Un acontecimiento singular tuvo lugar en los primeros días de diciembre de 2024 en la ciudad de Cabo San Lucas que, a nuestro juicio, debe ser conocido por toda la ciudadanía y la juventud estudiosa de Baja California Sur.
Un aproximado de mil quinientas personas acudió de manera organizada e independiente a un evento, organizado conjuntamente por el municipio de Los Cabos y por el Gobierno del Estado de Baja California Sur en esa ciudad —en la cancha deportiva que se encuentra en la colonia Gastélum, a un lado del centro de salud—, a presentar a ambos gobiernos, encabezados por Christian Agúndez y Víctor Castro, respectivamente, su pliego petitorio a cada institución para que el año 2025 se destinen recursos públicos a resolver graves carencias sociales.
Antorcha lleva a cabo su lucha por la vía legal, civil, pero ya estamos cansados de tanta corrupción, de tanta demagogia, inseguridad e impunidad.
Ya hacía años que no sucedía un acontecimiento así en Cabo San Lucas, sobre todo si se toma en cuenta que se trató de una asistencia popular que se hizo presente sin acarreos ni financiamiento oficial o porque a los asistentes se les prometiera, por asistir, un tinaco, una silla de ruedas o un retoño para sembrar.
Sencillamente, el contingente de ciudadanos, integrantes del Movimiento Antorchista, acudió por su propia cuenta a entregar un enorme listado de demandas sociales y educativas, empezando por un pedacito de patria para vivir. A eso fueron y, una vez cumplido su propósito, procedieron a retirarse ordenadamente y en paz, justo como habían llegado.
El evento oficial referido fue la primera audiencia pública del nuevo presidente municipal, Agúndez, acompañado por el gobernador Castro Cosío, el día jueves 5 de diciembre en el lugar mencionado, en el que estuvieron presentes todas las oficinas gubernamentales de ambos gobiernos para atender en largas filas de stands directamente a la ciudadanía. Pero no se trataba esta vez de ser atendidos individualmente, sino de manera grupal, colectiva, y así sucedió.
El enorme grupo de cabeños hizo uso del derecho constitucional de organizarse independientemente y presentar, pacífica y respetuosamente, como colectivo, sus demandas, plenamente justificadas, como ha quedado claro.
Evidentemente, esperaban también la respuesta de los gobernantes a dicho colectivo como tal, a la estructura organizativa que se han dado a sí mismos, denominada Antorcha. Y así sucedió. Ambos gobernantes, en un acto también inusitado, recibieron en primer lugar a la representación de la organización popular independiente que muchos creyeron hace seis años que moriría de hambre y que ha demostrado una vitalidad asombrosa.
La representación popular que acudió a entregar los documentos estuvo encabezada por Ricardo Mendoza Madrigal, dirigente estatal y representante de los grupos populares de San José del Cabo; la maestra Verónica Armenta, representante de los grupos populares de Cabo San Lucas; Enrique Aguillón, por los grupos populares de La Paz; Allyson Martínez y Cristopher Claudio, miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez y alumnos de la preparatoria Moctezuma Ilhuicamina, así como el que esto escribe, integrante del Comité Estatal antorchista.
Los documentos presentados son básicamente los mismos que se presentaron hace tres años al propio gobierno estatal y al ayuntamiento cabeño que en ese entonces iniciaba. Esto es así porque las soluciones han sido escasas y los problemas siguen e, incluso, han aumentado; por ello es difícil quitar a los pliegos petitorios alguna demanda popular. Mucho esfuerzo hacemos al no integrarles más demandas que estarían plenamente justificadas.
Preocupan en particular la carencia de terrenos donde la gente más olvidada pueda construir una humilde vivienda o la atención seria y comedida a la escuela preparatoria Moctezuma Ilhuicamina, que está escribiendo una bella página de lucha por la justicia social en la historia de este municipio.
Vale la pena insistir que no hubo jaloneos, insultos, motín, sillas aventadas contra personas, provocaciones violentas ni intentos de reventar el evento oficial y sí, por el contrario, mucho orden y disciplina en el grupo antorchista, que se condujo ejemplarmente, respetando en todo momento la estructura oficial que controló la audiencia pública: los funcionarios pudieron realizar sus tareas sin contratiempos de ningún tipo. Antorcha pidió permiso para ingresar y, una vez obtenido, lo hizo con gran responsabilidad.
Ambos gobiernos, pues, ya tienen en sus manos las peticiones totalmente justas y racionales de cerca de tres mil personas que integran el Movimiento Antorchista de Baja California Sur.
La entrega fue pública y así piden los peticionarios que sea la respuesta: pública también. Es una tradición de este grupo de mexicanos —que ha cumplido 50 años de construir la organización popular mejor estructurada y activa de México— integrar a los ciudadanos y ciudadanas más humildes en comisiones a las reuniones con todo tipo de funcionarios, para el desarrollo de su capacidad cívica y política y de su participación real, para que su presencia sea a la vez una garantía para evitar que algún desleal funcionario pretenda chantajear o engañar al pueblo.
Nos llevamos la promesa gubernamental de dar respuestas concretas entre el 15 y el 20 de enero entrante y esperamos que esta ocasión no nos den más largas.
Esta jornada del 5 de diciembre es una muestra de la disposición del pueblo organizado para contribuir a la solución civilizada de los problemas que nos aquejan como sociedad, es decir, la de canalizarlos a las instancias gubernamentales que por ley deben resolverlos.
Antorcha lleva a cabo su lucha por la vía legal, civil, pero ya estamos cansados de tanta corrupción, de tanta demagogia, inseguridad e impunidad. Confiamos en que la respuesta a nuestros planteamientos venga por la misma vía.
Somos la decimosegunda economía más rica del mundo, pero la riqueza en nuestra patria está concentrada en unos pocos ricos. Por ello no podemos aceptar que la respuesta sea que no hay recursos suficientes para hacer justicia social.
Se impone una distribución más justa y equitativa de la riqueza que todos generamos. No queremos volver a ser engañados.
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