La necesidad de un salario suficiente, que constituya un ingreso digno para la familia, se incrementa cada día en el mundo y nuestro país no es la excepción. La precariedad laboral en México afecta al 70 por ciento de la población ocupada, según datos del Inegi. Este alto porcentaje no gana lo suficiente para superar la pobreza, pues ganan un salario que no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica para dos personas, es decir, para mantener a quien trabaja y a una persona más.
Considerando solo los datos del IMSS, que registra a 21 millones de personas en trabajos formales, al menos 4.5 millones, que representan el 21 por ciento de los 21 millones, ganan menos de dos canastas básicas.
En México hay 32 millones de jóvenes, 77 por ciento por ciento de estos, que tienen un trabajo formal no cuentan con un ingreso suficiente para adquirir las dos canastas básicas de las que se señalan como indispensables para sostener una familia; 61 por ciento de los jóvenes no cuenta con afiliación a la seguridad social, lo que significa que no cuenta con ninguna protección social ni acceso a servicios de salud.
El 25 por ciento de los jóvenes con empleo tiene una jornada laboral excesiva mayor a las 48 horas de trabajo a la semana. Un 43 por ciento de los jóvenes trabajan sin prestaciones laborales y el 63 por ciento no cuentan con un contrato estable que les permita defender sus derechos laborales. También tenemos que el 93 por ciento de los jóvenes con empleo no pertenecen a ningún sindicato para defender sus derechos laborales y menos participan en la negociación de su contrato colectivo de trabajo.
Son 3.6 millones de personas jóvenes en nuestro país que se encuentran desempleadas, esto quiere decir que, 19 de cada 100 jóvenes buscan empleo y no lo encuentran. El desempleo de la juventud es mayor que el de las personas adultas.
Las mujeres enfrentan más obstáculos que los hombres para trabajar, millones de ellas están excluidas como consecuencia de errores de género impuestos, que les asignan trabajos de cuidados de la familia y del hogar. En nuestro país hay más de 21 millones de mujeres en edad productiva que no tienen ingreso propio, aunque la mayoría de ellas trabajan en su hogar y cuidando a su familia. El Inegi estima que el valor económico de esas horas de trabajo no remunerado que las amas de casa destinan a las labores domésticas y de cuidado es de 6.4 billones de pesos, equivalente al 27 por ciento del PIB del país.
El dato indica que invertir en un sistema de cuidados que mejore la atención que reciben niños y niñas, debería ser una política pública del gobierno porque permite el acceso al trabajo y la inclusión económica para millones de mujeres que hoy están excluidas.
Situación que contrasta con la política del actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lejos de fortalecer algunos programas, como estancias infantiles lo desaparece de tajo, quedando claro con esto la falta de un análisis serio del problema laboral de las mujeres en nuestro país, así como la falta de empatía del gobierno con este sector tan importante para la sociedad.
La mayoría de las mujeres que sí trabajan, lo hacen en condiciones de precariedad: siete de cada 10 no tienen ingresos suficientes; seis de cada 10 no tienen seguridad social y la mitad de ellas están empleadas sin contrato laboral. Las mujeres que tienen trabajo remunerado en la economía mantienen la obligación de una doble jornada, pues dedican 39 horas más a trabajos domésticos y servicios de cuidado.
En México se trabaja mucho, se gana poco y se carece de protección social. Estos dos componentes centrales de la pobreza, el ingreso insuficiente y la carencia de seguridad social, son de alto impacto en nuestro país, según el Coneval el ingreso inferior al costo de la canasta básica afecta al 53 por ciento de la población, es decir, casi 67 millones de mexicanos y, la carencia por acceso a la seguridad social afecta al 52 por ciento de la población que equivale 66 millones de personas.
El trabajo digno con remuneración suficiente y plenos derechos laborales es un derecho humano. Pero en México, con una población productiva potencial de 75 millones de personas, solo 9 millones de estas tienen condiciones mínimas decentes de trabajo, es decir, tienen un ingreso laboral superior al costo de dos canastas básicas y están afiliados a la seguridad social. En contraste, hay casi 25 millones de mexicanos en edad y condiciones para trabajar que están excluidos- y más de 35 millones tienen trabajo, pero en condiciones precarias sin ingreso suficiente y sin seguridad social.
Es agobiante la situación en la que viven la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos y pareciera que no tiene solución, pero, sí existe; es la organización y educación política de la clase trabajadora para que a través de un instrumento legal propio del que carece hasta hoy, tome en sus manos el destino de nuestra patria y, haga realidad el urgente cambio de modelo económico, que contemple una política fiscal progresiva; creación de los empleos que todos los mexicanos en edad trabajar requieran; implementación de un salario remunerador, que permita cubrir las necesidades elementales de las familias trabajadoras y; una redistribución del gasto social que se invierta en educación, salud, ciencia y tecnología; producción agropecuaria, deporte, cultura, infraestructura de servicios públicos básicos en colonias y comunidades de todo el país. La tarea está en proceso, debemos apresurar el paso.
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