El infortunio de los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón El Pinabete, en el estado de Coahuila, es consecuencia de que las condiciones de trabajo en las minas no han cambiado durante siglos. Los trabajadores están conscientes de los graves riesgos, pero la necesidad de sobrevivir los lleva a aceptar condiciones infrahumanas de trabajo, como las descritas en la obra Germinal, del autor francés Emilio Zola.
El gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es el encargado de vigilar las condiciones de seguridad de los centros de trabajo, pero el número de accidentes en las minas revela que el gobierno no hace nada para proteger a los trabajadores. Recordemos que en 2006 en Pasta de Conchos murieron 65 mineros.
Hasta el momento, el gobierno no ha hecho lo suficiente para rescatar a los 10 mineros de Coahuila, primero se dijo que podrían estar vivos en caso de que se hubieran resguardado en una burbuja de aire y cuando había bajado el nivel del agua no entraron los buzos al rescate; perdieron un tiempo precioso y luego por las lluvias y derrumbes al interior de los pozos de carbón subieron los niveles de agua y se hicieron más difícil las labores de rescate.
Fue hasta ese momento y por la presión de los familiares de los mineros que el gobierno solicitó el apoyo técnico de especialistas de Alemania y Estados Unidos, cuando ya existen pocas esperanzas de encontrar con vida a los mineros.
Por otra parte, el gobierno ha concentrado a las fuerzas armadas en el pozo para evitar la vigilancia e intervención de los familiares de los mineros, quienes sólo reciben información a través de los medios de comunicación.
Algunos de estos han denunciado que la presencia de los militares tiene también el propósito de justificar las grandes cantidades de dinero que se gasta el Gobierno federal en las fuerzas armadas.
Otro elemento que evidencia la responsabilidad del Gobierno en esta tragedia consiste en que no se dio a conocer de forma inmediata el nombre de los responsables de la explotación de estos pozos. Ahora la Procuraduría General anunció que presentará cargos por “explotación ilícita del subsuelo” contra un tal Cristian Solís, a quien la organización de los familiares de Pasta de Conchos investigó y descubrieron que la esposa del supuesto responsable hace rifas por Facebook y que su madre trabaja en una maquiladora, por lo que consideran que es una persona que vendió su nombre para ocultar a los verdaderos responsables de la tragedia.
No obstante estas irregularidades, la CFE sigue estableciendo contratos por millones de dólares con los dueños de las minas de carbón para generar electricidad.
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