Estamos a unos días de la toma de posesión de la Dra. Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, un hecho que los medios y políticos afines a la 4T destacan como histórico por varias razones. No obstante, un aspecto que se menciona poco es su perfil como científica, con una carrera enfocada en la protección del medio ambiente, causa que ha defendido durante gran parte de su vida académica. Sin embargo, la realidad en México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido una evidente contradicción con el currículo de la próxima presidenta. Las promesas iniciales de desarrollo sustentable y defensa de los recursos naturales han quedado eclipsadas por un panorama en el que los grandes proyectos de infraestructura y el ego político parecen tener mayor prioridad, situación que probablemente no cambiará en los próximos seis años.
La ineficiencia de las autoridades para mitigar estos desastres y la ausencia de medidas preventivas revelan que el medio ambiente ha quedado al margen de las prioridades gubernamentales.
Uno de los ejemplos más claros de esta desconexión entre el discurso oficial y la acción real es la construcción del Tren Maya. Aunque se presenta como un proyecto turístico y de desarrollo regional, su impacto devastador en la selva y los ecosistemas del sureste mexicano es innegable. La destrucción masiva de árboles y la alteración de los hábitats naturales están causando daños irreversibles a la flora y fauna, afectando no solo el equilibrio ecológico de la región, sino también la vida de las comunidades indígenas que dependen de estos recursos para subsistir. Mientras tanto, los intereses de los grandes consorcios prevalecen: “El problema es la propia ruta del tren. Originalmente, se planteó que circulara a lo largo de la autopista que conecta las principales ciudades de la región, pero tras una avalancha de quejas de los propietarios de grandes hoteles en la Riviera Maya, el gobierno cambió el tramo entre Cancún y Tulum varios kilómetros hacia el interior de la selva, sobre el sistema de cavernas más importante del país. Para ello, las obras derribaron millones de árboles que forman parte del bosque tropical más grande de América después de la Amazonía” (El Financiero, 31 de mayo de 2024).
El Tren Maya no es el único símbolo de esta falta de compromiso ambiental. La continua dependencia del país de los combustibles fósiles y la resistencia del presidente a buscar alternativas se reflejan en la construcción de la refinería de Dos Bocas. A pesar de los llamados internacionales y las advertencias de científicos y ambientalistas, el gobierno ha apostado por este modelo, con resultados pobres o nulos, bien conocidos por la próxima mandataria: “La nueva administración de Claudia Sheinbaum sabe que Dos Bocas no estará lista este año, pero lo que no sabe es que ya tiene su primer desastre ambiental en puerta con los desechos de las pruebas iniciales. En Tabasco, ya tienen de sobra de este material, subproductos que sacaron y botaron en el puerto” (El Sol de México, 21 de agosto de 2024. Luis Carriles).
Esta desconexión entre discurso y acción no se limita a los grandes proyectos, sino que también se refleja en la inacción frente a problemas locales. Incendios forestales han arrasado vastas extensiones de bosques, ríos han sido contaminados debido a la falta de regulación industrial, y la crisis del agua en estados como Nuevo León y la Ciudad de México —que fue gobernada por la Dra. Sheinbaum— son ejemplos de una política ambiental casi inexistente. La ineficiencia de las autoridades para mitigar estos desastres y la ausencia de medidas preventivas revelan que el medio ambiente ha quedado al margen de las prioridades gubernamentales. Esto contradice el discurso y la agenda ambiental propuesta en 2018, que priorizaba la adopción de tecnologías bajas en carbono, la restauración de cuencas hidrográficas y otros ecosistemas, entre otros objetivos.
La política real de López Obrador y la 4T ha sido anteponer los intereses de grandes capitales nacionales y extranjeros por encima del bienestar de los mexicanos. Podemos esperar resultados similares con la nueva "presidenta verde", quien, irónicamente, es accionista de una de estas empresas: “Eli Cami y Compañía S.A. produce más de 25 mil toneladas anuales de dióxido de carbono y desecha 438 mil litros de aguas contaminadas al año como parte de su actividad industrial, a pesar de que la exjefa de gobierno se presenta como defensora del medio ambiente. Esta empresa contaminante, que fabrica lubricantes y componentes de computadoras, recibió un contrato del Banco de México cuando Sheinbaum era gobernante de la capital” (Etcetera, 3 de abril de 2024).
Este y el próximo sexenio quedarán marcados no solo por las promesas incumplidas, sino también por las oportunidades desperdiciadas para construir un México más sostenible. La pregunta no es si pagaremos el precio de esta indiferencia ambiental, sino cuándo y cómo nos afectará a todos. El medio ambiente sigue siendo sacrificado en favor de los intereses económicos de una pequeña parte de la población. Un 1% de los más ricos del mundo contamina el doble que la mitad más pobre, llevándonos cada día más cerca de una crisis climática irreversible. El único camino para frenar esta tendencia debe ser un gobierno mexicano fuerte, respaldado por el pueblo, que sea capaz de detener a esta minoría que sigue ganando a costa de la destrucción de nuestro mundo.
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