Los mexicanos debemos ocuparnos por entender en qué consiste la reforma al poder judicial que está promoviendo el Gobierno de López Obrador y su partido Morena; pensar si nos beneficiará o nos perjudicará o si las cosas seguirán igual que antes de ser aprobada y puesta en marcha por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
No hacerlo significaría un error, pues seguiremos siendo víctimas del engaño y la manipulación por parte de las clases opresoras del país.
Son muchas las opiniones que se están vertiendo a través de los medios de comunicación: la versión del Gobierno, la de los analistas “independientes”, la de los países que forman parte del TMEC y la de aquellos que se oponen de manera abierta.
A pesar de las deficiencias en la impartición de justicia, la reforma judicial que propone el presidente López Obrador no tiene como objetivo corregir los problemas.
No soy experto en temas judiciales, sin embargo, me atrevo a opinar sobre el tema con base en lo que he leído al respecto y en lo que la vida me ha enseñado a lo largo de los años.
He escuchado opiniones que sostienen que no hay duda de que en México urge una reforma judicial, porque en los días que corren hay graves problemas en cuanto a la impartición de justicia, es decir, el sistema judicial está gravemente enfermo, a pesar de que en el artículo 17 de la constitución de la república se establece que toda persona tiene derecho a una justicia pronta y expedita, gratuita, completa e imparcial.
Un primer problema es la impunidad que existe en el país, pues el número de delitos que no se investigan y en los que no se castiga a sus responsables es muy alto: según el índice global de impunidad (IGI), México ocupa el segundo lugar mundial en impunidad, y la organización Impunidad Cero señaló que en México de cada 100 delitos que se cometen sólo 6.4 se denuncian y de los 100 delitos que se denuncian sólo 14 se resuelven.
Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es de tan sólo 0.9 %, menos del uno por ciento, y precisamente a esto se debe la baja confianza que los ciudadanos tienen en los encargados de investigar e impartir justicia.
Un segundo problema es la lentitud con la que se resuelven las denuncias penales o de cualquier tipo, ya que pasan años para que la autoridad los resuelva: por ejemplo, un servidor interpuso una denuncia penal ante la fiscalía general del estado en contra de un notario público del estado de Veracruz que permitió que un individuo usurpara mi personalidad mediante un poder notarial, documento con el cual llevó a cabo la venta fraudulenta de un predio de mi propiedad ubicado en la colonia Arroyo Blanco, municipio de Xalapa.
Han transcurrido tres años y la fiscalía del estado aún no ha completado la carpeta de investigación y mucho menos se ha castigado al notario y al usurpador contra quien también interpuse la respectiva denuncia.
Es decir, la denuncia se encuentra en fase de investigación, de aquí a que sea turnada a un juzgado para que se resuelva quién sabe cuántos años más tendrán que transcurrir. Así como este, hay infinidad de denuncias interpuestas que tampoco se han resuelto.
Un tercer problema es la corrupción en los juzgados, en los ministerios públicos y hasta en las policías, que conforme a datos proporcionados por el Censo Nacional de Impartición de Justicia del Inegi en 2022, el 67.3 % de los encuestados considera que hay una percepción de corrupción hacia las personas juzgadoras, y un 74.9 % hacia los policías de tránsito.
Un cuarto problema tiene que ver con la falta de profesionalización de los operadores de la justicia, por lo que hoy nos encontramos inmersos en el abuso por parte de las autoridades judiciales en lo que se refiere a las figuras de arraigo y la prisión preventiva oficiosa, lo que las convierte en un obstáculo para la impartición de justicia y, además, son utilizadas por los Gobiernos para reprimir a sus contrincantes políticos.
A pesar de estas deficiencias en la impartición de justicia, la reforma judicial que propone el presidente López Obrador no tiene como objetivo corregir tales problemas. Se trata de una reforma que tiene como propósito remover a los actuales ministros, magistrados y jueces federales para colocar en su lugar a funcionarios más afines a los intereses de Morena: son varios los requisitos que se establecen para poder participar como candidato a ocupar alguno de estos tres cargos, pero el principal de ellos es que sea un integrante de dicho partido y que sea propuesto por alguno de los tres poderes de la unión.
Se está ofreciendo a los mexicanos que, a través de la elección libre, directa y secreta de los ciudadanos, se nombrarán a los magistrados, ministros y jueces del poder judicial de la federación y que, con ello, se acabará la corrupción en este poder, habrá mayor democracia y los nuevos juzgadores obedecerán a la voluntad popular.
Se propone que el número de ministros que integrarán la corte pase de once a nueve y se elegirán a mil 635 jueces y magistrados a través de comicios organizados por el INE. Dicha reforma sólo aplicará para el poder judicial federal, los poderes judiciales estatales quedarán igual, que es donde se desahoga la mayor parte de los asuntos de la gente.
Organizar las elecciones de tantos funcionarios será complejo y se prestará a que el Gobierno y el partido en el poder y hasta los narcos copten al poder judicial.
Con esta reforma, en realidad, la llamada cuarta transformación está preparando el terreno para eternizarse en el poder, tal como lo hizo el PRI en sus tiempos. De esta manera Morena controlará al poder ejecutivo, el poder legislativo y también al judicial, con lo cual se acabará con los equilibrios en el poder y México se encaminará hacia el Gobierno de una sola persona.
En conclusión, los mexicanos no saldremos ganando nada con esta reforma judicial, toda vez que las propuestas de candidatos a ministros, jueces y magistrados no saldrán del pueblo, de las clases trabajadoras, simplemente los poderes de la unión, los poderes fácticos, nos presentarán como estampitas a sus candidatos para que escojamos alguno de los que ellos hayan determinado con antelación.
Por el contrario, al concentrarse el poder en una sola persona, el Gobierno de México se asemejará más a una dictadura, y la historia ha demostrado que esta forma de Gobierno es nociva para toda la sociedad. En las dictaduras se agudiza la represión, se desaparecen derechos de la gente y la explotación de los trabajadores se recrudece. Por tanto, los mexicanos saldremos perdiendo.
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