Los primeros gobiernos municipales de Morena en Sonora, electos en 2018, no cumplieron con las expectativas que despertaron en el pueblo, y los datos que a continuación se verá demuestran que esta no es una calumnia ni cosa parecida, sino una realidad que no se puede dejar de lado y que a los propios morenistas hace bien reflexionar. En estos días que se realizó el cambio de administraciones es bueno recordar algunos datos electorales y hacer algunas reflexiones que deben ayudar a los más humildes -apoyen o no al proyecto de la 4T- a ubicar el papel de estos asuntos en su lucha por un modelo económico que no privilegie a los de por sí ya privilegiados.
La desilusión con ese partido fue la suficiente como para que en Hermosillo ya no volviera a ganar: sólo le alcanzó a Morena para un trienio en la capital sonorense; y en más municipios también la gente le dio la espalda: de 18 municipios que ganó en 2018, perdió en 9 en 2021, ¡la mitad!; ganó otros, eso sí, hasta completar hoy día 22, pero es necesario resaltar que mucha gente que ya experimentó la realidad de Morena no la volvió a escoger, se sintió defraudada por los hechos concretos de la 4T en su respectivo municipio, sentimiento quizá amortiguado por las altas expectativas que ha despertado Durazo. Así, pues, aunque haya habido voto dividido en esos municipios, lo real es que Morena dejó de ser opción local allí. No hubo prácticamente un solo municipio en el que el gobierno morenista saliente no fuera duramente cuestionado hasta por sus propios compañeros, y en formas tan indignantes que para no abrumar al lector me permito remitirlo al portal www.
Algunos ejemplos de ese mal gobierno y del desaseo político y administrativo los proporciona la propia prensa sonorense, como cuando el diario Expreso dio cuenta en noviembre de 2020 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) metió en enero de ese año una demanda de inconstitucionalidad contra las decisiones de 52 ayuntamientos sonorenses -entre ellos 15 de Morena- por querer cobrar a fortiori lo que no pueden por ley, ¡y la ganó! Se trata de la demanda de acción de inconstitucionalidad 95/2020, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de enero de 2020, en contra de un número asombrosamente alto de artículos de 52 leyes de Ingresos y de presupuestos de ingresos municipales -de esos donde los ayuntamientos juraron solemnemente respetar la Constitución, pero lo primero que hicieron fue violarla y hacerse de dineros ilegales a costa del ciudadano-. Leyes de ingresos que de forma cómplice les aprobó el congreso sonorense, de mayoría morenista. Este fue sin duda uno de los factores que mostraron la realidad de la 4T y que le merecieron el repudio electoral local. Tres años mostraron que no había diferencia entre los malos manejos de unos y otros, no había ni hubo transformación alguna. Los de la CNDH acusaron a nuestras autoridades municipales y a los legisladores sonorenses ante los jueces supremos porque andaban poniendo impuestos y cobros injustificados y excesivos por el ejercicio del derecho de acceso a la información pública (es un derecho constitucional: violación), porque exigieron que ellas (las autoridades municipales) autorizaran el ejercicio de la libertad de expresión y le pusieron sanciones y multas indebidas (violación), a su antojo pusieron impuestos adicionales contrarios al principio de proporcionalidad tributaria (otra violación), impusieron cobros de derechos para obtener permisos para eventos familiares y sociales (y otra), y establecieron sanciones con motivos discriminatorios (otra más). Un desplumadero, pero autorizado “legalmente”, pues.
Las denuncias por las ineficiencias de los gobiernos morenistas se sucedieron constantemente en la prensa de una manera escandalosa, basta con revisar con un poco de interés y criterio para encontrar ejemplos estrujantes en Empalme, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Bácum, Etchojoa, San Luis Río Colorado, lugares donde sin excepción la ciudadanía quedó decepcionada por los malos servicios municipales, la casi total falta de inversión productiva, el desempleo, el abandono y la falta de obra pública para aliviar las carencias de infraestructura de los pobladores, sobre todo los más humildes. También sucedió con los gobiernos de otros partidos, por supuesto, y en su momento y en concreto, allí donde hemos podido lo hemos señalado, pero el objetivo de este análisis es señalar que los que se presentaron como la esperanza sólo generaron más desesperanza. Estas experiencias no abonan a favor de la nueva administración estatal, misma que tendrá que remar contra corriente por la mala fama que regaron sus cofrades.
Junto a estos datos, los antorchistas podemos dar nuestro testimonio de que los grupos de nuestros compañeros que presentaron peticiones a varios de esos gobiernos en tiempo y forma y debidamente justificadas, recibieron por lo general una respuesta negativa, les dieron largas interminables, les incumplieron los pocos compromisos adquiridos y en varios casos más de 10 veces les pospusieron un simple diálogo.
Nuestra preocupación como organización popular es que las nuevas administraciones inician prácticamente con la misma visión política que nos condujo a los resultados atrás comentados, visión que hemos señalado como insuficiente para resolver los grandes problemas tanto de la nación como de Sonora. Se trata del punto de vista político defendido por la 4T que pondera a la corrupción como la causa de todos nuestros males y no a la injusta distribución de la riqueza. Esa forma errada de entender el origen de nuestros problemas nacionales y estatales nos conduce a atascarnos en la misma dinámica de gobierno de siempre y no a actuar de una forma revolucionaria, es decir, nos conduce a no a tomar medidas que garanticen una mejor distribución de la riqueza social, empezando por el desarrollo y consolidación de una reforma fiscal progresiva. Las consecuencias inevitables de no afectar la actual distribución de la riqueza son acrecentar la pobreza -con toda su cauda de desgracias, como el crimen y la inseguridad- y, por otro lado, acrecentar el uso de la fuerza y la posibilidad de la violencia gubernamental. Reforma fiscal progresiva quiere decir, con los instrumentos que las leyes nos otorgan, imponer la obligación de pagar más impuestos a quienes más tienen, sin necesidad de implantar medidas de terror como aquéllas absurdas del huachicol, que paralizaron al país. Nosotros afirmamos sin duda de ningún género -apoyándonos incluso en los más recientes análisis del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OXFAM-, que una reforma de esa naturaleza no tiene que ser ni violenta ni de shock, y sí en cambio es profundamente justa y urgente. Es, además, fundamentada en nuestra legalidad. De suyo se desprende que aquellos gobiernos que busquen esta medida tendrán que ser de una calidad diferente a los actuales, deberán estar iluminados por pensamientos revolucionarios y justicieros; en cambio, aquellos gobiernos que no se animan a realizar un cambio profundo como éste, es porque no desean afectar las riquezas de sus amos ni con el pétalo de una rosa y al pueblo solo le recetan lo mismo de siempre, a veces hasta más despiadadamente. Además de esta medida inicial, Antorcha Revolucionaria propone otras tres medidas. Lo invito a conocerlas en www.movimientoantorchista.
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