El martes 18 de enero, los maestros afiliados a Antorcha Magisterial y los estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), en el estado de Puebla, marcharon pacíficamente en la capital. La movilización se realizó con el fin de denunciar ante la opinión pública, la nula voluntad de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para resolver sus demandas y para llamar a las autoridades a establecer una mesa de diálogo.
Los docentes, los alumnos y una buena cantidad de padres de familia que los acompañaron, no demandaban lujos ni cosas superfluas, pues en su pliego de peticiones se demandaban los elementos básicos, para contar con las condiciones mínimas necesarias para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Solicitaron la construcción de aulas, laboratorios y de bibliotecas; remodelación de baños (que en su mayoría ya no funcionan); claves de escuelas, dotación de insumos para prevenir contagios de Covid-19 en las escuelas; pagos de salarios, contratación de maestros, etc. Sin embargo, a pesar de la justeza de sus demandas, antes de llegar a las instalaciones de la SEP un grupo de granaderos los estaba esperando, en representación de las autoridades educativas, con el claro propósito de intimidarlos, amedrentarlos, y para no permitirles dar un paso más hacia las instalaciones de la SEP.
Esta clara violación a los derechos fundamentales de los manifestantes tiene su origen, en parte, en las políticas impuestas por el presidente de la república. Recordemos que López Obrador, en múltiples ocasiones, afirmó que su gobierno no entablaría diálogos con organizaciones o “intermediarios”, como a él le gusta decirles a todas las agrupaciones que se proponen defender los intereses de sus agremiados. Pero se ha cebado especialmente en el Movimiento Antorchista Nacional, al que calumnia y difama sin dar ninguna prueba que sustente sus afirmaciones. Además de que ha utilizado el poder, que le dieron de buena fe los mexicanos, para tratar, por medio de sus secuaces, encarcelar a los líderes antorchistas.
Después de la marcha de Antorcha Magisterial, las autoridades de la SEP en Puebla emitieron el boletín No. 013/2022, que lleva como título “Garantiza SEP derecho a la educación con base en normativa vigente”, con el claro propósito de deslegitimar con calumnias la lucha de profesores y alumnos. El escrito únicamente menciona, entre líneas, una demanda: la contratación de profesores y personal administrativo, y argumenta que se destina de manera permanente el personal necesario para que las escuelas funcionen adecuadamente y ha propuesto soluciones concretas en diferentes mesas de diálogo, mismas que han sido rechazadas por Antorcha Magisterial por no convenir a sus intereses. Pero lo dicho en el boletín es falso, pues la dependencia no ha propuesto soluciones concretas en varias mesas de diálogo, no ha habido mesas de diálogo y menos soluciones, por este motivo se tuvo que realizar la manifestación.
También se menciona en el documento que la organización tiene “injerencia” en diferentes niveles educativos y que gracias a esto se designa a supervisores y directores bajo los acuerdos y necesidades de su organización, sin respetar la norma federal de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) adscrito a la SEP, ni contar con el aval de la Secretaría. Todos los supervisores, directores, profesores, administrativos y demás personal que labora en las escuelas, en donde se menciona que se tiene “injerencia”, han obtenido sus puestos cumpliendo con la norma mencionada y decidieron sumarse por pleno convencimiento al proyecto educativo de Antorcha Magisterial, que tiene como propósito mejorar el nivel educativo, sin violentar para nada los lineamientos de la SEP y sí proponiendo vías específicas para hacerlos realidad. La SEP es la encargada para establecer los lineamientos y requisitos para ocupar algún cargo en el sistema educativo público, por lo que es falso que se designe a supervisores y directores a voluntad.
La negación y la descalificación de las autoridades estatales, en estos días, para resolver los problemas de las escuelas y en general los problemas que padece la educación en el estado y en todo el país, obedece a que a la 4T no le interesa la educación con calidad para el pueblo, no es para ellos algo fundamental y urgente para el desarrollo de nuestro país. Nuestro rezago educativo es muy grande y evidente, las autoridades educativas no se dan cuenta, o hacen como si no se percataran, y prefieren contemplar como el tiempo transcurre, en lugar de combatir de manera enérgica la terrible realidad que vivimos.
Todos estamos obligados a contribuir al desarrollo nacional que parte, en primer lugar, de la educación de profesionistas altamente calificados y con responsabilidad social, que colabore en el desarrollo de la Nación en su conjunto y en segundo lugar en la organización del pueblo.
La lucha que han emprendido los maestros, y que se ha venido dando desde hace varios años en administraciones pasadas, la debemos respaldar todos y sumarnos, pues nos están dando una gran lección, una que se ha venido olvidando, la de organizarnos y luchar por nuestros derechos; a no someternos ante las autoridades arbitrarias y mucho menos a conformarnos por la “ayuda directa” que nos dan, pero que no nos saca de la pobreza porque no nos da educación, no nos da salud, ni vivienda. Debemos luchar junto con los maestros, los estudiantes y los padres de familia. No hay más.
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