 24 de octubre). 

Y con este proyecto de fondo, se ejecutó el golpe a los trabajadores, quienes ante la violación a sus derechos a un trabajo digno, en un acto desesperado, iniciaron una serie de manifestaciones que convulsionaron el estado por varios días, recibiendo medidas de contención por parte del gobierno estatal que puso las esperanzas de solución a este conflicto económico-social  a la ayuda que tanto ha prometido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en la conferencia matutina realizada el 20 de septiembre aquí en la capital del estado, personalmente atendió a las representaciones sindicales existentes entre el gremio, reunión en la que se comprometió que con la visita tres días después, de los titulares del INSABI y del IMSS, se encontraría solución a este conflicto y se recontrataría a los trabajadores injustamente despedidos. 

Al inicio me refería a que casi se cumplen dos meses de estos hechos y los trabajadores no han recibido una alternativa de solución, comprobando que la serie de reuniones y declaraciones de los funcionarios estatales y del presidente fueron una medida de control de daños para continuar con su proyecto al precio que sea necesario, sin detenerse por los daños a miles de familias de los trabajadores ni que el sistema de salud ya en crisis, entrara en bancarrota, como lo demuestran las noticias en las que a diarias encontramos pruebas de los efectos perniciosos de las políticas publicas de la 4T.

Vimos apenas el 28 octubre, a trabajadores del hospital Aurelio Valdivieso y del CETS (Centro de Transfusión Sanguínea Estatal) que se contaba con sangre solo para tres días, por falta de reactivos para la captación de unidades de sangre; el mismo día, se conoció que en los últimos siete meses, aumentaron en 34% los decesos por Covid-19 en el personal de salud, un total de 115 personas; el 6 de los corrientes, empezaron a circular denuncias de que se cobran 50 pesos por consulta en los centro de salud y que carecen de medicamentos básicos, además, de que el HRAEO (Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca) no acreditó el suministro de medicamentos oncológicos por 1 millón 478 mil pesos, cuestión que explica la falta de medicamentos para pacientes con cáncer; y finalmente, que en los Servicios de Salud ante la incertidumbre de que la Federación no deposite mil mdp para el aguinaldo de los trabajadores ante la crisis financiera del sector. 

Esto se vuelve aún más alarmante cuando en el mundo se expande al cuarta ola de Covid-19, porque estos hechos nos dicen que en la entidad los estragos serán más agudos por la evidente bancarrota del Sistema de Salud, la cual es consecuencia única y exclusiva de las políticas de gobierno federales y la pasividad de las autoridades estatales.

Pero esto no es lo más grave de la difícil situación sanitaria que enfrentan los oaxaqueños, lo verdaderamente preocupante es que estas políticas que toman el carácter de un crimen de lesa humanidad, son posibles porque la sociedad en su conjunto no reacciona ante estos atropellos, la falta de de claridad y de conciencia de la clase trabajadora no le permite ver que se hace necesaria una participación activa de todos los sectores, que urge el surgimiento de una fuerza social que aglutine, eduque políticamente y dirija a la sociedad en esta época de crisis generalizada. 

Los trabajadores de la salud despedidos deben revelarse a ese insulto a su dignidad humana y a sus derechos constitucionales que significó su despido, porque el hecho de que se resistieran a unirse a la Coordinadora de Salud que se ha levantado como la única fuerza opositora al sindicalismo oficial, es la causa de que los hayan derrotado una vez que ya no tuvieron ni los recursos económicos ni la fuerza para defenderse de tamaño atropello. 

Finalmente diré, que el personal despedido debe sacar las conclusiones de este doloroso proceso, que no es otra que entender que del echo de que algunos liderazgos sindicales no los defiendan correctamente porque sirven a la patronal, no significa que no haya otros liderazgos que lo hacen, además, que deben buscar la solidaridad de los trabajadores en activo que también están en peligro de de despido y de ser víctimas del proceso  de traslado al IMSS- BIENESTAR, que significará la pérdida de victorias sindicales y la reducción de sus prestaciones laborales, finalmente movilizarse y buscar la solidaridad y la educación de los demás sectores del gobierno porque los despidos masivos han iniciado y miles de familias mas se verán en la situación que hoy están los trabajadores de salud.