Como una prueba irrefutable de que las cosas no van bien en México y en Morelos, es el reciente estudio publicado por el Coneval titulado Medición de la Pobreza 2020, donde se menciona que entre 2018 y 2020 la pobreza en el país aumentó de 41.9% a 43.9%, lo cual significa un incremento de 51.9 a 55.7 millones de mexicanos en situación de pobreza, es decir un aumento de 3.8 millones de personas que se suman al mar de pobres ya existente; además, la pobreza creció en 21 estados, esto es en dos de cada tres estados del país. Para el caso de Morelos la situación es la siguiente: las cifras de pobreza pasaron de 48.5% a 50.9% de la población, en términos absolutos había casi 953 mil pobres en 2018 pero el año pasado ya eran alrededor de 1 millón 7 mil, lo que resulta en un incremento de casi 54 mil personas de las más pobres.
La situación se agrava con los más pobres entre los pobres, es decir las personas que se encuentran en pobreza extrema, aquellos que tienen más de 3 de 6 carencias de bienestar mínimo, entre ellas la alimentación y la salud. Pues bien, de acuerdo con el informe citado en estos dos años las personas con esa condición aumentaron de 8.7 a 10.8 millones, esto es un 24.1% de incremento y en cantidad fueron 2.1 millones de personas más, al pasar del 7 a 8.5% del conjunto de la población.
Para Morelos, los datos son más alarmantes todavía, pues de una población de 121 mil en pobreza extrema en 2018 pasó a casi 167 mil en 2020, con un incremento del 37.8%; es decir, se sumaron unos 48 mil morelenses bajo esta condición de pobreza, casi 14 puntos porcentuales por arriba del incremento nacional.
Y es de observar que estos datos duros presentados por el Coneval consideran tan sólo dos años del Gobierno morenista federal y de su aliado pesista en el estado, pero reflejan claramente lo que no se quiere ver o se esconde para engañar a incautos: la pobreza ha sentado sus reales, a pesar de lo que se diga en las mañaneras. Así las cosas, las cifras revelan, sin lugar a dudas, que las políticas públicas orientadas a los programas del bienestar no están diseñadas para combatir la pobreza sino ante todo están pensadas para contar con un mercado cautivo electoral, ese es el fondo del asunto.
Sin embargo, una prueba de que Morena y aliados no la tienen todas consigo por sus malos resultados, se vio claramente en las pasadas elecciones que, aunque Morena y satélites tuvieron algunas victorias no fue carro completo y, por el voto de castigo, disminuyeron significativamente sus números, a casi la mitad, comparados con la elección de 2018; tan duro fue el golpe para el gobierno estatal de corte pesista que el mismo PES, en sus dos presentaciones, perdió el registro por partida doble, resultado de su mal gobierno en Morelos.
En fin, es claro que los gobiernos de Morena y el PES sólo buscan beneficiarse del poder pero no están comprometidos con las grandes causas del pueblo mexicano, más ahora que no sólo tenemos la plaga de la crisis económica sino a ella hay que sumar la pandemia y la violencia galopante, las cuales han sumado ya más de 600 mil muertos entre ambos sucesos trágicos. Para complicar las cosas por la mala gestión de la pandemia, ahora tenemos la tercera ola de covid y no se ve un cambio de timón en la política de salud, solo vemos más de lo mismo sin que se planteen acelerar la vacunación ni tomar medidas de contención del virus, o sea el resultado previsible será que habrá más muertes, evitables si el gobierno federal y estatal tomaran en cuenta la opinión de los expertos en epidemiología y las experiencias exitosas de otros países.
Con estos datos significativos y preocupantes del incremento de la pobreza a nivel nacional y en Morelos en particular a nadie le debería de extrañar la lucha persistente del Movimiento Antorchista por mejorar el nivel de vida de sus agremiados, con más razón los desamparados, lastimados por la crisis económica, la pandemia imparable y la violencia recrudecida, así todos deberíamos unirnos en un solo torrente de masas, en un frente único y exigir a los funcionarios que cumplan con su deber de gobernar para todos y no sólo para su grupo o simpatizantes cautivos, como ha venido siendo hasta ahora.
Por último, en este contexto, la falta de solución a las demandas más sentidas de grandes núcleos de población marginada es un botón de nuestra de la violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno federal y estatal, pues a varios meses de emprender una lucha por conseguir obras y servicios para la población más marginada del campo y la ciudad, tanto el gobierno de Cuauhtémoc Blanco así como la Delegación del Bienestar que representa Raúl Anaya, han negado la solución de nuestro pliego petitorio, incluyendo la dotación de fertilizante para más de 2,500 productores del campo, la inclusión de nuestros compañeros en diferentes programas que se supone son de carácter universal y por ley a nadie se debería discriminar. Entonces, ¿en qué piensan nuestros gobernantes si no es en la población más vulnerable? ¿No que primero los pobres?
Todo parece indicar que la represión administrativa será el sello distintivo de estos gobiernos aliados, ajenos al sufrimiento del pueblo; además, el actuar de funcionarios prepotentes e indiferentes a las demandas de los más necesitados abonará para que la inconformidad social vaya en aumento, como recientemente sucedió con los adultos de 65 y más en su registro de pensión, a quienes los tuvieron dando vueltas sin la menor atención como lo registraron los medios, aparte de hacerlos permanecer horas y horas bajo el sol inclemente sin necesidad alguna. En consecuencia, la lucha de los pobres sigue porque los ideales del General Zapata aún siguen vivos, pues la pobreza va en aumento como queda registrado y los gobiernos en turno se hacen de la vista gorda. Conste.
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